Investigan si el alcalde de Albocàsser se enriqueció con las obras de la cárcel

La Fiscalía estudia el caso mientras un juez de Nules imputa a los tres últimos alcaldes de la Vall por permitir obras en la localidad

I. CASANOVACASTELLÓN.
La Fiscalía investiga el aumento del patrimonio del alcalde tras la construcción de la cárcel . ::
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La Fiscalía investiga el aumento del patrimonio del alcalde tras la construcción de la cárcel . :: LP

Suma y sigue. La lista de casos de presunta corrupción, a tan sólo unas meses de la celebración de las elecciones municipales -que tendrán lugar el próximo 22 de mayo-, continúa aumentando.

La sombra de la sospecha oscurece la trayectoria del alcalde de Albocàsser, Antonio Querol y del primer edil de Borriol, Adelino Santamaría. A ellos se añade ahora la imputación de los tres últimos alcaldes de la Vall d'Uixó por permitir obras supuestamente ilegales.

El alcalde de Albocàsser, por un lado, está acusado por un supuesto delito de prevaricación después de que se denunciase que su patrimonio había aumentado de forma «sorprendente» tras aprobar la construcción en el municipio del centro penitenciario Castellón II. Iniciativa aseguró ayer que la Fiscalía Anticorrupción acordó «continuar» con las diligencias contra Antonio Querol, quien pertenece al PP. Desde Iniciativa se puso en conocimiento de la Fiscalía de Castellón un extenso repaso del sorprendente incremento patrimonial del alcalde de la capital de l'Alt Maestrat.

Posibles adjudicaciones

La formación política aseguró haber aportado pruebas de «cómo, presuntamente, aprovechando su cargo de alcalde» ha favorecido a su empresa con «adjudicaciones hechas por él mismo», puesto que «sus camiones han estado trabajando en las obras del Plan E en Albocàsser», señalaron. El portavoz de Iniciativa en Castellón, Carles Mulet, resaltó que la formación «no pretende judicializar la vida política pero muchas veces acudir a la justicia es el único camino que tenemos».Por lo que respecta al alcalde de Borriol, el popular Adelino Santamaría, la Fiscalía de Castellón ya solicitó para él tres años y seis meses de prisión por delito de malversación de caudales públicos después de haber pagado, según señalaron, con cargo a las arcas municipales las costas judiciales que debía abonar tras perder una demanda contra un medio de comunicación.

Así lo recoge el escrito de acusación de la Fiscalía, que también solicita una pena de inhabilitación absoluta de siete años para el primer edil. Por si fuera poco, nuevos nombres se suman a la 'lista negra' de presuntas corruptelas políticas por parte de alcaldes de la provincia. Y es que un juzgado de Nules imputó ayer a los tres últimos alcaldes de la Vall d'Uixó un posible delito contra las personas por permitir la supuesta realización de obras ilegales en el municipio.

Los populares Isabel Bonig y Vicent Aparici y el socialista Josep Tur tendrán que declarar como imputados en abril. Asimismo, tendrán que declarar también como imputados otros cinco concejales de Urbanismo y una funcionaria municipal. Así, según los hechos denunciados en una querella criminal interpuesta por dos vecinas, los alcaldes permitieron obras ilegales en la zona Monte Zamora de la Vall, a pesar de que estaba prohibida la construcción por carecer de ordenamiento alguno.

Los querellantes aportan numerosa documentación de expedientes de sanción no resueltos por el consistorio, posible apropiación irregular de terrenos, obras sin licencia y requerimientos a los responsables municipales que no fueron satisfechos. Se trata de una denuncia sobre urbanismo en la localidad de la Plana Baixa que se arrastra ya desde hace años.

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