Gandia recibe 1,8 millones para reparar infraestructuras dañadas por el incendio

También deberán ir destinadas a paliar los daños a bienes muebles e inmuebles de personas físicas o jurídicas que no estuvieran cubiertos por el sistema de seguros. No serán subvencionables, con arreglo a este decreto, las actuaciones dirigidas a nuevas infraestructuras y bienes públicos, a nuevas infraestructuras agrarias ni a la construcción de nuevos inmuebles o la mejora de los mismos.

El pago de las cuantías otorgadas a los ayuntamientos se realizará mediante el libramiento anticipado del 100 % del importe de la ayuda, una vez comunicada y aceptada esta.

Los importes, que tendrán la consideración de ayudas directas, se deberán destinar exclusivamente a la realización, por parte de los ayuntamientos, de actuaciones para paliar los daños producidos por los incendios forestales, de conformidad con las valoraciones presentadas.

Respecto a los daños producidos en bienes muebles e inmuebles de personas físicas y jurídicas, se contempla, por destrucción total de la vivienda, hasta el 100 % de los daños valorados, sin que se puedan superar 15.120 euros, si es vivienda habitual, y 12.118 euros, si es vivienda no habitual.

Por daños que afecten a las estructuras de la vivienda, hasta el 50 % de los daños valorados, sin que se puedan superar 10.320 euros, si es vivienda habitual, y 8.974 euros, si es vivienda no habitual.

Por daños que no afecten a las estructuras de la vivienda, hasta el 50 % de los daños valorados, sin que se puedan superar 5.160 euros, si es vivienda habitual, y 4.062 euros, si es vivienda no habitual.

Por daños en el equipamiento personal y doméstico básico de la vivienda, una cantidad correspondiente al coste de reposición o reparación de los enseres afectados, que no podrá ser superior a 2.580 euros, si es vivienda habitual, y a 1.474 euros, si se trata de la vivienda no habitual.

La Generalitat efectuará un control de las actuaciones de reparación de los daños que consistirá en la realización de un análisis de campo sobre un mínimo del 5 % de las solicitudes presentadas y del 5 % del volumen solicitado, seleccionadas mediante un procedimiento aleatorio corregido por criterios de factores de riesgo.