Más de 30 urbanizaciones de Llíria tendrán que poner depuradoras en los chalés

Los vecinos recogen firmas y alegaciones para presentar 3.000 contra la aprobación definitiva de la norma

MARINA COSTAVALENCIA.

Los vecinos de más de treinta urbanizaciones y núcleos diseminados de Llíria están pasando el verano recogiendo firmas y alegaciones contra la aprobación inicial de una ordenanza sobre tratamiento y vertido de aguas que obligará a instalar depuradoras individuales en los chalés que vierten en fosas sépticas por carecer de alcantarillado.

Esta normativa, que se aprobó inicialmente en julio y está ahora en periodo de alegaciones, afectaría a aproximadamente la mitad de los 9.000 chalés que se reparten por el término edetano. El problema, según los vecinos, es que instalar una depuradora individual de estas características para una familia de cuatro personas tiene un coste por parcela de 6.000 euros, una cantidad «inasumible para la mayoría de los que residimos en las urbanizaciones sin colectores de alcantarillado. Es más, ese gasto no nos exime de sufragar el alcantarillado más adelante y entonces la depuradora ya no nos servirá para nada», recalcan afectados del Movimiento Vecinal Camp de Túria.

La norma regula el control de tratamiento de depuración en zonas sin red de alcantarillado, situación en la que se encuentran más de 30 urbanizaciones. Sólo se verán exentas las que puedan conectarse al colector general o estén en ese momento en obras para poder hacerlo. La normativa establece, además, un régimen sancionador para las parcelas que sigan vertiendo en pozos ciegos. «Sólo nos faltaba eso, que vengan inspectores a multarnos con 2.000 o 3.000 euros, tal y como estamos», critican los vecinos. De momento, los afectados llevan recogidas un millar de firmas pero esperan cumplimentar 3.000. En las alegaciones los vecinos denuncian que el Ayuntamiento «descarga su propia responsabilidad sobre los propietarios de suelo y pretende obligarles», en última instancia, a costear «programas de actuación integrada completos» que ya están pagando en elevadas cuotas de 700 euros, por ejemplo, los vecinos de la urbanización Edeta.

«O pagas la depuradora o te costeas tu el alcantarillado. Menudo panorama. Es una vergüenza esto, después de llevar años y años pagando la contribución. ¿Dónde se ha quedado todo ese dinero?», se pregunta otro afectado.

Un contencioso

Los vecinos aseguran que si las alegaciones finalmente se desestiman «presentaremos un recurso contencioso-administrativo contra el Ayuntamiento» porque consideran que ha incumplido «desde el año 2001 su obligación de planificar y construir una red de alcantarillado y ahora quiere trasladar dicha obligación a los pobres contribuyentes». El equipo de gobierno mostró su predisposición a consensuar con la oposición la nueva norma, antes de su aprobación definitiva, al considerarla «un instrumento muy necesario para los intereses medioambientales y económicos de nuestro municipio» por eliminar la problemática de los vertidos. Se prevé que la ordenanza definitiva vuelva a pasar por pleno en el mes de septiembre u octubre.