¿Por qué temen al bilingüismo?

JUAN ALFREDO OBARRIOPROFESOR TITULAR DE DERECHO ROMANO. UNIVERSIDAD DE VALENCIA GRUPO DE ESTUDIOS SOCIALES E INTERDISCIPLINARES (GESI - FUNDACIÓN UNIVERSITAS)

En las amigables conversaciones que suelo tener con mis alumnos, cuando sale a relucir el tema de la lengua, tiendo a recordarles una lúcida argumentación esgrimida por Pedro Salinas en su célebre conferencia sobre la 'Defensa del Lenguaje', pronunciada el 24 de mayo de 1944 en la Universidad de Puerto Rico, en la que se preguntaba: «¿Tiene derecho ninguna generación a descuidar o abandonar esta santa misión transmisora de su lengua, por flojedad o por inconsciencia? ¿Puede una generación aceptar la cínica postura de legar a sus hijos menos patrimonio espiritual que el que recibió de sus padres?». Sugerentes preguntas que bien pudiera contestarlas un ilustre catalán, Pi i Margall, cuando afirmaba que «sobre el sentimiento de la patria está el de la humanidad, y sobre todo, el de la justicia», una justicia que no puede despojar a un pueblo o a un colectivo del conocimiento y del estudio de su lengua materna, ya sea ésta la catalana o la castellana.

Esta misma concepción, la que lleva a sostener que lo que es una realidad en la vida cotidiana debe plasmarse como realidad jurídica, fue recogida por la Generalitat Catalana en el Decreto de Bilingüismo de 1931, con los siguientes términos: «En las escuelas primarias se impartirá la enseñanza de la lengua materna, sea catalana o castellana, y se enseñará a los discípulos catalanes, a partir de los ocho años, el conocimiento y la práctica de la lengua española»: la paridad, la estricta paridad lingüística, la que lleva a la normalización y a la legalización de los derechos cívicos de las dos grandes comunidades lingüísticas de Cataluña, la que impide el monolingüismo escolar, la que reafirma que la lengua materna es aquella en la que empiezas a expresarte, y no la del territorio, la que determina que una lengua no puede ser víctima ni verdugo, ni herramienta para la subordinación de las conciencias.

Pero esta realidad y esta aparente verdad no existen cuando aparece la política en su acepción más burda, aquella que no reconoce que el mejor símbolo de una nación no es la lengua, sino la igualdad y la libertad de sus ciudadanos a escoger la lengua en la que educar a sus hijos. Una política y una realidad que impide que ésta sea una mera discusión académica; aunque si nos situamos en el plano de la Historia, cabe preguntarse ¿qué diferencia hay entre aquel Real Decreto de Nueva Planta que mandaba «sustanciar en lengua castellana las causas en la Audiencia», y la actual Ley del Catalán que manda silenciar el castellano como lengua vehicular, que impone sanciones a quienes rotulan únicamente en castellano o reconviene a Jesús Royo Arpón, catedrático de Lengua y Literatura Catalana, por realizar un informe en castellano? Tan injusta fue aquella decisión, como lo es una Ley que quiere olvidar que Cataluña fue bilingüe desde antes del siglo XV, como así lo atestigua el Archivo de la Corona de Aragón -¡cómo no, en Barcelona-, o el propio Boscán de Almogávar, a comienzos del siglo XVI.

Nada tengo contra esa «petita patria» de la que hablaba Espriu, en la que viví toda mi infancia, y en la que aprendí a hablar el catalán, pero no puedo guardar cierta equidistancia contra quienes, con la cantilena de la lengua, de la nación o de la España invertebrada -ya no sé si algún día vertebrarle- echan pulsos permanentes al gobierno de turno, a los jueces y tribunales díscolos, a los partidos que no siguen su juego nacionalista o a las voces que discrepan de sus postulados, porque, para algunos, pedir para sus hijos el mismo derecho a recibir la enseñanza en la lengua materna que tienen los niños de lengua catalana -como lo viene haciendo el Profesor de Filosofía Francisco Caja- es un atentado contra la Historia y la Nación -no sé si la del oscense Durán y Lleida, la del extremeño Celestino Corbacho, la de la onubense Manuela de Madre o la del cordobés José Montilla-; de ahí que el Molt Honorable President de la Generalitat de Catalunya prefiera seguir desoyendo el derecho que la Constitución otorga a miles de ciudadanos a usar y a escolarizar a sus hijos en la lengua oficial que prefieran, y del que da buena cuenta el propio Estatut en su artículo 6.2: «El català és la llengua oficial de Catalunya. També ho és el castellà, que és la llengua oficial de l'Estat espanyol. Totes les persones tenen el dret d'utilitzar les dues llengües oficials i els ciutadans de Catalunya tenen el dret i el deure de conèixer-les. Els poders públics de Catalunya han d'establir les mesures necessàries per a facilitar l'exercici d'aquests drets i el compliment d'aquest deure. D'acord amb el que disposa l'article 32, no hi pot haver discriminació per l'ús de qualsevol de les dues llengües».

Desgraciadamente, estas batallas políticas y lingüísticas nos hacen contemplar que esta España nuestra sigue siendo una piel de toro que se está haciendo y deshaciendo a diario, y todo porque algunos políticos se empeñan en marcar, con sus leyes y sus fueros, una línea divisoria que nos encierra en la mutua lejanía, la que nos lleva al desencanto de ver cómo en Cataluña se ha cambiado de lengua vehicular, pero no de escenario: se sigue prohibiendo, como antaño, el uso escolar de una de las dos lenguas, la castellana, como si éstas fuesen una anomalía, y no una realidad enriquecedora de una sociedad, la catalana, tan nuestra, como suya. Pero lo imposible sigue siendo, a nuestro pesar, el tema de España.