La indigestión inglesa

A lgo deben de tener los turistas ingleses en el tracto digestivo porque a muchos les sienta tan mal la comida española que se sienten morir. Por fortuna no se mueren demasiado, solo un poco, lo justo para comprar en una farmacia un antidiarreico, guardar el recibo y, de paso, pasar gratis las vacaciones. Lo curioso es que son solo ingleses los afectados por una 'ola de intoxicaciones alimentarias' que desde 2015 se ha extendido por los hoteles en régimen de todo incluido de Baleares, Canarias y demás lugares costeros frecuentados por los foráneos. El resto de los ciudadanos del mundo no sufre los problemas gástricos que atacan a los británicos cuando comen una paella. Son al parecer más duros o quizá menos listos, porque ellos sí pagan sus vacaciones.

En los últimos dos años, el número de reclamaciones presentadas por turistas británicos que aseguran haber sufrido una intoxicación alimentaria en su hotel se ha incrementado en un 700%. No hay cifras oficiales, pero un gran turoperador ha reconocido que el pasado año recibió más de 10.000 denuncias, ocho veces más que en 2015. La mayoría de las quejas terminan con el reintegro al cliente del dinero que le ha costado el alojamiento.

Los hoteles no tienen más remedio que pagar porque están atados de pies y manos. La cuerda comenzó a anudarse en 2013, año en el que un cambio legal en Reino Unido abrió la posibilidad de presentar sin costas reclamaciones por prestación de servicios realizados en el extranjero. Aquello dio paso a un aluvión de oportunas 'intoxicaciones', casi siempre con resultado de indemnización.

El procedimiento es sumamente sencillo. Basta con que el presunto afectado acuda, por ejemplo, a una farmacia de Magaluf, compre un fármaco y se asegure de guardar bien el recibo. A partir de ahí, sólo hay que esperar. A su regreso a casa, el turista se pone en contacto con un médico, le dice que se intoxicó durante las vacaciones y le pide que lo certifique. El cliente tiene un plazo de tres años para reclamar con el recibo de la farmacia y el informe médico como únicas pruebas de sus padecimientos estomacales. No necesita más. La Justicia británica obliga al agente de viajes a demostrar que el demandante no se intoxicó, algo que es imposible de probar meses o años después del supuesto incidente.

Esta dificultad, junto con el elevado precio de los litigios en Reino Unido, que pueden costar hasta 50.000 libras, son argumentos más que suficientes para que la agencia de viajes opte por reintegrar directamente a su cliente el dinero del alojamiento. La agencia se libra de esta manera de una molesta complicación y no pierde dinero porque se lo reclamará al hotelero, que acaba pagando porque así lo establece su contrato.

En el origen de esta epidemia de intoxicaciones fraudulentas se hallan las 'farmers claims' (recolectores de reclamaciones), empresas encargadas de recopilar denuncias, aunque sean falsas, para cobrar indemnizaciones. Hasta hace pocos meses se anunciaban en furgonetas estacionadas frente a los hoteles, pero esta práctica ha desaparecido porque no cumplía con la legalidad española. Ahora usan otras técnicas.

«Para captar clientes meten folletos bajo la puerta de las habitaciones o se disfrazan de turoperadores y entregan en las piscinas tarjetas donde dicen a los ingleses que pueden tener las vacaciones gratis», explica Ramón Estalella, secretario general de la Confederación Española de Hoteles y Alojamientos Turísticos (Cehat). Cuando estos recolectores tienen una cantidad suficiente de denuncias, las remiten a algún bufete inglés de abogados, que se encarga de tramitarlas y de aportar médicos dispuestos a firmar cualquier informe que se les presente. «No denuncian directamente al hotel, porque eso tendría que tramitarlo la Justicia española, por eso demandan a la agencia de viajes de su país», precisa Estalella. El negocio es suculento. Por una reclamación de 10.000 euros, 7.000 son para los letrados.

El fraude alcanza los 50 millones de euros en el sector turístico español. «Hay hoteles de cuatro estrellas que en dos años han tenido que pagar más de 250.000 euros por estas reclamaciones», asegura Jorge Marichal, presidente de Ashotel, la patronal hotelera de Tenerife. «Son cantidades millonarias que el sector no puede soportar, muchos negocios no se van a poder mantener si esto sigue así», advierte.

Las patronales españolas han llegado a plantearse la medida radical de dejar de operar con turoperadores británicos para evitar la proliferación de denuncias falsas. En algunos hoteles piden a los clientes que certifiquen por escrito en el momento de su marcha que no han tenido ningún problema. Pero lo ideal, afirman las patronales, sería que los denunciantes paguen las costas en su país si pierden el caso.