El Consell fuerza a Carlos Fabra a dimitir tras la apertura de juicio oral

Deja la presidencia de Aerocas y se sentará en el banquillo por presuntos delitos de tráfico de influencias, cohecho y fraude fiscal

A. MARTÍCASTELLÓN.
Carlos Fabra, rodeado de periodistas, en una imagen de archivo. ::                             PAU BELLIDO/
Carlos Fabra, rodeado de periodistas, en una imagen de archivo. :: PAU BELLIDO

Carlos Fabra se vio obligado ayer a dimitir como presidente de Aerocas después de que por la mañana el juez instructor de la causa que investiga el llamado 'caso Fabra' emitiera el auto de juicio oral sin posibilidad de recurso y le imputara por cohecho, tráfico de influencias y cuatro delitos fiscales.

La doctrina impuesta por el presidente del PPCV, Alberto Fabra, en torno a los imputados se ha llevado por delante al que fuera en su día su padre político. Al mismo tiempo, se cierra toda una era política en Castellón. Ahora, Carlos Fabra ya no tiene ninguna responsabilidad pública al presentar su «dimisión irrevocable» de la empresa pública que gestiona el aeropuerto.

Tras la novedad judicial, la decisión estaba tomada por parte del presidente regional y su núcleo más cercano, así como por la nueva hornada de populares en Castellón. La de ayer fue una tarde de infarto dentro del PP ya que, pese a que se tenía claro el camino y el propio Carlos Fabra era consciente de que no tenía salida, mostró resistencia. No obstante, la negociación fue asumida directamente por Alberto Fabra.

Al final se pactó una salida clásica: la destitución se convirtió en una dimisión para poder defenderse mejor ante la inminencia del juicio oral que le sentará en el banquillo a él, su exmujer María Desamparados Fernández, Vicente Vilar (que ya cumple condena en la cárcel por violación) y la exmujer de éste, Montserrat Vives, como muy tarde el próximo mes de septiembre. De hecho, su situación se había convertido en un problema para el Consell, hasta el punto de que dirigentes del PP y del Gobierno ya consideraban a principos de semana su dimisión como algo «inaplazable», según adelantó LAS PROVINCIAS. Días antes el Ejecutivo autonómico ya lo había despojado de cualquier poder ejecutivo en las decisiones del aeropuerto.

La hora de sentarse en el banquillo le llega a Carlos Fabra en un momento de debilidad política ya que el Consell hace unas semanas que le había arrebatado el control sobre el aeropuerto y tras su marcha en julio de 2012 de la presidencia del PP de Castellón. Fabra aseguró que a primera hora de la tarde presentó su «dimisión irrevocable» al presidente de la Generalitat «tal y como dije que haría si había juicio oral». Además, dijo que la decisión le da libertad y que ya verá «por dónde van» sus decisiones futuras».

Así pues, Fabra no verá aterrizar el primer avión en el «aeropuerto del abuelito» como él mismo lo calificó hace dos años en la inauguración de la infraestructura. Ahora,el vicepresidente del Consell, José Císcar, será quien deba asumir la presidencia de Aerocas, empresa participada principalmente por la Generalitat.

Fabra se queda fuera del tablero y su única capacidad de influencia se limitará a la gestión como secretario de la Cámara de Comercio. Asimismo, el sector 'fabrista' pierde también la mayoría dentro del organigrama político del PP de Castellón y revalida a Javier Moliner como líder indiscutible y, en consecuencia, a Alberto Fabra.

Ya por la mañana, Císcar anunciaba que la decisión de mantener al expresidente de la Diputación al mando de Aerocas podía ser «revisable» y el propio Carlos Fabra, en declaraciones a Europa Press, invitó al Consell a pronunciarse sobre su situación. «Es una cuestión que no depende de mí, sino de ellos». Al final de la tarde el discurso era otro: dimitía porque quería.

El caso Fabra estalló el año 2003 cuando el entonces amigo y socio del presidente de la Diputación castellonense, Vicente Vilar, formalizaba una denuncia contra el político y le acusaba de haberle cobrado 150.000 euros a cambio de intermediar para legalizar unos productos fitosanitarios. La intermediación habría sido en julio de 1999 con una reunión con Jesús Posada, entonces ministro de Agricultura, Juan Costa, secretario de Hacienda por aquel entonces y Miguel Prim, senador Territorial y que ahora no está en el auto pese a que en una pieza separada sí se le imputaba tras un recurso de la acusación.

Tras estas reuniones el 18 de octubre de 1999 se lograba la licencia de la abamectina y, tras aportar estos 150.000 euros en metálico, Vilar vendió la licencia del producto a una empresa portuguesa (Sapec) por 1,09 millones de euros en una cena en el año 2000 en la sede de Naranjax (en Artana) donde, según la instrucción, estaban Vilar, Fabra y Ricardo Costa como abogado.

Después del éxito de esta operación habrían creado la empresa Artemis 2000 S.L. cuyas socias eran a partes iguales las esposas de ambos: María Desamparados Fernández y Montserrat Vives y según el juez de Nules «la empresa era la mera titular registral de los productos que iba obteniendo Naranjax pero carecía de actividad».

Sin embargo, la ruptura de la amistad de los matrimonios acabó en una denuncia de Vilar. Desde entonces, el caso ha sufrido varios escollos: desde los cambios de magistrado hasta los recursos de Carlos Fabra. A ello se le sumó una investigación de la Agencia Tributaria al matrimonio Fabra-Fernández que analizó las declaraciones desde el año 1999 a 2003, si bien el primer ejercicio ha quedado al final fuera de la investigación.

En 2010 Fabra conseguía que la Audiencia Provincial archivara todo el proceso pero un año después el Supremo ordenaba reabrir la causa tras los recursos de la acusación y la Fiscalía Anticorrupción. Con el auto ya en marcha, la Audiencia emitió otro escrito por el que se eximía a Fabra de la imputación de cohecho, que es el delito más 'complicado' al acarrear penas de cárcel.

Ante esta decisión, el juez instructor pedía amparo al Consejo General del Poder Judicial y la acusación recurría al Supremo. Al final, el alto tribunal le ha dado la razón al magistrado, el CGPJ ha archivado la petición de amparo al considerar resuelto el conflicto, y Jacobo Pin ha tenido total libertad para imputarle los distintos delitos a Fabra, su mujer, Vilar y Montserrat Vives.

Una decisión «sensata»

La Generalitat aseguró ayer a última hora de la tarde que la decisión de Carlos Fabra de dimitir era «sensata», dada la situación judicial en la que se encuentra el exdirigente de la Diputación castellonense, y le agradeció el «gesto» realizado. Así lo indicaron fuentes del Consell a Europa Press, queconfirmaron que el presidente de la Generalitat, Alberto Fabra, recibió la comunicación de la dimisión. De acuerdo con estas fuentes, se trata de una decisión «sensata» ante la situación judicial por la que atraviesa el expresidente del PP de Castellón, que le hace «muy complicado» estar al frente de una sociedad pública. En este sentido, las mismas fuentessubrayaron que la «línea roja» marcada por Alberto Fabra en casos de imputación es «muy clara» y recalcaron que «nunca antes» había habido «tanta contundencia».

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