El ocaso del imperio de Eliseu

La decisión de Mas de cerrar el grifo llega cuando Eliseu precisa 800.000 euros para la multa por la reemisión ilegal de TV3El Gobierno catalán se desentiende de Climent, tras darle 18 millones en una década, para poder llegar a pactos con el Consell

F. RICÓS
El ocaso del imperio de Eliseu

La Conselleria de Economía todavía está esperando ver el color de los billetes que tiene que poner sobre la mesa Acció Cultural del País Valencià (ACPV). Hasta 800.000 euros espera el departamento de Gerardo Camps. Un dinero que tiene que afrontar la entidad dedicada a promocionar el catalanismo en la Comunitat Valenciana y buque insignia de la organización capitaneada por el ya septuagenario Eliseu Climent desde hace tres décadas.

Los 800.000 euros los debe en concepto de multa por haber emitido de manera ilegal, a través de su red de repetidores, la señal televisiva de TV3 y todas sus cadenas a lo largo y ancho de las provincias de Castellón, Alicante y Valencia.

Esta demora en el pago seguro que va a hacer que se incremente la cantidad económica inicialmente impuesta por la Generalitat, que guarda silencio sobre este punto.

Aunque lo que teme Eliseu Climent, no es que le aumenten la sanción. Lo que de verdad teme es que deje de ser un elemento imprescindible de Cataluña en Valencia para pasar a convertirse en algo al que Ejecutivo de Artur Mas no le duelan prendas en desecharlo porque eso supone el fin de su imperio, porque eso conlleva no recibir ni un euro más. El propio Mas apostó el miércoles en Valencia por llegar a un acuerdo institucional para que TV3 se vea en la Comunitat. El portavoz del Govern catalán, Francesc Homs, señaló en LAS PROVInCIAS que a valencianos y catalanes les une ahora la economía y que el resto (incluido ACPV) no es prioritario.

Climent ha confesado que a finales de mayo -inmediatamente después de las elecciones autonómicas y municipales- si no paga esa cantidad le van a paralizar la entidad porque le intervendrán las cuentas «y a partir de ahí pueden empezar a embargar todos los bienes», declaró el miércoles en la radio autonómica de Cataluña.

Climent, valenciano de nacimiento (Llombay, 1940) y catalán por devoción, no ha podido esquivar una crisis económica, y especialmente política, que ha arrasado la economía española y ha dejado temblando los cimientos financieros de casi todas las Administraciones públicas. Su principal fuente de financiación, el Gobierno de Cataluña, desde noviembre pasado de nuevo en manos de CiU, le ha cerrado el grifo en el momento más inoportuno para los intereses de este agente del expansionismo catalán: cuando desde la Generalitat se intensificaba el camino iniciado en contra de la utilización ilegal del espacio radioeléctrico con la docena de repetidores desde los que Acció Cultural del País Valencià reemitía TV3.

El Gobierno valenciano le ha impuesto una sanción que, de momento, no puede pagar (cerró los repetidores el 17 de febrero por no poder abonar la multa e impedir que se incrementara), aunque Climent ha reconocido haber recaudado 130.000 euros en donaciones procedentes de la cuestación pública que ha abierto para pagar los 800.000 euros del castigo. Para él no es una multa por una utilización ilegal de los repetidores, es un ataque en toda regla «a la lengua catalana».

A pesar de que los principales partidos afincados al norte de la Comunitat Valenciana, -desde CiU hasta el PSC, pasando por el PP e incluso por los independentistas de Esquerra Republicana- conservan un arraigado tic expansionista y la mayoría de ellos -son nacionalistas a excepción del PP- , no le hacen ascos a la expresión 'països catalans' que tanto repele a miles de valencianos y genera indiferencia entre millares más, el nuevo Ejecutivo de Artur Mas, bien obligado por la crisis económica (no encontró en los cajones dinero ni para pagar las nóminas de los funcionarios) bien porque ha decidido cambiar de estrategia para ganarse a los valencianos, ha dispuesto abandonar a su suerte a Climent y a los suyos porque se ha convertido en un elemento de enfrentamiento entre Barcelona y Valencia que no interesa ni a los gobiernos autonómicos de Cataluña ni al de la Comunitat Valenciana.

Esa estrategia de dejar al margen a un elemento 'molesto' para con el Consell -al margen de difundir el catalán, Climent y su ACPV es beligerante en contra de la política del PP- es también una muestra de buena voluntad del Ejecutivo catalán hacia el valenciano con el que pretende entenderse con estrategias válidas tanto para superar la crisis económica como para colaborar conjuntamente ante el Gobierno central en la puesta en marcha de infraestructuras de transporte, como el Corredor Mediteráneo o la conexión mediante una autovía entre Castellón y Tarragona, e incluso la financiación.

El hecho de que un histórico dirigente de CiU Duran i Lleida dijera el último viernes de febrero que era un error hablar de «països catalans» en Valencia y que desde el Govern catalán de Artur Mas, incluso el propio presidente autonómico el pasado miércoles ante empresarios valencianos, se defienda la reciprocidad para que TV3 pueda verse en la Comunitat y Canal 9 en Cataluña, era impensable que se produjera hace simplemente una década, cuando Jordi Pujol, también de CiU, era el presidente autonómico de esa comunidad, y el que inició la política de abastecer de pesetas tocadas con barretina las arcas de las entidades de Climent para que difundiese la nueva de los 'països' por la Comunitat Valenciana y que especialmente trabajase por que calase en la ciudadanía el mensaje de la «unitat de la llengua» en referencia a que el valenciano no es sino una variante dialectal del catalán.

La política lingüística y cultural de Jordi Pujol hacia la Comunitat Valenciana, con Eliseu Climent como brazo ejecutor después de poner el capazo para recoger los millones que percibía en subvenciones desde las Administraciones de Cataluña, la siguieron a pies juntillas Maragall y Montilla.

En agosto Acció Cultural percibió el último medio millón de euros del Gobierno catalán. Montilla todavía era el presidente al que apoyaba el tripartito. Fueron 495.000 euros que iban directos a promocionar y difundir la lengua y la cultura catalana en la Comunitat. Una cifra que se suma a los casi 18 millones de euros que Cataluña ha ido subvencionado a las empresas y fundaciones de Climent en los últimos 10 años. Las entidades de Climent que más subvenciones han recibido han sido Acció Cultural del País Valencià, con 6,2 millones de euros, y Edicions del País Valencià, con 6,6 millones más.

Pero la actuación de Climent en Cataluña no se limitó a su gobierno autonómico, sino que accedió a las Diputaciones provinciales y a la política municipal. Fruto de esta intrusión para recaudar fondos su nombre se ha hecho público en la investigación por corrupción urbanística con epicentro en el Ayuntamiento de Santa Coloma: el denominado caso Pretoria. En la investigación de la Guardia Civil se manejan dos cifras para distintos periodos temporales: 17,2 millones de euros recaudados entre los años 1999 y 2009, y la de 15 millones de euros que obtuvo de la Administración autonómica desde el año 2002 hasta el 2009. En este último periodo las diputaciones catalanas también contribuyeron a la causa de los 'països' con más de dos millones de euros, según las mismas fuentes de la investigación.

En el caso de las ayudas procedentes del Gobierno catalán, tanto en los 17,2 millones como en los 15, sólo se contabilizan las que están publicadas en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya. La Guardia Civil ha indicado que empresas de Climent o relacionadas con éste han facturado 3,1 millones a las fundaciones que están bajo su órbita.

Para este 2011 el Gobierno central concedió, en los presupuestos aprobados en diciembre de 2010, otros 450.000 euros a las entidades de la órbita de Eliseu Climent: 150.000 para Acció Cultura, otros tantos para la Fundació Josep Renau y 100.000 irán a parar a la de Francesc de Vinatea.

El cierre del grifo, advertido por el Ejecutivo de Mas antes de que Climent recibiera el importe de las multas de la Generalitat, está haciendo al factótum de ACPV replantearse la situación y poner a la venta cuatro repetidores en la Comunitat, con los que piensa obtener dos millones de euros, no para pagar la multa del Consell, que le sobraría, sino para empezar a desmontar su 'paraeta', el imperio levantado alrededor del que ha convertido en su símbolo: el edificio Octubre, el antiguo inmueble que antaño ocupara El Siglo, en Valencia. «Los dos millones los quiere para pagar finiquitos», apuntaron fuentes nacionalistas.