Secciones
Servicios
Destacamos
Valencia
Necesitas ser suscriptor para acceder a esta funcionalidad.
Jueves, 31 de mayo 2018
Necesitas ser suscriptor para acceder a esta funcionalidad.
Compartir
La investigadora y doctora Almudena Ramón parece haber protagonizado en los últimos años el lado más oscuro de la medicina. La Guardia Civil de Valencia ha detenido a la científica y a su marido por estafar más de un millón de euros, presuntamente, a cerca de 200 personas con falsos tratamientos para curar lesiones medulares. Entre las víctimas se encuentran los padres de cuatro menores que confiaron en la terapia que les ofertó el Centro de Innovación Médica en Regeneración Celular (CIMERM), una clínica privada que dirigía la pareja arrestada en un edificio de oficinas en la avenida de las Cortes Valencianas.
La doctora, su marido y otra médica investigada están acusados de los delitos de estafa agravada y contra la salud pública. Tras un año de arduas investigaciones, los agentes del Grupo de Delitos Económicos de la Guardia Civil de Valencia detuvieron el pasado 15 de mayo a los máximos responsables de la estafa e intervinieron pruebas del delito continuado, como dispositivos de almacenamiento de datos y botes de cristal con sustancias líquidas que administraban a los pacientes.
La operación 'Summas' se inició a principios del 2017, cuando los investigadores tuvieron conocimiento de la existencia de una supuesta y novedosa terapia que ofertaba Almudena Ramón para la cura de lesiones medulares. El tratamiento se realizaba en cuatro fases y comenzaba con el pago de 4.000 euros para luego abonar 50.000 euros más en algunos casos. Los detenidos explicaban a las víctimas que esta terapia permitía la recuperación de lesionados medulares mediante el supuesto trasplante de células que se obtenían del propio paciente.
Tras tomar declaración a varias de las víctimas, los agentes constataron que los tratamientos que recibían consistían en masajes terapéuticos y la administración de productos homeopáticos, a excepción de varios botes con sustancias liquidas que se están analizando para determinar su composición.
En el transcurso de las investigaciones, la Guardia Civil de Valencia recabó informes de los Servicios Sanitarios de la Comunitat Valenciana, la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios, hospitales de referencia –como el Hospital Nacional de Parapléjicos de Toledo–, profesionales de la medicina del ámbito de las lesiones medulares, así como de asociaciones de lesionados. Todos los profesionales consultados coincidieron en que las perspectivas de curación que ofertaban y difundían las tres personas investigadas, así como sus publicaciones en medios de comunicación, carecían de evidencias evaluadas y control por las autoridades sanitarias españolas.
La captación de las víctimas se realizaba a través del sistema de mensajería de la página web del centro médico. Aunque la clínica difundía información genérica del tratamiento, el secretismo y la falta de claridad en algunas fases de la terapia hizo sospechar a los investigadores y autoridades sanitarias de la verdadera finalidad de la doctora.
Además, la pareja detenida advertía a los pacientes que si no contrataban sus servicios, y dado que ellos eran los únicos que ofertaban ese tratamiento, nunca volverían a atenderlos. Esto obligó a algunas víctimas a pedir dinero a familiares y amigos para poder costear la terapia. Una de estas personas intentó suicidarse cuando comprobó que su hijo no ganaba movilidad tras pagar 30.000 euros a la doctora. Varias víctimas localizadas por la Guardia Civil coinciden al afirmar que se sienten engañadas por los responsables del centro médico. También ocultaron su actividad ilícita a Enrique Ponce, uno de los toreros más solidarios, cuando le pidieron que visitara la clínica con fines benéficos.
Aunque las estafas se cometían en la clínica de Valencia, los detenidos ofertaron su terapia hasta finales de 2016 en un centro privado de Elche, por lo que la Guardia Civil continúa las investigaciones para localizar a más víctimas. La operación ha sido desarrollada por el Grupo de Delitos Económicos de la Unidad Orgánica de Policía Judicial de la Guardia Civil de Valencia. Las diligencias fueron remitidas al Juzgado de Instrucción número 2 de Elche. La pareja quedó en libertad con cargos a la espera de la celebración del juicio.
Publicidad
Publicidad
Te puede interesar
Publicidad
Publicidad
Reporta un error en esta noticia
Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores
¿Ya eres suscriptor?
Inicia sesiónNecesitas ser suscriptor para poder votar.