Nueve meses de cárcel a dos exdirectivos de FGV por amañar un contrato

Nueve meses de cárcel a dos exdirectivos de FGV por amañar un contrato
J. Signes

La adjudicación correspondía a un concurso público de prestación de los servicios de vigilancia y protección de viajeros, instalaciones y dependencias

EFE

La Audiencia de Valencia ha impuesto penas de nueve meses de prisión a dos exdirectivos de Ferrocarrils de la Generalitat (FGV) por amañar un contrato de vigilancia y no atender los criterios técnico administrativos fijados por el funcionario nombrado al efecto, mientras que la exgerente ha sido absuelta.

Un exdirector de Explotación de FGV ha sido condenado por delito de falsedad documental a nueve meses de prisión, pena que ha sido suspendida por un plazo de dos años bajo la condición de no cometer ningún delito en ese tiempo y estar a disposición del tribunal, y a una multa de tres meses a razón de 15 euros diarios (1.350 euros).

En el caso de un exdirector de Operaciones, se ha sustituido la pena de prisión en concepto de cooperador necesario por una multa de 18 meses con una cuota diaria de 15 euros (8.100 euros), y tiene que pagar además una multa de 1.350 euros.

En ambos casos se ha tenido en cuenta la atenuante de dilaciones indebidas y confesión, según la sentencia de 13 de febrero de la Audiencia facilitada este jueves por el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana.

La exgerente de FGV, Marisa Gracia, ha sido absuelta de falsedad en documento oficial al haberse retirado la acusación contra ella. Las partes aceptaron los hechos y se dictó sentencia oralmente, que es firme y ejecutoria al renunciar las partes a recurrirla.

El contrato amañado corresponde a un concurso público de prestación de los servicios de vigilancia y protección de viajeros, instalaciones y dependencias de FGV en la provincia de Valencia por importe total de 3,58 millones, de los que 846.385 euros son del lote 1, el que se alteró por parte de los exdirectivos.

Los exdirectivos modificaron la propuesta de adjudicación que había realizado el jefe de seguridad, sin atender a los criterios técnico administrativos fijados por el funcionario nombrado a tal efecto. La adjudicataria del lote 1 fue MED Seguridad pese a que el jefe de seguridad había propuesto otra de las empresas que concurrían al concurso.

Según la sentencia, algunos valores presentaron unos dígitos superiores a los obtenidos y dieron como resultado que al final MED Seguridad obtuviera la mayor puntuación.

No había rectificaciones sobre ninguna otra empresa licitadora, lo que indica «de modo palpable» la no existencia de eventuales fallos en operaciones aritméticas sino «un interés en sobrevalorar» algunos conceptos para llegar a la adjudicación.