Ribó alega ahora tras la imputación de Galiana que es un tema administrativo

El alcalde Joan Ribó, ayer en el hemiciclo. :: p. sapena/
El alcalde Joan Ribó, ayer en el hemiciclo. :: p. sapena

El edil de Comercio ha sido imputado por prevaricación en el traspaso de puestos en el Mercado Central

REDACCIÓN/EFE

El alcalde Joan Ribó aseguró ayer que el Ayuntamiento «por supuesto» que defenderá al concejal de Comercio, Carlos Galiana, porque está investigado «por una cosa que no tiene nada que ver con ningún caso de corrupción» sino que es una cuestión administrativa. El tratamiento dado por el primer edil contrasta con lo que sostuvo Compromís en mandatos anteriores como el juicio al exconcejal Jorge Bellver por el llamado caso Monforte, donde se enfrentó a un juicio por presunta prevaricación en la construcción de un aparcamiento, donde quedó absuelto.

Ribó respondió así a preguntas sobre cómo actuará el Consistorio si el edil sigue investigado en la causa abierta contra él por un denuncia de prevaricación en unas supuestas irregularidades del traspaso de puestos del Mercado Central.

«Es una situación de investigado por una cosa que no tiene nada que ver con ningún caso de corrupción. Es una cuestión administrativa», dijo Ribó, quien lo comparó con una «querella catalana: poner una denuncia por lo penal cuando tienes un proceso administrativo con la voluntad de retrasarlo».

El alcalde destacó que el Ayuntamiento «defenderá, por supuesto, al concejal Galiana porque es un proceso en el que no tiene nada que ver la denuncia con el proceso que se está llevando con el denunciante, son dos cosas distintas y no tiene nada que ver con la corrupción».

«Tiene que ver con una licencia de un puesto municipal que desde hace muchos años estaba incumpliendo la normativa y lo que se ha de hacer es que no esté. Ese es el problema», concluyó.

La vicepresidenta y portavoz del Consell, Mónica Oltra, justificó la pasada semana la actuación del concejal de Comercio, tras ser preguntada sobre los motivos por los que no había actuado la concejalía, dado que los expedientes de traspaso se firmaron el pasado febrero. Y remarcó que «todo el mundo tiene que cumplir las normas: los particulares y los cargos públicos», en referencia a los expedientes policiales y administrativos que tiene abiertos el denunciante con el Consistorio, quien fue instado a desalojar su puesto hace unos días.

Sobre las primeras diligencias que impulsó la titular del juzgado que lleva la investigación, fuentes municipales explicaron que los expedientes pasaron por los servicios jurídicos del Consistorio. La querella se interpuso por aprobar Galiana el traspaso de dos puestos que tenían en origen concesiones de 75 años, cuando la ordenanza establece que son de 20 años.

Las mismas fuentes explicaron que, en principio, no se abrirá ninguna investigación sobre lo sucedido en el anterior mandato, donde antes del cambio de la ordenanza el Consistorio no tenía en principio un tope de años de concesión. Insistieron en que el Ayuntamiento «nunca concede traspasos si no se han abonado las tasas», un aspecto que el denunciante incluyó en la querella inicial por prevaricación al ampliarla. Según relata el comerciante del Mercado Central, tampoco se sacaron a subasta los puestos tal y como recoge la normativa.