Comienza el juicio a los dueños de SeriesYonkis: así se castiga la piratería en España

Comienza el juicio a los dueños de SeriesYonkis: así se castiga la piratería en España

Al joven que empezó como becario en la universidad y a tres socios les acusan de provocar un perjuicio a las grandes productoras y distribuidoras de 546 millones de euros

EFE MURCIA

Los cuatro responsables de la web de descargas ilegales por internet seriesyonkis.com son juzgados desde este lunes en Murcia por presuntos delitos contra la propiedad intelectual que causaron a las productoras de cine perjuicios por 546 millones.

El fiscal -que pide dos años de cárcel y multa de 4.200 euros para cada imputado- señala en sus conclusiones provisionales que uno de ellos, «a sabiendas de lo ilícito de su proceder» y operando desde terminales informáticos de la Universidad de Murcia, donde fue becario, y en su propio domicilio, operó con webs de las que era administrador.

Mediante tres dominios alojados en un servidor domiciliado en Sevilla puso a disposición de los usuarios de internet, presuntamente, el acceso a material audiovisual con derechos de propiedad intelectual, al facilitar enlaces para su visionado en línea y su descarga directa.

La Entidad de Gestión de los Derechos de los Productores Audiovisuales ha valorado los perjuicios en 546 millones y la Federación Antipiratería, en 9,5 millones. EGEDA, ya extinta, representa a las productoras y distribuidoras afectadas: Sony Pictures Releasing de España, Twentieth Century Fox Entertainment España, Columbia Tristar Home Entertainment, Universal Pictures Spain, The Walt Disney Company Iberia, , Warner Bros Video, Laurent Film Video Hogar, Manga Films y Paramount Home Entertainment (Spain)

Los acusados

Los cuatro acusados son Alberto García Sola, dueño de Pousen S.L., la empresa a la que estuvo vinculada SeriesYonkis desde 2009 hasta su venta el 10 de abril de 2011 a Burn Media por 610.000 euros, Alexis Hoepfner, dueño de Burn Media; Jordi Tamargo y David Martínez, que fueron los socios de Hoepfner con quienes Alberto García Sola el traspaso de Series Yonkis y Películas Yonkis a Burn Media SL. Cuando salieron dela empresa se embolsaron 175.000 euros cada uno.

Las condenas previstas por el Código Penal

En 2015 se reformó el Código Penal y se modificaron varios artículos relacionados con la piratería. Así, el artículo 270 y siguientes explican los delitos y las penas por delitos relativos a la propiedad intelectual:

1. Será castigado con la pena de prisión de seis meses a cuatro años y multa de doce a veinticuatro meses el que, con ánimo de obtener un beneficio económico directo o indirecto y en perjuicio de tercero, reproduzca, plagie, distribuya, comunique públicamente o de cualquier otro modo explote económicamente, en todo o en parte, una obra o prestación literaria, artística o científica, o su transformación, interpretación o ejecución artística fijada en cualquier tipo de soporte o comunicada a través de cualquier medio, sin la autorización de los titulares de los correspondientes derechos de propiedad intelectual o de sus cesionarios.

2. La misma pena se impondrá a quien, en la prestación de servicios de la sociedad de la información, con ánimo de obtener un beneficio económico directo o indirecto, y en perjuicio de tercero, facilite de modo activo y no neutral (este es esl caso por el que se juzga a los dueños de SeriesYonkis) y sin limitarse a un tratamiento meramente técnico, el acceso o la localización en internet de obras o prestaciones objeto de propiedad intelectual sin la autorización de los titulares de los correspondientes derechos o de sus cesionarios, en particular ofreciendo listados ordenados y clasificados de enlaces a las obras y contenidos referidos anteriormente, aunque dichos enlaces hubieran sido facilitados inicialmente por los destinatarios de sus servicios.

3. En estos casos, el juez o tribunal ordenará la retirada de las obras o prestaciones objeto de la infracción. Cuando a través de un portal de acceso a internet o servicio de la sociedad de la información, se difundan exclusiva o preponderantemente los contenidos objeto de la propiedad intelectual a que se refieren los apartados anteriores, se ordenará la interrupción de la prestación del mismo, y el juez podrá acordar cualquier medida cautelar que tenga por objeto la protección de los derechos de propiedad intelectual.

Excepcionalmente, cuando exista reiteración de las conductas y cuando resulte una medida proporcionada, eficiente y eficaz, se podrá ordenar el bloqueo del acceso correspondiente.

La venta en mercadillos y el top-manta, también castigados

4. En los supuestos a que se refiere el apartado 1, la distribución o comercialización ambulante (es decir, la venta en mercadillos) o meramente ocasional se castigará con una pena de prisión de seis meses a dos años.

No obstante, atendidas las características del culpable y la reducida cuantía del beneficio económico obtenido o que se hubiera podido obtener, siempre que no concurra ninguna de las circunstancias del artículo 271, el Juez podrá imponer la pena de multa de uno a seis meses o trabajos en beneficio de la comunidad de treinta y uno a sesenta días.

5. Serán castigados con las penas previstas en los apartados anteriores, en sus respectivos casos, quienes:

a) Exporten o almacenen intencionadamente ejemplares de las obras, producciones o ejecuciones a que se refieren los dos primeros apartados de este artículo, incluyendo copias digitales de las mismas, sin la referida autorización, cuando estuvieran destinadas a ser reproducidas, distribuidas o comunicadas públicamente.

b) Importen intencionadamente estos productos sin dicha autorización, cuando estuvieran destinados a ser reproducidos, distribuidos o comunicados públicamente, tanto si éstos tienen un origen lícito como ilícito en su país de procedencia; no obstante, la importación de los referidos productos de un Estado perteneciente a la Unión Europea no será punible cuando aquellos se hayan adquirido directamente del titular de los derechos en dicho Estado, o con su consentimiento.

c) Favorezcan o faciliten la realización de las conductas a que se refieren los apartados 1 y 2 de este artículo eliminando o modificando, sin autorización de los titulares de los derechos de propiedad intelectual o de sus cesionarios, las medidas tecnológicas eficaces incorporadas por éstos con la finalidad de impedir o restringir su realización.

d) Con ánimo de obtener un beneficio económico directo o indirecto, con la finalidad de facilitar a terceros el acceso a un ejemplar de una obra literaria, artística o científica, o a su transformación, interpretación o ejecución artística, fijada en cualquier tipo de soporte o comunicado a través de cualquier medio, y sin autorización de los titulares de los derechos de propiedad intelectual o de sus cesionarios, eluda o facilite la elusión de las medidas tecnológicas eficaces dispuestas para evitarlo.

6. Será castigado también con una pena de prisión de seis meses a tres años quien fabrique, importe, ponga en circulación o posea con una finalidad comercial cualquier medio principalmente concebido, producido, adaptado o realizado para facilitar la supresión no autorizada o la neutralización de cualquier dispositivo técnico que se haya utilizado para proteger programas de ordenador o cualquiera de las otras obras, interpretaciones o ejecuciones en los términos previstos en los dos primeros apartados de este artículo.

Artículo 270 redactado por el número ciento cincuenta y uno del artículo único de la L.O. 1/2015, de 30 de marzo, por la que se modifica la L.O. 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal («B.O.E.» 31 marzo).Vigencia: 1 julio 2015

Artículo 271

Se impondrá la pena de prisión de dos a seis años, multa de dieciocho a treinta y seis meses e inhabilitación especial para el ejercicio de la profesión relacionada con el delito cometido, por un período de dos a cinco años, cuando se cometa el delito del artículo anterior concurriendo alguna de las siguientes circunstancias:

a) Que el beneficio obtenido o que se hubiera podido obtener posea especial trascendencia económica.

b) Que los hechos revistan especial gravedad, atendiendo el valor de los objetos producidos ilícitamente, el número de obras, o de la transformación, ejecución o interpretación de las mismas, ilícitamente reproducidas, distribuidas, comunicadas al público o puestas a su disposición, o a la especial importancia de los perjuicios ocasionados.