Los proxenetas se declaran insolventes para no indemnizar a sus víctimas

Los proxenetas se declaran insolventes para no indemnizar a sus víctimas
E. D. S. B.

Las cantidades fijadas por los jueces son dispares y pueden llegar hasta los 250.000 euros, pero no se suelen cobrar

Doménico Chiappe
DOMÉNICO CHIAPPEMadrid

El monto más alto fijado en un tribunal español para una víctima de explotación sexual benefició a una de las mujeres esclavizadas por una organización criminal conformada por al menos 19 sujetos. En este caso, la Audiencia Provincial de Barcelona dictó penas de prisión, entre tres y doce años, por los delitos de trata de seres humanos, favorecimiento de inmigración ilegal y aborto no consentido. A la víctima debían indemnizarla con 250.000 euros. Todos ellos se declararon insolventes. La mujer fue captada por el hermano de su pareja sentimental en Marruecos, vendida tres veces antes de llegar a España, señalada por sus captores como deudora de 30.000 euros. Cuando la 'madame' descubrió que estaba embarazada, la puso «en venta». Pidió 8.000 euros y rebajó a 7.000. Le ofrecieron 4.000.

La víctima logró acantonarse en un centro de la Cruz Roja, pero se entregó a la banda criminal cuando su familia fue amenazada en su país de origen y la llamó para pedirle que no se resistiera a ejercer la prostitución. La «movieron» de Málaga a Barcelona, donde le practicaron un ritual vudú con las uñas y el cabello recién cortado. Era tan joven, dice la sentencia, que ni siquiera tenía vello púbico.

Atemorizada, creyendo que moriría si desobedecía, suplicó que la dejaran tener a su hijo. Pero los proxenetas, entre cuyas prisioneras había niñas de 15 años, le negaron ese derecho y la llevaron a un centro de abortos, donde no interrumpieron el embarazo por la avanzada gestación. Aun en ese estado, la obligaron a prostituirse y, para vencer sus continuas resistencias, le administraron un fármaco. Treinta pastillas. La mitad vía oral, las demás, por la cavidad vaginal. Debido a la hemorragia que se produjo terminó en un hospital. Antes, su 'madame' la golpeó. El parto se adelantó, el bebé nació pero murió diez días más tarde. Ella sobrevivió.

Su caso se cerró en 2014 y la sentencia obligaba a los condenados a pagar la indemnización más alta fijada hasta ahora para los casos de explotación sexual. Una cifra excepcional. «La cuantía de la indemnización es circunstancial», explica Joaquín Sánchez-Covisa, fiscal jefe de la Sala de la Unidad de Extranjería. «Depende de su caso personal, si ya la víctima ejercía la prostitución en su lugar de origen, si vino engañada, la edad. No es lo mismo una niña de 16 años que alguien mayor. Nunca se puede hablar de 'víctimas' en plural. Sino de 'víctima' en singular. Porque no hay números sino personas».

A pesar del dictamen del tribunal y de la jurisprudencia del Supremo, la mujeres que han sido esclavizadas no suelen cobrar. «Las organizaciones criminales se dedican a ocultar cualquier visibilidad del dinero que recaudan», mantiene Sánchez-Covisa, en el foro 'Acceso a la justicia y la compensación a víctimas de trata', organizado por Proyecto Esperanza y Adoratrices. Un estudio realizado por el consorcio Justice at Last concluyó que en Europa «dos de cada tres de las víctimas que reclamaron una compensación la recibieron» pero «sólo una cuarta parte de ellas llegó a recibir el monto de la compensación otorgada».

En este análisis, realizado con una muestra de 60 casos en distintos países de la Unión Europea, la cantidad de resarcimiento más alta fue de 190.000 euros y la más baja de 800. «En España sólo en once casos de los 40 en que ha habido condena se han ejecutado las órdenes de compensación o se están ejecutando, en gran medida, con pagos mensuales muy bajos por parte del delincuente condenado», manifiesta Marta González, coordinadora de Sensibilización e Incidencia del Proyecto Esperanza.

Manos vacías

«La cuantías de indemnización a las víctimas son muy dispares porque cada víctima es una persona con una historia distinta, una idiosincrasia propia y un padecimiento individual que influye en los pronunciamientos», sostiene María Pilar Izaguerri, fiscal delegada de Extranjería en Barcelona, en su ponencia en la sede del Parlamento Europeo. «Para determinar una indemnización hay que saber sus circunstancias. Pero existen dificultades para que lo declarado en sentencia sea efectivo, porque los tratantes ocultan sus bienes con declaraciones de insolvencia».

Sin haber un «criterio cerrado» en la forma de resarcir el daño, algunos montos se repiten en las sentencias. Con frecuencia están entre los 30.000 y los 60.000 euros, en reclamaciones por la vía penal o civil. Como la de una mujer que llegó a España con su hijo, al que dejó a cargo de un cómplice de la red de explotación sexual, que le sumaba 400 euros mensuales a su deuda de 18.000 euros por cuidar del niño. Fue prostituida en Canarias, en la Playa del Inglés y el centro comercial Kasbah hasta que amanecía. Sucedió en 2009 y su liberación llegó después de un largo proceso judicial que terminó en 2015.

«Muy pocas víctimas han accedido a la indemnización y en algunos casos hay un esfuerzo reparador del condenado, prestando servicios o con pagos fraccionados», dice Izaguerri. «Una indemnización mínima», en la cuarta parte de los casos. Ninguna en el resto.