El TSJ abre otras tres piezas de Gürtel y revisará los contratos del Consell y la trama

El magistrado José Ceres investigará también las adjudicaciones de RTVV por la visita del Papa y si Orange Market defraudó a Hacienda

F. RICÓSVALENCIA.
Francisco Correa a la izquierda con su abogado y a la derecha, Pablo Crespo. ::                             TXEMA RODRÍGUEZ/
Francisco Correa a la izquierda con su abogado y a la derecha, Pablo Crespo. :: TXEMA RODRÍGUEZ

El caso Gürtel en la Comunitat subió ayer un nuevo escalón después de que el Tribunal Superior de Justicia decidiera abrir una investigación judicial sobre los contratos firmados por la Generalitat con Orange Market y las sociedades vinculadas con el denominado grupo Correa.

Esta es una de las tres nuevas piezas en las que el magistrado José Ceres ha dividido la investigación judicial sobre la trama Gürtel en la Comunitat Valenciana. Las otras dos abiertas por el juez instructor hacen referencia a contrataciones realizadas por RTVV por la visita del Papa -la remitió al TSJ la Audiencia Nacional- y la tercera investigará los presuntos delitos contra la Agencia Tributaria que pudieran atribuirse a Orange Market.

Con el auto del magistrado instructor, la rama judicial del caso Gürtel que afecta a la Comunitat Valenciana -al margen están los procesos judiciales que se siguen en Madrid, Galicia y Castilla y León por presunta financiación ilegal de los populares -queda dividida en seis piezas. Las dos primeras causas hacen referencia a presuntos delitos electorales cometidos en las elecciones autonómicas y locales de 2007 y en los comicios generales de 2008. La tercera, a la contratación de los pabellones de la Comunitat Valenciana para participar en Fitur entre las ediciones de 2005 y 2009 realizada por la Agencia Valenciana de Turismo con Orange Market.

La cuarta pieza pasa a ser la de la visita de Benedicto XIII los días 8 y 9 de julio de 2006. En ella se investigarán las presuntas irregularidades en la contratación de RTVV con la mercantil Teconsa por si pudiera constituir «delitos de prevaricación y cohecho u otros y en los que pudiera haber intervenido... el grupo Correa». La investigación se realiza sobre el alquiler de pantallas de vídeo, sonido y megafonía con motivo de la celebración del Encuentro Mundial de las Familias, «así como la posible percepción de dádivas relacionadas con dicha contrataciones y evento presuntamente percibidas por Pedro García», que en aquellos momentos era el director general de RTVV.

La quinta de las piezas de la causa de Gürtel se dedicará a esclarecer las presuntas irregularidades en la contratación pública de la Generalitat con Orange Market y las sociedades vinculadas con el grupo Correa. De esta pieza queda excluida las adjudicaciones que recibió Orange Market efectuadas por la Agencia Valenciana de Turismo, puesto que este asunto ya tiene una pieza propia, la de Fitur.

La sexta de las piezas en las que se ha dividido la causa de Gürtel se centrará en esclarecer los presuntos delitos contra la Hacienda Pública «que pudieran atribuirse a Orange Market o a alguna de las sociedades vinculadas a la misma». Esta pieza afecta de manera directa a los rectores de las empresas de la trama Gürtel y hace especial referencia a posibles irregularidades en la declaración del IVA, en el Impuesto de Sociedades y sobre la aplicación de retenciones del trabajo del personal por parte de Orange Market en 2007, así como de otros contra la Hacienda pública cometidos en 2008.

Por lo que se refiere a la investigación que abre ahora el TSJ sobre los contratos que la Generalitat firmó con las empresas de la trama, el magistrado José Ceres incorpora a la documentación las adjudicaciones que realizó la Conselleria de Territorio y Vivienda a firmas como Down Consulting, Technology Consulting Management, Boomerangdrive, Rialgreen de cara a la edición de 2005 de la Feria Internacional de Turismo de Madrid.

En este paquete hay cinco contratos cuyo importe global asciende a 47.056 euros. La relación contractual con estas mercantiles no se incorporará a la pieza principal de Fitur, sino que se va a dejar en la investigación a realizar sobre los contratos del Gobierno valenciano con Orange Market y demás empresas relacionadas con el grupo Correa.

El presidente de la Generalitat, Alberto Fabra, a las pocas semanas de tomar posesión del cargo se comprometió con la oposición a mostrar las facturas del Ejecutivo autonómico firmadas con Gürtel. A finales de septiembre facilitó a EU y a Compromís un listado con la relación de las empresas que contrataron con varias consellerias. El portavoz parlamentario de Compromís, Enric Morera, afirmó ayer que no han recibido ni una de esas facturas.

Compromís ya recibió el respaldo del TSJ en la primavera de 2011 para que el Consell le facilitara los contratos menores establecidos por el Gobierno valenciano con una decena de empresas de la presunta red de corrupción que dirigía Francisco Correa, entre ellas Orange Market, la sociedad que gestionaba Álvaro Pérez, pero también otras como Down Town Consulting, Easy Concept, Boomerang Drive, Special Events o Pasadena Viajes.

Ahora el juzgado central de instrucción número 5 de la Audiencia Nacional (el que se inhibió de lo que es ahora la cuarta pieza, la visita del Papa) deberá informar a las partes que considere afectadas por la apertura de estas nuevas piezas, que surgen como consecuencia de la inhibición parcial del TSJ madrileño en favor del tribunal valenciano sobre una posible financiación ilegal y delito electoral en el PP valenciano.

En el caso de la pieza que investiga supuestos delitos contra la Hacienda pública de Orange Market, el magistrado avanzó en el auto difundido ayer que su apertura se notificará a las partes de las dos primeras piezas, relacionadas con las elecciones autonómicas y generales.

La Audiencia Nacional ha remitido ya diversas piezas formadas, desde el pasado agosto hasta enero de este año, dos de las cuales afectan a Álvaro Pérez, conocido como 'el Bigotes'. Si al final se incorporan a este procedimiento se incluirán en las piezas ya abiertas por el TSJ valenciano que más relación guarden con los hechos investigados por el juzgado central de instrucción.

El auto del magistrado del TSJ sí ha citado en calidad de testigos en la pieza quinta, la de los contratos del Gobierno valenciano con Orange Market, a Elsa Esplugues y a Vanessa Borrás para que presten declaración, en calidad de testigos, el día 22 de este mes de febrero.

El auto estaba incompleto por petición del magistrado instructor, aseguraron ayer fuentes del TSJ. Se han excluido de las diligencias que ya ha acordado practicar José Ceres y también se han excluido datos sobre domicilios particulares y entidades bancarias.

Las reacciones sobre la decisión de José Ceres no se hicieron esperar. El portavoz popular en Les Corts y vicesecretario de Comunicación de los populares de la Comunitat, Jorge Bellver, ofreció ayer al TSJ la «absoluta colaboración» tanto del grupo parlamentario que dirige como de su partido, del que forma parte d de la cúpula regional. Eso sí, le ha solicitado al magistrado José Ceres «imparcialidad y celeridad».

«No porque merezcamos una rapidez en la aplicación de la Justicia que no merezcan los ciudadanos sino porque, en muchas ocasiones, la lentitud no afecta solamente a los representantes políticos sino a la credibilidad del sistema, y eso es mucho más grave que los derechos de las personas», afirmó Bellver.

La portavoz y coordinadora de EUPV, Marga Sanz, aseguró que el auto es «un cercamiento más al PPCV. El caso Gürtel está encerrando a un Fabra que no es capaz ni de mover un solo dedo, y sobre el que la herencia de Camps cae como una losa».

Sanz afirmó que si al presidente «le queda un mínimo de dignidad abriría puertas y ventanas sobre la época funesta que investiga la Justicia y obligaría a todos los imputados por corrupción a que dejaran de inmediato sus cargos y escaños».

Para Mónica Oltra, la portavoz adjunta de Compromís, «a medida que avanza la investigación judicial del caso Gürtel se evidencia que se está ante el mayor caso de corrupción y financiación ilegal de un partido» en democracia».

Por su parte, el diputado y portavoz socialista en la Comisión de Control de RTVV, Josep Moreno, dijo tras conocer la apertura de la causa sobre RTVV y la visita del Papa, que la decisión del TSJ «asegura que quienes saquearon la Comunitat pagaran por ese saqueo y aseguran al PP también nuevas imputaciones».

Moreno afirmó que los «responsables y participantes» en aquella contratación en los primeros días de julio de 2006 «por desgracia continúan siendo amparados por el PP».

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