Españoles a prueba

Fabrizio, de 31 años, vino a España procedente de Uruguay para labrarse una carrera como actor, bailarín y cantante. Después de casi nueve años en Madrid, no se puede quejar. «En lo laboral me ha ido bien», dice. El jueves se sometió en una academia madrileña a un examen para demostrar su conocimiento y arraigo social en el país, un requisito imprescindible para adquirir la nacionalidad española. «Estoy seguro de que lo aprobaré sin problemas.

Son preguntas sobre la Constitución, aspectos legislativos, un poco de geografía y cuestiones de la vida diaria», asegura. Como él, casi ocho mil inmigrantes se presentaron el jueves a este test. Este trámite sustituye a la entrevista que hacían funcionarios del Registro Civil y que numerosas organizaciones tachaban de «arbitraria» por el alto grado de subjetividad que entrañaba.

Con este examen homologado se pretende evitar situaciones absurdas, como la que le ocurrió el año pasado a un marroquí a quien el juez denegó la nacionalidad española por ignorar lo que significaba el refrán «en casa del herrero, cuchillo de palo». La Audiencia Nacional impuso un poco de cordura y revocó una decisión trufada de aleatoriedad. El solicitante del pasaporte sabía incluso quién era el presidente de la Generalitat y el alcalde de su municipio, Cornellá de Llobregat (Barcelona), pero dio con un juez demasiado amante de la sabiduría popular.

Fabrizio y los extranjeros que se presentaron al examen tuvieron que pagar 85 euros sólo por inscribirse en el proceso. El precio incluye el acceso al manual de preparación de la prueba, que no debería tener un coste elevado ya que se descarga de internet. Desde que en octubre de 2015 se reformaron los trámites para obtener la nacionalidad por residencia, las gestiones destinadas a este fin dejaron de ser gratuitas. Solo por presentar el expediente es preciso desembolsar una tasa de 100 euros. Por añadidura, los inmigrantes que provienen de un país donde el español no es lengua oficial han de abonar la matrícula de la prueba de idioma, de la que se hace cargo el Instituto Cervantes y que cuesta 121 euros. De esta manera, entre tasas, documentación compulsada y matrículas, el coste de cada petición es fácil que se eleve a 300 euros. «Se ha ganado en mayor objetividad a la hora de juzgar la integración social, pero el proceso se ha encarecido mucho», dice un miembro de la comisión jurídica de SOS Racismo.

15 preguntas correctas de 25

La prueba que han de aprobar todo los aspirantes, sean o no hispanohablantes, versa sobre conocimientos constitucionales y socioculturales (CCSE), un examen tipo test que se compone de 25 preguntas, de las cuales basta con responder 15 correctamente para pasar la criba. En caso de suspender, el solicitante habrá de abonar de nuevo los 85 euros. «Se trata de preguntas sencillas que aprueba el 90% de los que se presentan», explica Oscar Rodríguez, director adjunto de la academia Paraninfo, acreditada por el Instituto Cervantes para que en ella se celebre el examen. «No impartimos clases de preparación porque nadie las demanda. Aquí la mayoría de los que se examinan son hispanohablantes y no tienen problemas para superar el test», apunta Rodríguez.

No obstante, SOS Racismo considera que el test puede entrañar cierta dificultad. «Las personas mayores que han perdido el hábito de estudiar o que carecen de formación pueden sufrir complicaciones», señala la entidad. Probablemente algunas preguntas no las contestaría adecuadamente un español. Una de ellas -incluidas en el temario- inquiere dónde se paga el Impuesto de Vehículos de Tracción Mecánica.

La ley establece que para obtener la nacionalidad española por residencia es preciso demostrar que se vive en el país desde al menos diez años de manera legal. Este plazo se reduce a cinco años si el peticionario es refugiado; y a dos años si se procede de una nación iberoamericana, Andorra, Filipinas, Guinea Ecuatorial, Portugal o personas de origen sefardí. Los hijos o nietos de españoles nacidos en el exterior sólo tienen que acreditar una residencia de al menos un año en España.

El uruguayo Fabrizio invirtió menos de los 45 minutos estipulados para responder al cuestionario. De hecho fue el primero en abandonar el aula. Al principio las preguntas eran las mismas para todos, pero después se optó por exámenes individuales ya que era muy fácil que unos copiaran de otros. Como el test se celebra en distintos lugares del mundo, la diferencia horaria permitía que los primeros en hacerlo comunicaran a compañeros de otros países el contenido de la prueba.

Para SOS Racismo, la burocracia y la lentitud de la Administración están lastrando gravemente la tramitación de expedientes. No en balde, hay muchos acumulados que datan de 2014 y 2015, cuando toda la documentación se exigía en papel. Ahora el demandante tiene que escanear sus documentos y enviarlos a la oficina electrónica del Ministerio de Justicia. «En algún caso se ha perdido el expediente y la Administración lo ha dado por sustraído», denuncia la ONG. Fabrizio no tendrá que esperar mucho. El Instituto Cervantes tiene que informarle en no más de 20 días si ha superado el examen. «Pronto podré trabajar en cualquier país de la UE», dice.

Alba Alderete I Paraguay

Alba Alderete, de 36 años, está empleada como trabajadora del hogar. Vino a España procedente de Paraguay hace trece años y ahora, con tres hijos, se considera plenamente adaptada al país. «Pensábamos estar sólo dos años, pero al final nos hemos quedado porque aquí están mis hijos, que han nacido en España, y mis padres», dice. «Al principio fue duro. Llegamos gracias a una abogada. Ahora ya estamos acostumbrados e incluso tenemos amigos españoles. Como se suele decir, Madrid es una ciudad multicultural. Antes enviaba dinero a mi familia en Paraguay, pero como primero vino mi madre y el año pasado llegó mi padre, ya no tengo a nadie a quien ayudar».

«Hay gente que no te quiere porque no eres de aquí y dice que vienes a quitarles el trabajo. En España hay gente buena y mala, como en todos lados. Conmigo se han portado bien, no tengo queja», explica esta paraguaya afincada en el barrio madrileño de Vallecas. «Vivimos todos juntos en un piso. Tengo un bebé chiquito y ahora no trabajo demasiadas horas, aunque ya he empezado de nuevo a incorporarme a la casa donde limpio», señala Alba, casada con un paraguayo que también reside en Madrid.

Se muestra satisfecha por el resultado del examen, al que se ha presentado junto con su madre. «Creo que no me dejado ninguna pregunta en blanco. Antes, hará dos años, era todo más sencillo, no era necesario presentarse a ninguna prueba», apunta Alba. «Mis hijos son españoles, han nacido aquí y no tienen que aprobar ningún examen».

Yndonee J. Gómez I Venezuela

Yndonee Josefina Gómez aterrizó hace tres años en Madrid, donde ha montado un negocio de mensajería y transporte de comidas. Procedente de Venezuela, se marchó de su país a la vista de los crecientes problemas que padece. «Vine con una situación financiera y económica muy planificada y organizada, pero conozco a personas a las que les ha costado muchísimo adaptarse a España». Yndonee trabajó muchos años en la industria farmacéutica de su país. Con los ahorros y la liquidación que obtuvo cuando abandonó la empresa se vino a España con las ideas claras. Se afincó en Madrid y se dio de alta en la Seguridad Social como autónoma.

No tiene a su cargo a ningún empleado, aunque le ayuda un familiar. «No es fácil para nadie salir de su país y buscar nuevos horizontes. Lo más complicado aquí es comenzar de cero. Al menos en mi país conocía a gente que me podía ayudar ofreciéndome referencias para encontrar buenos trabajos. Poner en marcha la empresa me ha costado mucho. Se me hizo todo muy cuesta arriba».

Para que comenzara a andar el negocio tuvo que visitar muchas ventanillas y cumplimentar trámites enojosos. Con todo, se felicita por por no haber sufrido discriminación. «Ahora me toca reconstruir mi propia historia. En España pienso dar lo mejor de mí. Desgraciadamente en Venezuela las cosas están bien complicadas, cosa que sabe todo el mundo», subraya. Confía en aprobar el examen. «Me han tocado preguntas de historia y geografía, dos materias que me gustan. Había estudiado mucho».

Modesta Sánchez I Paraguay

Modesta Sánchez lleva diez años en España. Vive con su hija en Vallecas (Madrid) y, como ella, dejó atrás Paraguay, uno de los países de Latinoamérica con mayor índice de emigración. «Cuido a una persona que sufre alzhéimer. Quiero la nacionalidad para que me quede algo de pensión, aunque supongo que será poco porque no tengo los suficientes años cotizados en la Seguridad Social», mantiene.

Modesta, de 64 años, sigue mandando dinero a Paraguay, donde se encuentra su madre, que ya es octogenaria. El año pasado por fin pudo venir su marido, de modo que buena parte de la familia está reagrupada. Confía en haber salido airosa del test. Se muestra animosa y esperanzada. «Hemos contestado a todas las preguntas. Nos han dicho que casi todos los que se examinan aprueban. Espero que suceda lo mismo con nosotras», dice.

Sánchez viene de un país desangrado por la emigración. A diferencia de sus compatriotas, que eligen como destino mayoritario para trabajar Argentina, ella se decantó por España, donde su hija Alba había allanado el camino para asentarse. España es el segundo país que eligen los paraguayos cuando se van en busca de una vida mejor. Allí suelen ser las mujeres las que toman la iniciativa y engrosan la nómina de emigrantes. El tercer destino es Brasil. Como su hija, Modesta ha vuelto de vacaciones a Paraguay. Viajes ocasionales para ver a la familia. En España están su vida y sus nietos, uno de ellos nacido a finales de 2016 y que aún no ha cumplido el año.

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