Auge de las firmas de seguridad privada al aumentar la delincuencia

Hace 25 años

El notable incremento de la delincuencia que venía sufriéndose en los últimos años tenía un claro reflejo en la realidad constatable en 1988: las empresas dedicadas a la seguridad privada ya vivían un auge inusitado.

Compañías, corporaciones, bancos, instituciones y hasta particulares pudientes procuraban asegurarse, en la medida de sus posibilidades económicas, la protección que no siempre encontraban en las fuerzas públicas de seguridad, afectadas por la escasez de medios y la multiplicación de requerimientos que atender.

El periódico contaba el 28 de julio de dicho año que el negocio de la seguridad privada se multiplicaba a petición de los dueños de fábricas, grandes almacenes, discotecas, zonas residenciales, entidades financieras, etc. Sólo en Valencia se contabilizaban más de cuarenta empresas de este tipo registradas y en conjunto empleaban a unos 5.350 vigilantes jurados, el 93% hombres.

Para ser vigilante jurado se debía contar con más de 21 años y superar unas pruebas. Por debajo de dicha edad sólo se podía ser guarda de seguridad. La diferencia estaba en el sueldo y en que los guardas no podían llevar armas de fuego como los primeros, sólo la porra y las esposas. Los contratos entre estas empresas y sus clientes debían ser supervisados por la Policía para ser válidos. Unas condiciones que más o menos están vigentes en la actualidad.

En el mismo ejemplar de LAS PROVINCIAS se publicaba otra noticia muy relacionada con la anterior. el Ministerio del Interior insistía en la conveniencia de que los propios ciudadanos se ocuparan de autoprotegerse de los delincuentes, lo que parecía animar a contratar servicios privados de seguridad. Además se editó un folleto dando instrucciones de 'autoprotección'.

Hace 50 años