Un jurado popular juzgará tras 12 años el crimen del exalcalde de Polop

Ponsoda recibió tres impactos de bala en el interior de su coche a las puertas de su domicilio por un presunto sicario en octubre de 2007, y falleció varios días después en el Hospital General de Alicante a causa de las graves heridas.

Los investigadores de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil y la Fiscalía atribuyen la autoría del crimen a un entramado formado por siete personas que se sentarán en el banquillo de los acusados como inductores o ejecutores materiales del asesinato.

Se trata del sucesor de Ponsoda en la Alcaldía, el también popular Juan Cano; los empresarios Salvador Ros, Pedro Hermosilla y Ariel Gatto; y tres presuntos sicarios, Radim Rakowski, Robert Franek y Rafael Montero Trevejo.

La fiscalía solicita 25 años de cárcel para Cano y los tres empresarios y 27 para los supuestos sicarios, a quienes contrataron para cometer el asesinato.

El principal acusado es Juan Cano, que fue concejal de Urbanismo de Polop hasta 2003 y volvió al Ayuntamiento tras las elecciones municipales celebradas en 2007.

Tras el fallecimiento de Ponsoda, fue precisamente él quien le sustituyó en el cargo tras ser investido nuevo alcalde.

Según la investigación, durante el verano de l año 2007 Cano y un empresario local del sector del calzado, Salvador Ros, «se concertaron» con el propietario y el gerente del club de alterne Mesalina, Pedro Hermosilla y Ariel Gatto, respectivamente, para acabar con la vida de Ponsoda.

Para ello, los cuatro urdieron ese plan a través de varios encuentros celebrados en ese club.

Según la versión de la fiscalía, «movidos por la animadversión que sentían hacia él por razón de su cargo de alcalde», estos cuatro acusados encargaron el asesinato de Ponsoda a Raúl Montero Trevejo y los ciudadanos checos Radim Rakowski y Robert Franek.

Los investigadores de la Guardia Civil procedieron a la detención de los supuestos implicados del crimen en 2009, tras recabar el testimonio de un portero del club de alterne, que se convirtió en testigo protegido.

La instrucción del caso se ha visto salpicada por múltiples recursos, lo que ha retrasado la llegada de la causa a juicio hasta ahora.