Claves del nuevo impuesto del Gobierno que no gusta a las grandes tecnológicas

Claves del nuevo impuesto del Gobierno que no gusta a las grandes tecnológicas

Aún se desconoce cuánto se recaudará pero la ley se tramitará de forma «inminente», aunque ya se han quejado algunas multinacionales

EDURNE MARTÍNEZMadrid

Amazon, Facebook, Google o Twitter tienen en común que su negocio fundamental está basado en la venta de publicidad 'online', en las actividades intermediarias de plataformas digitales o en la comercialización de datos que se generan con información proporcionada con el usuario. Por tanto, estas empresas -entre otras- pagarán en España el nuevo impuesto a las plataformas tecnológicas impulsado por el gabinete de Montero. Estos son los tres supuestos que la ministra de Hacienda detalló como las bases donde se asentaría la «inminente» tasa a los servicios digitales.

Aunque hizo especial hincapié en su primera comparecencia ante la Comisión de Hacienda en el Congreso en que este impuesto de nueva creación «no afectará a las pymes ni a las empresas medianas», la falta de concreción respecto al tipo de gravamen y la facturación mínima sobre las que se aplicará está generando inquietud entre estas multinacionales. Algo que desde Hacienda ven como un simple «ajuste» a la contribución de las grandes firmas al bien común, porque la normativa fiscal «ha quedado obsoleta». Pero, al igual que ha pasado con las grandes empresas y la banca cuando han conocido la reforma fiscal que planea sobre ellas, las tecnológicas han optado por mostrar su descontento o bien por el silencio como respuesta.

Es el caso de Facebook, Amazon y Google, que al ser preguntadas por este diario han rechazado opinar sobre el asunto.

En contra

Varias grandes compañías sí se han posicionado firmemente en contra del impuesto. La multinacional sueca Ericsson, que emplea a unos 2.500 trabajadores en España, ha dicho que retirará sus centros de I+D de Madrid y Málaga si le cobran «un 3%» por los ingresos obtenidos. El presidente de la compañía, José Antonio López, señaló que un tributo generalizado al sector tecnológico podría llevar a algunas empresas a salir del país. «A mí mañana me cobran un 3% por los ingresos y los centros de I+D los cierro para llevármelos a Portugal todos, no dudo ni un día en tomar la decisión», aseguró elevando el tono de las críticas emitidas por la patronal tecnológica DigitalES.

Patronal tecnológica

Su directora general, Alicia Richart, teme que este nuevo gravamen afecte a todas las empresas tecnológicas ya que las que componen su patronal -41 empresas con 150.000 empleados- ya pagan más de 8.000 millones de euros al año en impuestos, mientras que las plataformas digitales «solo suman 25 millones entre todas». «Esto no es competir bajo las mismas reglas del juego», lamenta para luego añadir que «necesitamos un impuesto armonizado en toda la UE» porque si no habrá países que pierdan competitividad.

Telefónica, a favor

Hay multinacionales que, sin embargo, sí ven con buenos ojos la medida. El presidente de Telefónica, José María Álvarez-Pallete, sostiene que al hablar de grandes empresas hay que ver qué tasa impositiva tienen y cuál es su situación individual, al tiempo que llama a una reflexión sobre si todas las compañías están tributando «en la medida de los beneficios que generamos dentro de España». Desde la empresa aseguran que pagan más de 12.000 millones de euros en impuestos al año en todo el mundo, de los que 2.777 son en España. «No sé si es mucho o poco, pero respecto a nuestro beneficio sí es una cantidad relevante», argumenta.

Ministerio de Hacienda

En todo caso, en Hacienda no tienen un plan de acción en mente en caso de que haya una desbandada en masa de empresas. Ven la medida como «un paso del siglo XXI» y cuyo único objetivo es «que las compañías tecnológicas tributen allí donde generan beneficios, como cualquier otra». Quieren atajar el problema de que este tipo de multinacionales generen sus ganancias aquí pero luego se los lleven de la filial española a sus matrices ubicadas en otros países. Al ser una medida que el anterior Gobierno de Rajoy ya estaba trabajando, se encuentra avanzada y se podrá empezar a tramitar «inmediatamente» con vistas a poder aprobarla «a principios de 2019». En teoría no habrá problema para conseguir el apoyo del Parlamento. Podemos se ha posicionado a favor, Ciudadanos tenía un acuerdo similar acordado con el PSOE y el PP era el partido en el Gobierno cuando se empezó a valorar la idea de un impuesto a los servicios digitales. De hecho, en el Plan de Estabilidad que el exministro Montoro presentó en Bruselas ya estaba recogido. En cuanto a la recaudación, Hacienda no quiere dar datos concretos todavía porque aún queda por definir el límite a partir del cual se va a gravar a las empresas y la letra pequeña del propio tributo que se va a aplicar para poder hacer un cálculo. En tiempos de Montoro se estableció una cifra aproximada de 600 millones de euros, a lo que el actual gabinete de Montero contesta que «no será menor a esa cifra».

Expertos

Los especialistas consultados tampoco tienen una postura conjunta en cuanto a las consecuencias que se pueden derivar del impuesto. Josep Francesc Valls, profesor de Marketing de Esade, explica que las tecnológicas deben participar de una manera «más activa» en la mejora de la fiscalidad general y cotizar bajo un modelo «unificado». En su opinión, hay grandes diferencias entre los modelos de negocio tecnológicos y los tradicionales que no se deben paliar exigiéndoles lo mismo, sino que con lo que paguen los primeros luego los segundos puedan «reducir su carga impositiva». Sin embargo, Carlos Cruzado, presidente de Gestha, el principal colectivo de técnicos de Hacienda, ya se quejó cuando Montoro cifró en unos 600 millones la recaudación pues, según algunos cálculos, se necesitarían «al menos 1.600 millones» para ajustar las pensiones al IPC este año. Según él, la medida no es novedosa pues la Comisión Europea planteó el 21 de marzo un borrador de directiva para que estas grandes empresas digitales tributen los países de la UE con «un recargo en torno al 3%» de los beneficios por sus ventas en cada socio comunitario. La medida afectaría a aquellas compañías que facturen más de siete millones de euros anuales y que cuenten con más de 100.000 usuarios, bien tengan más de 3.000 contratos en un Estado miembro.

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