El concejal Galiana, investigado por irregularidades en el Mercado Central

La investigación judicial sobre las supuestas irregularidades en las concesiones en el Mercado Central ya ha arrancado. Entre las primeras diligencias de la titular del juzgado, destaca el anuncio de que se recibirá declaración como investigado -nueva denominación de imputado- a Carlos Galiana, actual concejal de Comercio.

La comparecencia se pospone hasta que el órgano reciba toda la documentación que se ha solicitado, en su mayor parte expedientes del Ayuntamiento de Valencia. Suele ser una práctica habitual postergar el interrogatorio hasta disponer de todos los informes.

Fuentes de la concejalía explicaron el jueves que no tenían constancia de la querella ni de las resoluciones acordadas por la juez. Recordaron que la denuncia parte de un empresario afectado por el cierre de un bar en la fachada del recinto comercial, que acumula diversas actas administrativas por incumplimiento de ordenanzas así como denuncias de la Policía Local de Valencia desde el año 2008, indicaron las mismas fuentes.

La investigación inicial se centraba en traspasos de permisos de ocupación de, al menos, dos negocios hasta 2082 y 2084 cuando la actual ordenanza municipal de mercados impide periodos por más de 20 años. Fuentes municipales sostienen, en cambio, que las licencias recogidas en la denuncia se concedieron en los años 2007 y 2009, cuando gobernaba el Partido Popular.

Así, fueron concesiones por un plazo de explotación de 75 años al tomar como referencia las fechas de finalización (2082 y 2084) que se recogen en los dos expedientes de traspaso firmados en febrero por el actual responsable de Comercio, Carlos Galiana. Fuentes de su departamento citan la ordenanza para asegurar que «el traspaso de un puesto permitirá al adquirente explotarlo por el tiempo que reste del concedido al referido puesto en su adjudicación», es decir, los 66 y 68 años a los que hace referencia el denunciante. Es decir, remarcan que la concejalía ha cumplido lo recogido en el artículo 69 de la ordenanza.

No obstante, no son estas las únicas sospechas del querellante, representado por el letrado Alfredo García, sobre la actuación del equipo municipal. El abogado presentó recientemente una ampliación de la querella inicial que también ha sido admitida. El comerciante relata que el Ayuntamiento ha tramitado expedientes de traspasos de negocios que no habían pagado la tasa correspondiente.

Los denunciantes entienden que, cuando se produce esa situación, la ordenanza exige que los locales salgan a subasta. El escrito recoge que la resolución resulta «injusta e ilegal» porque el Consistorio deja de recibir el dinero por esa subasta pero, además, se favorece al antiguo concesionario porque supuestamente «se lucró económicamente» con el importe del traspaso cuando no le correspondía al haber caducado ya su licencia.

Los denunciantes aportan información de un supuesto, aunque no descartan que se hayan producido más situaciones similares. De igual modo, aclaran que también desconocen si «esta resolución injusta se produce por amiguísimos, favores personales que trascienden los límites legales o motivos económicos ocultos».

En un principio, la querella se dirigía contra Galiana y dos funcionarios del Consistorio. Sin embargo, el fiscal, tras estudiar el asunto, decidió que la imputación se acotara únicamente al responsable público, firmante de las resoluciones que podrían constituir un delito de prevaricación, según consta en el auto. Además, la instructora expulsa del procedimiento al denunciante al impedirle ejercer la acusación particular. Entiende que no son directamente perjudicados por esas resoluciones. No obstante, les invita a situarse como acusación popular si abonan una fianza de 1.000 euros.