La mafia armenia fundía en un piso de la provincia de Valencia las joyas que robaba en España

Los investigadores atribuyen a los detenidos numerosos delitos, como pertenencia a organización criminal, tráfico de drogas, blanqueo de capitales, robo con fuerzas en domicilios, tráfico ilícito de vehículos, contrabando de tabaco, tenencia ilícita de armas, falsedad documental, estafa, extorsión o corrupción en apuestas deportivas. Los agentes intervinieron 100.000 euros en efectivo, nueve armas de fuego con numerosa munición, chalecos antibalas y anticorte, sistemas para la inhibición de las comunicaciones, multitud de cajetillas de tabaco de contrabando y maquinaria para la fundición de joyas robadas.

El dispositivo contó con la colaboración de Interpol y Europol, que trasladaron a nuestro país a siete agentes e instalaron tres oficinas móviles en Barcelona, Valencia y Alicante para analizar todos los datos obtenidos en la macrooperación.

La investigación se inicio a principios de 2016 tras el asesinato en Terrasa de dos georgianos vinculados a la organización liderada por Kakhaber Shushanashvili, que actualmente se encuentra cumpliendo condena en una prisión de Francia. Los investigadores crearon un equipo conjunto integrado por agentes de la Policía Nacional y de los Mossos dEsquadra bajo la dirección del Juzgado de Instrucción número 2 de Terrassa y la coordinación de la Fiscalía Especial Contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada. La Policía Criminal de Georgia también colaboró en la macrooperación.

Durante los dos años y medio que duraron las investigaciones, los agentes detectaron una amplia organización criminal de carácter internacional que se había asentado en España para cometer diferentes delitos, especialmente robos en pisos y coches, tráfico de drogas, contrabando de tabaco y corrupción en apuestas deportivas, concretamente en partidos de baloncesto de Azerbayan, de voley playa de Rusia y de tenis pertenecientes a categorías inferiores del circuito ATP. Los investigadores también descubrieron que la organización criminal manejaba información privilegiada de otras competiciones deportivas, como el hockey sobre hielo de la Tercera División de Rusia, y tienen pruebas de la participación de unos 20 deportistas en los amaños.

Varios grupos de la banda cometían robos con en domicilios, especialmente en Valencia y Alicante, y la red disponía de una instalación clandestina en una vivienda de una localidad de la Ribera Baja para fundir piezas de joyería robadas y fabricar lingotes de oro y plata. Además, los delincuentes habían creado una red de distribución nacional e internacional de tabaco de contrabando de primeras marcas en Ucrania, Polonia, Francia, Italia y España. Otra de las actividades a las que también se dedicaban era el tráfico ilícito de vehículos. Adquirían turismos de alta gama en Bélgica y Alemania para venderlos en España tras manipular su cuentakilómetros y falsificar su documentación.

Los investigadores constataron que en Barcelona estaba asentado un jefe de la banda que ejercía un fuerte control sobre la organización, y otro delincuente armenio controlaba la Comunitat Valenciana y era el responsable de dirigir las células dedicadas al contrabando de tabaco, la receptación de joyas, los robos en establecimientos y otras actividades delictivas. Desde Madrid, otro cabecilla se encargaba de recoger el dinero que aportaba cada grupo para una caja común, y también resolvía los conflictos que pudieran surgir entre los miembros de la organización, actuando como mediador o aplicando la imposición de castigos mediante el uso de la violencia.

A finales de 2017, ante la imposibilidad por parte del líder instalado en Valencia de controlar todas las zonas de influencia y modalidades delictivas en la zona, un nuevo jefe se instaló en la Comunitat Valenciana. El recién llegado disponía de una categoría superior en la pirámide delictiva y no dependía de la estructura criminal establecida.

Ambas organizaciones convivieron sin conflictos durante un tiempo, pero el último cabecilla poco a poco se hizo con el control de la red y extendió su área de influencia y su estructura. El líder georgiano envió entonces a Valencia a un hombre de su confianza para que asumiera la dirección de las células y recuperar el control de la organización, pero esto causó un grave conflicto entre ambas facciones. La lucha llegó a tal extremo que ambos grupos hicieron acopio de armas y se ordenó el asesinato de dos de sus miembros, pero los crímenes fueron evitados por la Policía Nacional gracias a la detención de varios integrantes de la banda en el mes de noviembre.

Tras descubrir la gran envergadura de la red, los agentes decidieron dividir la investigación en dos fases. La primera se desarrolló el 28 de noviembre de 2017, cuando la policía desarticuló un entramado delictivo asociado a la organización criminal liderada por Shushanashvili. El jefe de la banda o «ladrón en ley« en su jerga ya fue condenado a 20 años de cárcel en 2016 por los delitos de blanqueo, conspiración para el asesinato, tenencia ilícita de armas, falsificación de tarjetas de crédito y tentativa de estafa continuada. Los policías detuvieron a más de 30 personas de origen georgiano en la primera fase y realizaron 14 registros en domicilios, empresas y establecimientos asociados a la organización.

La segunda fase se llevó a cabo la semana pasada con más arrestos de presuntos miembros de la red. Según informaron fuentes policiales, 66 personas fueron detenidas en la Comunitat Valenciana. En la localidad de Manises, los agentes registraron un kebab en la calle del Molí de la Llum y dos viviendas; y en el término de Godelleta, los agentes arrestaron a varios miembros de la red en dos chalés de la urbanización de Cumbres de Calicanto, concretamente en las calles Torrente y Formentera. Otras tres personas fueron detenidas en la avenida Doctor Corachán en Chiva.

La banda desarticulada tiene vínculos en Estados Unidos, Francia, Bélgica, Italia y Lituania. Entre los detenidos se encuentran seis importantes líderes catalogados con el rango de «ladrón en ley», jefes criminales en los países que formaban la extinta Unión Soviética. El juez de Terrassa que instruye la causa emitió también cinco órdenes internacionales de detención de otros miembros de la organización, bloqueó numerosas cuentas corrientes y embargó bienes de los detenidos.

La red criminal contaba con la colaboración de otros líderes criminales asentados en diferentes países de Europa, quienes a su vez también recibían un sustento económico. Para llevar a cabo este flujo de capital ilícito, los miembros de la organización con cargos intermedios o superiores utilizaban a integrantes de menor rango para recibir y enviar el dinero a través de empresas especializadas o entregarlo en mano a los grandes líderes. A su vez, los diferentes cabecillas gestionaban el capital ilícito con el fin de realizar inversiones patrimoniales o compraban material en subastas para venderlo en el extranjero y blanquear los beneficios. Parte de los beneficios obtenidos por estos clanes iban destinados a una caja común que denominan «obschak». Los jefes mafiosos ordenaban agredir a quienes se negaban a entregar una parte del botín e incluso encargaron el asesinato de dos integrantes.