Montoro será el interlocutor para negociar con Ribó el desarrollo de la Marina

Uno de los pantalanes de la Marina de Valencia, en una imagen reciente. :: j. j. monzó/
Uno de los pantalanes de la Marina de Valencia, en una imagen reciente. :: j. j. monzó

El Gobierno nombra al secretario de Estado de Hacienda vicepresidente del Consorcio, lo que desbloquea obras y concursos millonarios

PACO MORENO

valencia. El alcalde de Valencia, Joan Ribó, ya tiene a quien llamar para negociar el plan de desarrollo de la Marina y, sobre todo, qué hacer con la deuda de 440 millones de euros que arrastra el Consorcio Valencia 2007. El Consejo de Ministros aprobó ayer los nombramientos de los nuevos representantes de la Administración General del Estado, donde la cabeza más visible será el secretario de Estado de Hacienda, José Enrique Fernández de Moya. Finalmente, el Ministerio dirigido por Cristóbal Montoro será el interlocutor principal del Consistorio.

Ribó estaba a la espera de estos nombramientos para convocar el consejo rector, donde además de ratificar las nuevas caras en la entidad, la intención es sacar adelante concursos para nuevas concesiones, así como obras que debe acometer el propio Consorcio.

Sin ir más lejos, el próximo martes se presenta el plan estratégico y la nueva imagen corporativa de la entidad. Fuentes cercanas al gobierno municipal señalaron ayer que no se ha producido todavía dicha convocatoria. Debido a la paralización por la falta de renovación de consejeros del Gobierno, hay retraso en asuntos tan importantes como el futuro varadero industrial y la ampliación de los amarres, así como el concurso para la construcción de un hotel de 30 plantas, donde también se han previsto oficinas y tiendas.

El Gobierno tiene el 40% de los consejeros, la misma representación que la Generalitat, en una mesa que completa el Ayuntamiento con el 20% restante. La terna del Ejecutivo central se completa con Manuel Isidro Butler Halter, director general del Instituto de Turismo de España; Belén Navarro Heras, secretaria general de Financiación Autonómica y Local y Antonio Nieto Magro, subdirector general de Cooperación y Competitividad Turística.

Estos nombramientos, que siguen lo establecido en los estatutos del Consorcio, responden a la necesidad de sustituir a Antonio Beteta Barreda, ex secretario de Estado de Administraciones Públicas; Marta Blanco Quesada, anterior directora general del Instituto de Turismo de España; Pilar Platero Sanz, ex subsecretaria de Hacienda y Administraciones Públicas; e Isabel Alonso Piñar, ex subdirectora general de Cooperación y Competitividad Turística, que cesan como consejeros.

En un comunicado, el Gobierno recordó que la pasada legislatura las competencias en esta materia eran del Ministerio de Hacienda -a través de Administraciones Públicas-, que ahora ha asumido la vicepresidenta, Soraya Sáez de Santamaría.

Este ha sido el principal motivo del retraso, es decir, decidir si el Consorcio debía seguir en manos de Administraciones Públicas en lo que respecta al Gobierno o que Hacienda fuera más protagonista. Al final se ha impuesto la lógica porque el tema central de lo que resta de mandato será qué hacer con la deuda de 440 millones de euros.

El director general del Consorcio, Vicent Llorens, ha considerado siempre que este apartado es una «cuestión política», que se resolverá con un acuerdo entre instituciones, posiblemente con el reparto del pago de los préstamos. En la propuesta estratégica de la Marina 2017-2022 sí que aparecen como debilidades los impagos y los embargos por la primera circunstancia.

Ribó se ha referido en todo momento a la condonación de la deuda, repartida entre un principal avalada por el ICO y que paga el Tesoro por la imposibilidad de la entidad, y otros préstamos que no cuentan con esa cobertura y que provocan los citados embargos.