Sanidad atenderá a los 'sin papeles' y les pasará factura aunque no puedan pagarla

El conseller Rosado deriva a Bienestar Social la responsabilidad de facilitar los medios que requieran las personas sin recursos

LAURA GARCÉSVALENCIA.
Pacientes en la sala de espera de un hospital valenciano. ::                             JUANJO MONZÓ/
Pacientes en la sala de espera de un hospital valenciano. :: JUANJO MONZÓ

Son 30.000 y no se van a quedar sin atención sanitaria. Eso sí, se les pasará la factura por el importe de lo que haya costado la atención médica que reciban, aunque no puedan pagarla. Esa fue la explicación que ayer ofreció el conseller de Sanidad, Luis Rosado, a la situación en la que quedarán los inmigrantes 'sin papeles' a partir de mañana, cuando se les retire la tarjeta sanitaria.

Insistió en que con el nuevo modelo «no cambia nada en la asistencia sanitaria. La novedad es que la administración verificará el modelo de aseguramiento de cada paciente y se emitirá la correspondiente factura. «En el que caso de que no tengan derecho a una asistencia gratuita y el que no pueda pagar la factura no pasa nada», destacó.

Rosado insistió en que las medidas adoptadas no están inspiradas en un interés «recaudador», sino en la pretensión de «evitar que quien pueda pagar abuse del sistema». El conseller recordó que tienen derecho a sanidad gratuita todos aquellos nacionales y extranjeros con tarjeta SIP. También todos los menores, las embarazadas y las urgencias de cualquier procedencia. Insistió en que son conscientes de que habrá muchos casos en los que los ciudadano en situación irregular, además, no podrán abonar la factura y ante eso «no podemos hacer nada».

No olvidó mencionar que está prevista la posibilidad de firmar convenios con la administración para poder ser atendido cuando no se dispone de un sistema de cobertura sanitaria, ya sea pública o privada y tanto si se trata de un ciudadano nacional como extranjero. LAS PROVINCIAS pudo confirmar que los extranjeros, aun encontrándose en situación irregular «pueden conveniar con la administración» para disponer de un sistema de aseguramiento.

El responsable autonómico utilizó su comparecencia de ayer para «aclarar» lo que definió como «malinterpretaciones» de sus palabras en torno a aspectos de la reforma sanitaria. Volvió a referir sus declaraciones del martes para asegurar que «nunca» dijo que «las ONG pagarían las facturas de los inmigrantes irregulares sin recursos». Para matizar aseguró que se refería no solo a las ONG, sino también a la Conselleria de Bienestar Social y los ayuntamientos, que consideró entidades gubernamentales.

Derivó a estas instancias administrativas la responsabilidad de «velar por conseguir que todas las personas que no tienen recursos tengan una situación de igualdad con el resto de personas que sí tienen recursos».

De hecho, señaló que se suscribirán convenios con estas organizaciones para identificar estos colectivos marginales y que «en determinados casos puedan hacerse cargo con los gastos que suponga poder recibir su tratamiento. En ningún momento se ha planteado suprimir los elementos de ayuda a las personas que no tienen recursos».

También negó que vayan a suprimirse los tratamientos a enfermos crónicos -como casos de sida, cáncer u otras patologías- de personas en situación irregular: «Lo único que cambiará a partir del 1 de septiembre es que unas 30.000 personas que habían accedido a la tarjeta sanitaria por empadronamiento tendrán que demostrar una situación no irregular para poder acceder a la misma».

El conseller defendió también que el trabajo de médicos y enfermeras tampoco va a cambiar al asegurar que atenderán como siempre porque «el código deontológico nos impide dejar de atender a nadie». Transmitió este argumento al sindicato médico y de enfermería Cemsatse.

Desde el sindicato destacaron que con el anuncio del conseller la «asistencia universal está «garantizada» en la Comunitat. En un comunicado la formación sindical añadió a esta consideración que médicos y enfermeros «consideramos que esta medida es acorde con nuestro deber de asistencia y con el actual derecho penal».