El Tribunal de Cuentas fuerza a Gandia a pagar costas al retirar una denuncia contra Torró

El exalcalde Torró, en una comparencia en 2014. / juanjo peret
El exalcalde Torró, en una comparencia en 2014. / juanjo peret

Los letrados del exalcalde solicitarán el abono de 100.000 euros en base a los honorarios que fija el Colegio de Abogados y el tipo de proceso judicial

Ó. DE LA DUEÑA

gandia. El gobierno local (PSPV y Més Gandia) tendrá que hacer frente al pago de costas judiciales tras retirarse de un proceso que inició en el Tribunal de Cuentas de Madrid. De momento, se desconoce la cifra que deberá asumir el ejecutivo, pero se anticipa que se será cuantiosa, dadas las cifras que se manejaban en la demanda.

El consistorio interpuso una reclamación de «responsabilidad contable» contra el exalcalde Arturo Torró y el exgerente de la empresa Iniciatives Públiques de Gandia (IPG) Gonzalo Morant. El gobierno reclamaba a los populares un montante de casi siete millones de euros. Los letrados del exalcalde solicitarán casi 100.000 euros por las costas.

El escrito se tramitó en marzo de 2017, pero no fue hasta septiembre de ese mismo año cuando el Tribunal de Cuentas admitió a trámite la denuncia. En ese momento, el magistrado de Madrid inició la recogida de información. Del Ayuntamiento de Gandia se solicitó la documentación que pudiera probar cualquier presunta de mala praxis en en el seno de IPG.

Es más, en el punto tercero del decreto de reintegro -archivo- se relata que el consistorio presentó un escrito en julio de 2017 exigiendo que Torró y Morant «fueran condenados» a reingresar «los perjuicios causados a los caudales públicos y los intereses de demora». Unos meses después, en diciembre, se fija la cuantía del proceso en 6,7 millones de euros.

Una vez establecidas las cifras, los demandados presentaron sendos escritos contestando a las acusaciones que partieron del gobierno y el tribunal citó a las dos partes para que acudieran a una comparecencia el 7 de febrero de este año.

En esa vista, el Ministerio Fiscal descartó adherirse a la demanda interpuesta por el gobierno de Gandia, algo que para el Partido Popular es la «prueba de que este organismo no atisbaba ninguna irregularidad», afirmó ayer el concejal Guillermo Barber.

Acto seguido, el 26 de febrero de este año, el Ayuntamiento presentó un nuevo escrito donde pedía retirarse del proceso y solicitaba la suspensión del juicio. El motivo que se argumentó ante los magistrados de Madrid fue que los mismos hechos ya iban a ser «enjuiciados en otros órdenes jurisdiccionales», relata el excrito.

Otras causas

«Hay abiertas otras causas contra Torró y una de ellas se corresponde con esta que se investigaba en Madrid. El Juzgado número 3 de Gandia investiga por presunta prevaricción al exalcalde, por transferir más de seis millones de euros a IPG durante su mandato», explicaron desde el gobierno . Las mismas fuentes precisaron que es necesario retirarse de una causa si ya se está tratando en otra sede judicial y eso es lo que se hizo en el caso de la demanda interpuesta en Madrid.

La sentencia sólo fija la obligación de Gandia de asumir las costas del proceso, algo habitual cuando una parte se retira. La cantidad de momento se desconoce, pero fuentes consultadas por este periódico advirtieron que serán elevadas: «El Colegio de Abogados es claro. Las tarifas suben en función del tribunal al que se acude y se disparan según las reclamaciones contables o patrimoniales que se formulan».

Por ello, los abogados de Torró ya han preparado un escrito solicitando unos 100.000 euros, en base a las tablas del colegio. «En el 99,9% de casos se acepta la propuesta del letrado», dijero desde el PP. El exalcalde aseguró que el «PSPV tiene manía persecutoria a Torró y al PP». «Sabían que iban a perder, por eso retiraron la demanda. Gandia debe saber que Diana Morant presenta denuncias y paga miles de euros en costas cuando las pierde. Ella pretende ganar en el juzgado lo que perdió en las urnas. Sabe que la ciudad no está con ella», concluyó.

 

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