La fiscalía pide 41.000 euros de multa a Camps por el caso de los trajes

La dirección nacional del PP califica de desproporcionada la petición del Ministerio Público porque «no se sustenta en ningún hecho»

M. SÁIZ-PARDOMADRID/VALENCIA.
El presidente de la Generalitat, Francisco Camps. ::                             EFE/MANUEL BRUQUE/
El presidente de la Generalitat, Francisco Camps. :: EFE/MANUEL BRUQUE

La fiscalía ha solicitado al juez Flors, que instruye en el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat el denominado caso de los trajes, la apertura del juicio oral contra el presidente de la Generalitat, Francisco Camps, y que le condene a una multa de 250 euros diarios por un periodo de cinco meses y 15 días, 41.250 euros en total, por un delito «continuado» de «cohecho impropio».

La multa que pide Anticorrupción a Camps la hace extensiva al diputado Ricardo Costa y al que fuera jefe de gabinete de la Conselleria de Turismo, Rafael Betoret. A Víctor Campos, vicepresidente del Consell en el anterior mandato, le reclama 35.000 euros por una sanción de cuatro meses y 20 días, a una cuota diaria de 250 euros.

El asunto de los trajes es la primera causa del 'caso Gürtel' a la que se enfrenta Camps. El TSJ tiene pendiente decidir si hay imputaciones por delitos electorales y contra la administración pública, fraude al fisco, falsedad documental, prevaricación, blanqueo, asociación ilícita y cohecho propio.

Si después de presentadas las conclusiones de la fiscalía, de la acusación que impulsa el PSPV-PSOE y de las defensas -prácticamente habrá terminado febrero-, el juez Flors decidiera abrir la vista oral, el juicio no apartaría legalmente a Camps de la política, ya que, aunque fuese condenado, no supone inhabilitación, pues se trata de un delito menor, dado que sólo se le acusa de haber recibido dádivas de la red de Francisco Correa y de Álvaro Pérez, 'El Bigotes', sin que se haya podido probar que a cambio moviera los hilos para favorecer a la trama corrupta.

Según la acusación de la Fiscalía, ha quedado acreditado que las empresas de Correa Easy Concept Comunicación, SL; Diseño Asimétrico, SL; Good & Better, SL; Servimadrid Integral, SL; y Orange Market, SL pagaron entre 2005 y 2008 a Camps 12 trajes, cuatro americanas, cinco pares de zapatos y cuatro corbatas de las tiendas madrileñas Milano y Forever Young por un total de 14.201,5 euros.

Unas dádivas -entiende Anticorrupción- que Correa y 'El Bigotes' realizaron «con el fin de ganarse la amistad y el favor» del jefe del Consell y de los otros tres imputados.

Para el fiscal, Costa habría aceptado en 2006 y 2007 cuatro trajes y seis pantalones, por valor 7.325 euros; Betoret se habría quedado entre 2005 y 2007 con once trajes, cuatro americanas, un pantalón y dos abrigos, cuyo importe ascendió a 13.499 euros; y las supuestas dádivas a Campos serían de dos trajes, dos pantalones, una americana y un chaqué, por 5.529 euros.

De manera consciente

El escrito del fiscal detalla que los propios encargados de las empresas de Gürtel se ponían en contacto con los políticos para «calcular sus tallas» y «finalmente las prendas y demás objetos se entregaban a sus destinatarios en Valencia, bien en sus propios domicilios, bien en la sede de la sociedad Orange Market o en el domicilio de Álvaro Pérez, quien participaba directamente en la administración».

Todos estos cargos públicos, relata la acusación pública, aceptaron esos agasajos y lo hicieron «conscientes» de que los regalos que recibían de la trama Gürtel lo eran «en consideración al cargo público que ejercían y desde el que podían tomar decisiones o desplegar su personal influencia sobre determinadas materias».

Correa y los suyos «mantenían importantes intereses económicos» con la Generalitat, hasta el punto de que la principal filial de Gürtel en Valencia, Orange Market, la empresa de 'El Bigotes', consiguió contratos públicos por 16 millones de euros entre 2004 y 2009.

La Fiscalía pide abundantes diligencias de cara a la vista oral que solicita, entre ellas las declaraciones de hasta 22 testigos, incluidos policías y técnicos de Hacienda.

La dirección nacional del PP ve desproporcionada la reclamación de Anticorrupción, puesto que «no se sustenta en ningún hecho», sino que se apoya «en un relato imaginativo», una prueba más de «la manipulación» de la Fiscalía. Por eso, creen que la Justicia va a demostrar que esa petición es exagerada.

Es más, Génova sostiene que la fiscalía demuestra «doble rasero» porque se ha volcado en este caso y ha dejado de actuar en «escándalos» que afectan a los socialistas como el de los ERES y las supuestas prejubilaciones falsas en la Junta de Andalucía.

La petición de Anticorrupción se interpreta en el entorno de Camps como «el reconocimiento de que lleva dos años equivocándose» pues las conclusiones no incluyen «ni tráfico de influencias ni contratación ni financiación irregular».

El presidente de la Diputación, Alfonso Rus, lamentó que el Gobierno esté «más preocupado en perseguir a los fumadores o a los que no guardan los tickets» que en luchar contra el paro.

La portavoz del Comité Electoral del PSOE, Elena Valenciano, instó a Mariano Rajoy a ofrecer explicaciones en algún momento sobre «tantos casos, tantas veces». Enric Morera, portavoz de Compromís, instó a Camps a dimitir para dejar de perjudicar a la Comunitat y a sus instituciones.

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