45 familias valencianas pierden cada día su vivienda por impago de hipoteca

Los embargos de inmuebles en la Comunitat se han triplicado desde que comenzó la crisis

EVA PÉREZVALENCIA.

La crisis económica ha dejado en la calle a más de 32.000 familias valencianas en los últimos tres años. La lacra del paro, que en la Comunitat ya afecta a más de medio millón de personas, ha cortado en seco los ingresos de muchos trabajadores, ahora parados y que en muchos casos (los sindicatos creen que hay 100.000 personas en esa situación) ya no cobran ningún subsidio por desempleo. Dada su situación económica no han podido afrontar los pagos de la hipoteca de su vivienda.

La consecuencia directa del impago del crédito hipotecario, generalmente cuando se acumulan seis meses de incumplimiento del contrato bancario, es la presentación de una denuncia judicial por parte de la entidad prestataria del dinero. Dependiendo de los casos, la resolución, es decir, el embargo de la vivienda, tarda entre ocho meses y año y medio.

Hay una correlación directa entre el desempleo y los embargos de viviendas. Las cifras las aporta la publicación especializada 'Pública subasta', que concluye en un informe que las provincias con más desempleados tienen mayor proporción de inmuebles subastados. Destacan, tras varias provincias andaluzas, Valencia y Alicante.

El reflejo más frío de esta realidad se encuentra en las estadísticas del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), organismo que el año pasado registró 16.290 ejecuciones hipotecarias en la Comunitat Valenciana, lo que supone que cada día 45 familias se quedaron sin casa.

Eso significa que desde que arrancó la crisis, a mediados de 2007, se ha triplicado el volumen de embargos en la Comunitat. Entonces fueron alrededor de 5.000 los expedientes registrados por el máximo órgano judicial.

Por volumen de embargos, la Comunitat ocupa el tercer puesto nacional, tras Cataluña y Andalucía. Estas tres autonomías apenas se diferencian en unos dos mil expedientes, destacándose muy por encima del resto de regiones. Dos años antes, en 2007, la Comunitat lideraba el ranking, muestra de que fue la primera región en notar los efectos de la crisis, sobre todo por su impacto en la construcción.

Promotoras y particulares

En los dos últimos años, los bancos y las cajas de ahorros han absorbido las viviendas de las promotoras que se declararon insolventes a través de los procesos de dación en pago. A ellos se unen cada vez más embargos de casas, vía ejecución hipotecaria, a los particulares en mora.

Según un reciente informe realizado por Barclays, las entidades financieras en España han triplicado los inmuebles que tienen en cartera en el último año, hasta contar en la actualidad con activos del sector del ladrillo por importe de 25.400 millones de euros.

El peso de estos activos les obliga a lanzar ofertas para desprenderse de los inmuebles. En los últimos meses se han multiplicado las campañas de entidades como Santander, a través de la sociedad Altamira Real Estate; Caixa Catalunya, por medio de su inmobiliaria Procam; BBVA, con Anida; Caja de Ahorros del Mediterráneo (CAM), Bancaja o Caja Madrid, donde ofrecen miles de inmuebles de diversa tipología.

Las cajas y bancos echan el resto para motivar las ventas. Bancaja, por ejemplo, ofrece desde febrero a los clientes particulares aplazar el pago de las cuotas del préstamo hipotecario durante los tres primeros años, sin que se acumulen los intereses a partir del cuarto año. Con ello pretenden incentivar las ventas y dar salida este año a 12.000 viviendas.

El problema no sólo está en las casas que ya tienen en cartera los bancos y las cajas de ahorros. Se calcula además que las entidades financieras tendrán que absorber a partir de este año un aluvión de entre 100.000 y 150.000 viviendas inmersas en expedientes de ejecución hipotecaria. A esta última cifra se aproximan las estimaciones del CGPJ, que prevé para este año un crecimiento de los procesos de ejecución hipotecaria del 59% a nivel nacional. El año pasado superaron los 93.000, casi cuatro veces más que en 2007, y prevén para este ejercicio más de 148.000. En la Comunitat, los procesos previstos para este año superarán los 25.000 según las estimaciones del órgano de gobierno del Poder Judicial, que prevé que las ejecuciones hipotecarias se incrementen un 53,8% este ejercicio. Es una de las subidas más moderadas de España. De hecho, es inferior a la esperada en Andalucía (55%) y Cataluña (60%), las regiones que comparten el podio de hipotecas impagadas que acaban en los juzgados.

Estos expedientes tienen su origen en las demandas por impago que entraron en tromba en los tribunales a partir del estallido de la crisis económica, aunque fundamentalmente desde mediados de 2008. Debido a su periodo de tramitación (de un año de media), muchos de los procesos culminarán a partir este año.

Subastas

Normalmente, estos casos terminan con la adjudicación en subasta del inmueble a un comprador, un proceso que puede conllevar minusvalías para el vendedor si el precio de venta no alcanza el importe de la hipoteca impagada.

Sólo en el Decanato de los juzgados de Valencia, en apenas un mes -entre el 14 de abril y el 18 de mayo-, se han señalado 269 subastas, de las que 206 son de inmuebles en ejecución hipotecaria. El resto están relacionadas con otros bienes inmobiliarios (locales comerciales, garajes, oficinas, solares) o con vehículos o, en menor caso, joyas.

No obstante, según indican los expertos, la crisis ha traído un nuevo factor negativo: la desaparición de las empresas especializadas en adquisiciones en subastas, los llamados subasteros.

Al quedarse desiertas las pujas por falta de comprador (una situación similar a la del mercado libre, motivada por la carencia de financiación), son las inmobiliarias de los propios bancos ejecutantes las que comparecen en la subasta para quedarse con la vivienda a precio liquidativo, es decir, al 50% del valor de tasación.

La publicación 'Pública subasta' pone cifras. El 80-90% de las pujas quedan desiertas, según las estadísticas recogidas al pie de los juzgados. Explican que la consecuencia directa es que las entidades financieras acreedoras se adjudican los inmuebles y engordan sus carteras inmobiliarias con la consiguiente distorsión a medio y largo plazo sobre el sector inmobiliario y mayores tensiones sobre el sistema financiero. También desde la Asociación de Usuarios de Bancos, Cajas y Seguros (Adicae) en la Comunitat, han detectado esta realidad.

El año pasado, según la misma publicación, se celebraron en España 39.000 subastas, casi el doble que un año antes (20.022). De estas, la mayoría (77,7%) fueron de bienes inmuebles (viviendas, solares, fincas, locales comerciales, plazas de garaje...). En la Comunitat, se celebraron alrededor de 5.400 pujas.

La publicación concluye que el porcentaje de subastas sobre el total de hipotecas en 2009 en España (3,92%) se acerca, aunque es más bajo, a la tasa de morosidad de bancos y cajas de ahorros ese año (5,07% según los últimos datos del Banco de España). Es decir, que las subastas son un indicador retrasado de la morosidad bancaria, pues refleja con posterioridad el final de un proceso judicial que se inicia cuando hay una hipoteca fallida. En consecuencia, apuntan, es previsible que el número de subastas continúe subiendo en 2010 hasta aproximarse aún más a ese 5,07% de las hipotecas.

Recomendaciones

Desde Adicae, recomiendan, sobre todo al colectivo de inmigrantes con riesgo de impago de sus hipotecas, que intenten renegociar la deuca con el banco, aunque a la larga suponga el pago de más intereses.

Otra alternativa, según explican desde la asociación, es solicitar que la entidad financiera se quede con el inmueble en dación de pago. La contrapartida es que no se arriesgan a que este sea subastado y se venda por debajo de la cantidad adeudada, lo que supone el embargo de otros bienes «presentes o futuros». Lo primero que se paraliza es el sueldo del deudor, que no puede en ningún caso ser inferior al Salario Mínimo Interprofesional (SIM).

Ahora el Gobierno se plantea ampliar los criterios de inembargabilidad de las hipotecas con el objetivo de echar una mano a las familias con rentas más bajas. La idea es elevar el umbral del sueldo que no se puede embargar en una ejecución hipotecaria. Se podría incrementar este límite mínimo, la cantidad del salario intocable, de los afectados por ejecuciones hipotecarias hasta los 696,6 euros, un 10% más del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) -633,3 euros-, donde actualmente está puesto el listón del salario blindado.