Las multas por botellón se reducen a la cuarta parte a pesar de su dispersión por los barrios

La Policía Local tramitó el pasado año la cuarta parte de las multas por botellón interpuestas a lo largo de 2012. En cifras, se ha pasado de 444 propuestas de sanción a 111, lo que fue interpretado por la concejala socialista Pilar Calabuig como una muestra de la «relajación municipal para controlar este fenómeno».

Las protestas vecinales han aumentado por el botellón en todos los barrios, sobre todo desde mediados de 2011, cuando el consistorio tuvo que actuar y dispersar el macrobotellón que se celebraba cada semana en el aparcamiento del campus de Tarongers.

Desde entonces, es frecuente que en los partes policiales se incluyan servicios de este tipo en una veintena de zonas de la ciudad. Sobre la reducción de sanciones denunciada por la oposición, fuentes cercanas al gobierno municipal indicaron que la «policía es más eficaz decomisando botellas», además de recordar la dificultad de tramitar estas multas, que deben ser certificadas con un informe del laboratorio municipal.

Esto último, además, cuesta dinero, pese a lo absurdo que puede resultar en ocasiones que el contenido de las botellas es alcohólico. No obstante, el procedimiento requiere de todas las garantías, sobre todo en los casos donde el licor ya se ha mezclado con un refresco.

El concejal de Seguridad Ciudadana, Miquel Domínguez, anunció a finales de septiembre el estudio de un cambio en la normativa, de tal manera que los agentes no tuvieran que certificar el contenido de las botellas para multar.

Esto ha sido desestimado por la falta de seguridad jurídica que causa en los afectados. Como publicó este periódico, el servicio jurídico del consistorio desestimó esta alternativa al entender que cualquier recurso sería estimado por los jueces.

En la respuesta dada por el gobierno municipal a Calabuig se habla de que la Policía Local tramitó en 2012 año 531 expedientes, interpuso 444 resoluciones sancionadoras y archivó 87 por diferentes motivos.

El mismo servicio descendió el pasado año a 224 expedientes tramitados, 111 resoluciones sancionadoras y otras 33 archivadas por revocación, caducidad y sobreseimiento. En opinión de la edil socialista, «estos datos demuestran que el PP mira hacia otro lado ante los graves problemas de convivencia que generara el fenómeno del botellón».

Las principales zonas de botellón son el paseo de Neptuno, el entorno de la plaza de España, la calle San Vicente (en el barrio de Cruz Cubierta), así como el Carmen. Se da la circunstancia de que las discotecas suelen convertirse en un imán para estas concentraciones de jóvenes hasta altas horas de la madrugada, perjudicando el derecho al descanso de los vecinos.

El gobierno municipal ha tomado dos medidas para evitar esto. En el barrio del Carmen ha reducido el horario de cierre de dos discotecas, como un añadido a la declaración provisional de zona acústicamente saturada. En Ruzafa, las concejalías de Urbanismo y Contaminación Acústica elaboran una normativa para restringir la apertura de nuevos locales de ocio, probablemente con la prohibición de conceder licencia en el barrio a un negocio de hostelería a menos de 65 metros de otro ya abierto.

Calabuig criticó que los controles que realiza la Policía Local son «ineficaces» porque, según asegura, los agentes no disponen de material suficiente, como botes para tomar de muestras, ni de un protocolo de actuación. Además, recriminó a la alcaldesa Rita Barberá que «no haya planteado ninguna alternativa» a este fenómeno social.

«Barberá no tiene suficiente con más de 1.600 policías locales ni con una concejalía de Juventud que firma acuerdos con marcas de bebidas alcohólicas», aseveró. Igualmente, planteó que otro pilar sobre el que debe girar el debate del botellón «no son las sanciones, sino el abandono de las políticas de juventud por el ayuntamiento».