Oliva acaba con la inseguridad jurídica de 120 vecinos al legalizar Aigua Blanca y Canyades

Un vial de la urbanización Aigua Blanca IV hace unos días. / lp
Un vial de la urbanización Aigua Blanca IV hace unos días. / lp

El gobierno pone punto y final a los sectores más polémicos al publicar el Plan Parcial, algo que no se hizo cuando arrancó el proceso hace 16 años

Ó. DE LA DUEÑA

gandia. El gobierno de Oliva ha puesto punto y final a la inseguridad jurídica a la que se podían enfrentar hasta 120 propietarios de parcelas en dos sectores de la localidad: Aigua Blanca IV y Canyades 1. La situación en cada uno de los residenciales ha sido distinta, pero tenían algo en común la falta de un Plan Parcial, que alejaba de la legalidad a los dueños de las parcelas.

El consistorio aprobó en el último pleno la convalidación de los proyectos de urbanización y reparcelación de los dos sectores, zanjando así una problemática que se arrastra desde 2002.

En el caso de Canyades, el proceso arrancó hace casi 14 años. La actuación cumplía todos los requisitos menos uno: El Plan Parcial no se publicó en el Boletín Oficial de la Provincia, como marca la normativa. Pese a estar redactado y aprobado, no se ajustaba a la legalidad al no salir en el BOP, ya que no se dio por comunicado.

Esto dejaba a los vecinos en una situación precaria, como dijo el alcalde de Oliva, David González. «Alguno podría haber impugnado las obras de urbanización, las cuotas e incluso la reparcelación, poniendo así en peligro todo el sector. La inseguridad jurídica era total».

El actual gobierno retomó los trámites y en los últimos años ha trabajado para devolver a la legalidad el residencial: «El Plan Parcial se aprobó en 2004, pero no se publicó en el BOP hasta 2018. En el último pleno ha salido adelante la convalidación del proyecto de urbanización y reparcelación. Ahora lo que es total es la seguridad de los más de 70 propietarios del sector».

Legislaturas de problemas

Mucho más complicado ha sido desatascar Aigua Blanca IV, ya que en este caso «no había ni Plan Parcial». La actuación arrancó en 2002, con un gobierno del Partido Popular, y se arrastró en las sucesivas legislaturas con el PSPV.

El problema se agravó con la quiebra de la empresa constructora, Midascon. Esto abrió un verdadero calvario para el medio centenar de propietarios, que han visto como las calles de su residencial han estado cortadas y a medio construir durante más de una década.

Finalmente, en Oliva se logró el consenso necesario para retomar las obras y poner fin a los quebraderos de cabeza de los vecinos. En los últimos años se han ido dando pasos en firme para legalizar la situación y uno de ellos era elaborar el Plan Parcial y publicarlo en el BOP, algo que no se hizo en su momento.

Superado este trámite comenzaron las obras y en el último pleno, al igual que en Canyades, se aprobó la convalidación del proyecto de ejecución, dando legalidad de forma definitiva al sector que más polémica ha generado en Oliva en décadas.

 

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