El Síndic exige al Ayuntamiento de Valencia que impida los macrobotellones

El Síndic exige al Ayuntamiento de Valencia que impida los macrobotellones

Una resolución critica la colaboración municipal con cortes de tráfico y vallas y reclama el cierre de locales que incumplan la normativa

ISABEL DOMINGO

Se puede decir más alto pero no más claro. Es lo que se desprende de la última resolución que ha dirigido el Síndic de Greuges al Ayuntamiento de Valencia sobre el problema del botellón en la ciudad a raíz de una queja por las molestias generadas por una discoteca situada en la calle San Vicente y próxima a la plaza España.

En ella, la institución presidida por José Cholbi va más allá de la recomendación habitual de intensificar las medidas para eliminar los problemas causados por el local de ocio y la práctica del botellón en sus inmediaciones. Así, el escrito es una reprimenda al Consistorio por no aplicar los controles necesarios para esta práctica, más allá de las ordenanzas, de los controles medioambientales o el cumplimiento de los horarios de apertura. Para el Síndic, la administración local debe proceder al cierre de aquellos locales que sobrepasen los límites de emisión de ruidos contemplados en la ordenanza de contaminación acústica.

Además, insta a acabar con los macrobotellones ya que le emplaza a «no favorecer mediante cortes de tráfico y vallas dichas concentraciones» y a dispersar las concentraciones de jóvenes cuando sobrepasen los límites permitidos de ruidos. Para el Síndic, no se trata únicamente de ejercer «una presión policial», sino también «denunciar una y otra vez las infracciones administrativas, incomodar y disuadir sin descanso a los jóvenes en sus comportamientos incívicos».

Y recuerda en su escrito que los derechos de los jóvenes «a expresarse y reunirse» tienen su límite «en los derechos de los demás ciudadanos a la libre circulación, al descanso a la propia vida entendida en un sentido amplio, no sólo físico, que se ven menoscabados al no extremar la administración municipal las medidas adecuadas». A lo que el Síndic añade que los tribunales de justicia han reiterado en varias ocasiones que los ruidos inciden «perniciosamente sobre los derechos constitucionales a la protección de la salud». Un aspecto que, por otro lado, siempre aluden los vecinos afectados en sus protestas ante el Ayuntamiento para que tome medidas que permitan su descanso.

La instancia del Defensor del pueblo valenciano al Consistorio del cap i casal se produce tras recibir un escrito de quejas de los vecinos del entorno de la discoteca, sobre la que el propio gobierno municipal reconoce haber realizado 13 intervenciones desde 2013, «intensificadas desde octubre», cuando incluso se disolvieron concentraciones de grupos en la vía pública practicando el botellón.

Esta queja es la última que ha recibido el Síndic de Greuges sobre la problemática de la contaminación acústica por ruidos de locales de ocio y botellón. En total, en el último año ha recogido un total de 107 en la ciudad de Valencia, en concreto entre el periodo de abril de 2015 y de 2016. En toda la Comunitat han sido 371 expedientes de quejas relacionadas con este tema, por lo que Cholbi reclamó recientemente más concienciación e implicación de la Administración, a la que recordó que su pasividad ante los casos de contaminación acústica que provoquen efectos perjudiciales para la salud «podría generar responsabilidad patrimonial, con la consiguiente obligación de indemnizar a los vecinos».