El juez decano apoya las tasas judiciales como medida disuasoria

El informe solicitado a la Abogacía de la Generalitat sobre la aplicación de la iniciativa puede estar listo en una semana

A. RALLO ,VALENCIA
El juez decano de Valencia. / Pedro Viguer/
El juez decano de Valencia. / Pedro Viguer

La Conselleria de Justicia ha abierto la puerta a una futura implantación de tasas judiciales en la Comunitat. El conseller Jorge Cabré ha encargado un informe a la Abogacía de la Generalitar para ver si es «factible» la imposición de una tarifa para la puesta en marcha de determinados procedimientos judiciales, tal y como adelantó LAS PROVINCIAS en una entrevista con el responsable de Justicia. El estudio, solicitado con carácter de urgencia al departamento jurídico, puede estar concluido en una semana, según anunciaron ayer desde la conselleria.

El juez decano de Valencia, Pedro Viguer, apoya la iniciativa, aunque no en un sentido recaudatorio o de copago. No es esa la idea. Y tampoco la del Consell. Más bien el enfoque se dirige hacia una medida disuasoria para no sobrecargar una administración que hoy por hoy se encuentra saturada. Y esta sobrecarga se produce, en muchas ocasiones, por procedimientos innecesarios. Evidentemente, en este sentido podrían quedar fuera los asuntos penales.

Viguer sostiene que unas tarifas podrían aligerar los juzgados y subrayar que la Justicia es un bien escaso al que hay que acudir con mesura. Su opinión no es un caso aislado sino que coincide con las conclusiones de las jornadas de jueces decanos de España que se celebraron el pasado mes de noviembre. Allí se expusieron una treintena de medidas para mejorar la Justicia. La vigesimacuarta resume perfectamente lo anterior: «Establecimiento de tasas pedagógicas o disuasorias». «Debe plantearse la oportunidad de abrir un debate sobre la reintroducción de tasas judiciales para acomodar la litigiosidad real a la formal». No hay que olvidar que España acumula una tasa de litigiosidad enorme, superior a otros países europeos con mucha más población. El ejemplo más cercano es Francia.

El objetivo sería evitar «las reclamaciones abusivas, reiterativas, innecesarias banales o carentes de fundamento» con la idea de que otras fórmulas, como la mediación, podrían resolver los anteriores problemas.

La premisa que se ajusta a lo anterior sería que la justicia «es un bien escaso y con un enorme coste económico y social».

De igual forma, en aquella reunión de jueces decanos, se habló de la conveniencia de que se elaborara un estudio de cuánto cuesta realmente un proceso de escasa importancia, por ejemplo un juicio verbal civil, para tratar de trasladar el coste económico a la administración. Actualmente, la cifra que se maneja son unos 1.300 euros.

El planteamiento de la conselleria caminaría en la misma dirección que Cataluña, que recientemente anunció las tasas judiciales. Las tarifas se implantaron únicamente para los órdenes Civil y Contencioso. Las personas que tienen derecho a justicia gratuita están exentas de pagar. Además, Cataluña contempla descuentos si los escritos se presentan a través de medios telemáticos.

El informe tiene el objetivo de clarificar hasta dónde puede llegar la Comunitat. El Estatuto de la Comunitat no es tan claro como el catalán donde específicamente se recoge este concepto. No obstante, el modelo catalán no tiene por qué ser el objetivo, según el conseller.