La futura ley urbanística limita al máximo las reclasificaciones de suelo para evitar abusos

La normativa, en fase de borrador, acota el crecimiento de los municipios y se prevé que entre en vigor antes de 2011

J. BATISTAVALENCIA.
Edificios paralizados en la playa de Piles, donde se aprobó un plan urbanístico que doblaba la población del municipio. ::                             JUANTXO RIBES/
Edificios paralizados en la playa de Piles, donde se aprobó un plan urbanístico que doblaba la población del municipio. :: JUANTXO RIBES

El urbanismo valenciano afronta una nueva era. Los grandes planes para levantar miles de viviendas dejarán paso a actuaciones concretas que respondan a las necesidades reales de los municipios que los impulsen. Y todo, desde una perspectiva de conservación del medio ambiente. Al menos, este es el eje principal del borrador de la reforma de la Legislación Urbanística Valenciana que ayer presentó el conseller de Medio Ambiente, Juan Cotino, y que se prevé que se apruebe antes del fin de la legislatura (2011).

La principal novedad del texto es que se limitan las grandes reclasificaciones de terreno, que en la práctica han derivado en algunos casos en situaciones de ilegalidad y de abusos. Por ejemplo, el borrador, que como su nombre indica no es ni mucho menos definitivo, acaba con los planes parciales reclasificatorios y refuerza la figura del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) como instrumento marco para propiciar el crecimiento de los municipios.

«El borrador limita la reclasificación del suelo a lo estrictamente necesario», en palabras de la secretaria autonómica de Medio Ambiente, María Ángeles Ureña. Esto significa que los municipios podrán crecer, pero en arreglo a criterios racionales. Un ejemplo. No se autorizarán actuaciones que supongan un incremento superior al 20% de la población de la localidad.

La futura ley urbanística nace de la necesidad de refundir e incorporar las diferentes normativas sobre la materia, desde la Ley Estatal de Suelo hasta las directivas europeas. Tal y como explicó Cotino durante su intervención, los objetivos son acabar con la inseguridad jurídica existente y con las contradicciones entre normativas, con el objetivo de agilizar y simplificar la tramitación de las actuaciones urbanísticas que se aprueben. «Hay tres ejes esenciales: administrar nuestro territorio, proteger el medio ambiente y crear empleo. La ley favorecerá a la Comunitat, a los que viven en ella y a los que vengan a invertir aquí», dijo el conseller.

El mayor control de las actuaciones urbanísticas se conseguirá dando fuerza la figura del Plan General de Ordenación Urbana de los municipios, de donde tendrá que emanar cualquier modificación de los usos del suelo. Con la actual ley urbanística en la mano, se puede aprobar un plan parcial que afecte a una zona concreta y después incluirlo en la revisión del Plan General. Con la nueva ley no se podrá hacer. De hecho, incluye la «desaparición de los planes parciales reclasificatorios», según Ureña.

Además, el artículo 10 del borrador establece medidas contra la especulación en relación a los incendios forestales. «Toda revisión del planeamiento general deberá garantizar las condiciones para la restauración de terrenos forestales incendiados (...), con la prohibición del cambio de uso forestal durante al menos 30 años», tal y como se puede leer en el documento.

Desde el punto de vista ambiental, también se orquestarán mecanismos de control desde el principio de la tramitación de los planes generales (la base de la ordenación del territorio), ya que el primer paso deberá consistir en la elaboración de la evaluación ambiental, esto es, la afección sobre el territorio de la actuación.

Además, la futura ley prevé suprimir algunas de las figuras actuales, como el concierto previo y la cesión del metro por metro, ideados como mecanismos de control por parte de la Administración, ya que desde el principio se tendrá que velar por la conservación del territorio mediante la correspondiente evaluación ambiental.

En cuanto al metro a metro, que nació con el conseller Blasco, supone que por cada metro reclasificado el promotor debe ceder la misma superficie de terreno protegido a la Administración. Ahora, la protección ambiental deberá ser la base sobre la que se apoye cualquier plan.