El calvario de los niños acogidos 'sin papeles'

El calvario de los niños acogidos 'sin papeles'

Las familias de acogida de menores extranjeros sin identificación exigen al Gobierno una solución: «su futuro es incierto y sufren cierta ansiedad»

DANIEL GUINDO VALENCIA.

Teresa, vecina de una localidad de la provincia de Valencia, conoció a María (nombre ficticio para preservar su intimidad) cuando la pequeña sólo tenía 18 meses. Después de dos acogimientos temporales, y cuando la niña estaba a punto de cumplir los tres años, ella y su entonces pareja se convirtieron en su familia de acogida permanente. Sin embargo, los problemas no tardaron en aparecer. La madre biológica de María es rumana y, aunque la pequeña nació en España, carece de identificación, ni DNI o NIE ni pasaporte, situación que le ha provocado un auténtico calvario durante los últimos diez años (ahora tiene trece). «Nos costó muchísimo incluirla en el seguro médico, no puede venir a Mallorca cuando vamos a ver a la familia porque no puede viajar en avión ni en barco, le denegaron un intercambio en el instituto, no hemos podido pedir las ayudas de familia numerosa, ni abrirle una cuenta de ahorro, y no puede federarse para practicar ningún deporte ni sacarse el abono transporte. Si nos para la policía no podemos demostrar que es quien es», lamenta Teresa, que ha llegado incluso a reunirse con el cónsul de Rumanía para tratar de desbloquear su situación. «Su futuro es incierto y sufren cierta ansiedad».

Sin embargo, el caso de María no es un hecho aislado, según advierten tanto la Plataforma para la Defensa del Acogimiento Familiar en la Comunitat como la Asociación de Familias de Acogida de España (Fades). Desde la entidad valenciana apuntan que, además de todo ello, también tienen problemas en los centros médicos o educativos. «A María la conselleria le hizo un SIP, pero cuando vamos a pedir cita para el médico nos dicen que sus datos aparecen en blanco, por lo que cada vez tenemos que dar todas las explicaciones. Para matricularla en el colegio la conselleria también nos tuvo que hacer un escrito», añade Teresa. Desde la Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas, por su parte, indican que los problemas en materia educativa o sanitaria «son casos muy puntuales» que se suelen solventar con el certificado de tutela, pero confirman que «la problemática existe».

Justa Carretero, presidenta de Fades, apunta que, a nivel nacional, se contabilizan más de un millar de casos similares, «cerca de dos mil», matiza; buena parte de ellos en la Comunitat, una de las autonomías españolas donde el acogimiento familiar está más implantado. Esta portavoz pone el acento en que la falta de documentación impide a estos pequeños solicitar prestaciones por discapacidad o dependencia. «Están en tierra de nadie», lamenta.

El principal problema surge con los menores de padres rumanos, puesto que su país de origen «se salta la convención de derechos del niño y ante las peticiones de las familias de acogida da la callada por respuesta. No puede denegar la nacionalidad, sería ilegal, pero si la acepta debe hacerse cargo de los niños. Así que no contesta», resume. Sin embargo, precisamente regularizar la situación de los niños rumanos sería muy sencilla, puesto que su país de origen pertenece a la Unión Europea desde 2007.

«Pedimos a las administraciones españolas, que son las que asumen la tutela de estos niños, que luchen por ellos, y que, mientras se resuelve su situación, los doten de documentación española», reclama esta portavoz.

Por su parte, Igualdad cree «imprescindible» que haya colaboración entre la Administración General del Estado y la Generalitat para «habilitar los cauces que permitan que todos los menores tutelados gocen de la misma protección con independencia de su procedencia y nacionalidad». En esta línea, recordaron que, según la nueva ley de protección de la infancia y la adolescencia, «cuando la entidad pública asuma la tutela de un menor extranjero que se encuentre en España, la Administración General del Estado le facilitará, si no la tuviere, a la mayor celeridad, la documentación acreditativa de su situación y la autorización de residencia, una vez que haya quedado acreditada la imposibilidad de retorno con su familia o al país de origen».

Sin embargo, el limbo en el que se encuentran, especialmente los menores rumanos, hace casi imposible cumplir con este precepto.