El Supremo envía la causa de la visita del Papa al TSJ valenciano

El Alto Tribunal considera que son delitos cometidos en Valencia, por lo que se debe unir al caso abierto por el financiación del PPCV

EFE| VALENCIA
El exdirector de RTVV Pedro García, el día que declaró. / Efe/
El exdirector de RTVV Pedro García, el día que declaró. / Efe

La sala de lo Penal del Tribunal Supremo resolvió ayer que deberá ser el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana el responsable de investigar los contratos entre Radiotelevisión Valenciana (RTVV) y sociedades vinculadas a la trama Gürtel con motivo de la visita del Papa a Valencia en 2006.

En un auto hecho público, el Supremo considera que estos hechos «no pueden ser escindibles» del resto de la instrucción que se sigue en el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV), «pues son delitos cometidos en Valencia que aconsejan unidad en la investigación». Igualmente, considera que las conductas que se imputan a los políticos aforados en esta causa tampoco son «escindibles» de las conductas de los no aforados «en los mismos hechos delictivos».

La investigación en Valencia redunda, en opinión de los magistrados del Supremo, en la facilidad probatoria, evitando desplazamientos innecesarios, y la concentración de conductas en aquellos lugares en los que indiciariamente se cometieron los delitos, sometiendo a aforados y no aforados al mismo proceso.

El criterio de los magistrados de lo Penal del Supremo coincide con el del Ministerio Fiscal, que también considera que es competencia del TSJCV investigar estos hechos. El alto tribunal valenciano sostenía que, dado que era el Tribunal Superior de Justicia de Madrid el que conocía la causa principal, debía ser éste el que conociese todos aquellos delitos que, aún cometidos en Valencia, no lo fueron por aforados.

Sin embargo, el TSJCV deberá finalmente acumular esta causa a las tres que ya investiga dentro del denominado caso Gürtel. La primera de estas causas está relacionada con un supuesto delito electoral, dos contra la Hacienda Pública (IVA e impuesto de sociedades de la firma de la trama Gürtel Orange Market) y un delito continuado de falsedad documental cometidos supuestamente en 2007 con motivo de los pagos de los servicios prestados por Orange Market al PP valenciano (PPCV).

Esos pagos se habrían llevado a cabo supuestamente por personas distintas al verdadero deudor y por el PPCV con fondos al parecer opacos, por un importe de 2,56 millones de euros.

La segunda se refiere a hechos similares a los de 2007 más un supuesto delito electoral -en caso de que los servicios prestados por Orange Market correspondieran con la campaña electoral de las generales-, un delito contra la Hacienda pública y otro continuado de falsedad en documento mercantil. La tercera se refiere a distintas contrataciones entre Orange Market y varias consellerias de la Generalitat.

Se trata, según el citado auto, de supuestas irregularidades cometidas entre 2005 y 2009 con ocasión de contratos entre firmas del cabecilla de la trama Gürtel, Francisco Correa, básicamente Orange Market, con la Administración valenciana.

En opinión de los magistrados del Supremo, los hechos imputados al exdirector general de RTVV Pedro García, deben ser investigados de forma conjunta a las tres causas anteriores.

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