Un juez declara nula la ocupación de terrenos del colector de Tavernes y da la razón a los vecinos

Máquinas y operarios trabajando ayer por la mañana en las obras del colector de la playa de Tavernes detrás del edificio San Pablo. / lp
Máquinas y operarios trabajando ayer por la mañana en las obras del colector de la playa de Tavernes detrás del edificio San Pablo. / lp

El Consistorio anuncia que no se paralizarán las obras y que hay formas para compensar a los dueños de las parcelas afectadas en la playa

ROCÍO ESCRIHUELA TAVERNES.

Un juez ha anulado la ocupación directa de los terrenos por donde transcurrirá el colector y el vial perimetral de la playa de Tavernes, y donde hace varias semanas se están realizando ya las obras de estas infraestructuras.

El juzgado de lo contencioso administrativo número 9 de Valencia ha dado la razón a los propietarios afectados al anular los actos administrativos del proyecto de ocupación realizado por el Ayuntamiento y obliga al Consistorio a la devolución de los terrenos a sus propietarios. La demanda la presentaron cinco de los 18 dueños afectados.

A pesar de que la sentencia no es firme y cabe recurso de apelación en un plazo de 15 días, el fallo avala el recurso de los demandantes por «caducidad del expediente». El Consistorio ya ha señalado que presentarán recurso ante el Tribunal Superior de Justicia. La sentencia señala que la administración pública dispone de un plazo de tres meses para resolver el expediente de ocupación directa y transcurrido ese tiempo se produce la caducidad, y eso es lo que ha sucedido.

Ante tal situación, el juez considera que «se observa una falta de diligencia en la tramitación del expediente por parte del Ayuntamiento, ya que se tardó casi un mes y medio en remitir la notificación a los interesados y que el proyecto de ocupación directa fue redactado cuando ya habían pasado cuatro meses desde la providencia de incoación».

El magistrado recuerda que con anterioridad ya se había archivado por caducidad de tres meses un anterior expediente de ocupación directa de los mismos terrenos e indica que ante la caducidad del expediente, «el recurso debe prosperar, sin que sea necesario entrar a abordar el resto de motivos formulados por los demandantes».

Devolución

En la demanda, los dueños solicitan la devolución de los terrenos ocupados o, «si eso resulta imposible, el derecho a obtener el precio justo incrementado en un 25%». En estos momentos las obras están en marcha y el gobierno ha señalado que no se van a paralizar. Desde el ejecutivo han recordado que la ocupación de terrenos se realizó en base a la normativa de la Ley de Ordenación del Territorio, Urbanismo y Paisaje (Lotup) que «da potestad a las administraciones públicas para ocupar terrenos para ejecutar obras de interés público y general, como es el caso del colector de la playa».

Ante tal situación, el gobierno considera que en el supuesto de una sentencia desfavorable, que llegaría con las obras finalizadas, la «única forma de ejecutar la sentencia es la de indemnizar a los propietarios».

Así lo ha manifestado el edil de Urbanismo, Josep Llácer, quien ha lanzado un «mensaje de tranquilidad» y ha manifestado que «como la ocupación directa ya se ha ejecutado, las obras no se van a paralizar». El concejal ha anunciado que existen tres fórmulas para indemnizar a los dueños: hacer una valoración con tratamiento de suelo rústico, el aprovechamiento urbanístico o llegar a un acuerdo con los afectados.

El edil reconoce que el plazo para estos expedientes es de tres meses pero «es imposible cumplirlo porque es un trámite muy largo que incluye informar a las partes, un periodo de alegaciones, y resolverlas».

Por su parte, desde la oposición, la popular Eva Palomares asegura que «la sentencia demuestra que Compromís no ha gestionado bien la obtención de terrenos y ahora preocupa el retraso que pueda suponer en las obras y lo que nos va a costar». El socialista Victor Borrás considera que estas situaciones «nos llevan a la parálisis de la ciudad además de generar costes». Desde Ciudadanos, Carlos Gimeno ha indicado que el fallo judicial «es una muestra del desastre de la gestión de Compromís que es impositivo y ahora pagamos las tornas los ciudadanos».