Gandia da 15 días a los dueños del bajo donde se hacinan inmigrantes para clausurar el local

Este documento resolverá el cierre y precintado del bajo, al no ajustarse a la licencia que tiene concedida, de establecimiento comercial. Esto, por tanto, impide que en el local residan personas y convierte en ilegal la situación. En estos momentos residen en este establecimiento unos 25 inmigrantes.

La actividad que se está llevando a cabo en este local ha indignado a los residentes de pisos del mismo edificio, ya que temen que se produzcan daños en el inmueble, como recordó ayer la presidente de la comunidad y dirigente de la Asociación de Vecinos, Elisa Carbó, quien relató que llevan años «con miedo de que ocurra una desgracia».

«Yo no permitiría que un hijo o un familiar mío viviera en esas condiciones», señaló ayer la dirigente vecinal. El local se ha convertido en una pseudo vivienda. Se han levantado tabiques con tablas de madera y algunos compartimentos sólo una cortina para garantizar algo de intimidad.

En este bajo los inquilinos cocinan y duermen, lo que genera intranquilidad en los vecinos. «No sólo entran botellas de butano a un local que no tiene salida de humos, sino que deben tener radiadores para caldear el local y eso es un completo peligro para todo el edificio. Tememos que haya fuego o una explosión», dijo Carbó.

La vecina añadió que este comercio llevaba años cerrado y que desde hace dos años están residiendo allí los más de 25 inmigrantes. «Los propios residentes dicen en comercios cercanos que pagan unos 40 o 50 euros por semana», mientras que la «persona que tiene el local arrendado va diciendo por ahí que es una oenegé».

En cualquier caso, desde el departamento de Urbanismo remarcaron ayer que en este local se está llevando a cabo una actividad que dista mucho del permiso concedido.

«Los inspectores de Actividades acudieron al local y comprobaron que la actividad no se ajustaba a la licencia y, por ello, se procede a decretar la clausura», indicó ayer el coordinador de Urbanismo, Vicent Mascarell.

El concejal socialista explicó que se trata de un tema sensible, pero que los técnicos son los que informan de la situación y los que instan a resolver.

En este caso no queda otra alternativa que suspender la actividad. Por ello, la próxima semana le llegará a la persona que tiene arrendado el local una notificación instándole a cesar en la actividad.

«El plazo que se da en estos casos es de 15 días. Esperamos que no haya problemas y todo se desarrolle con normalidad», agregó Mascarell. Por otro lado, el edil de Responsabilidad Social y presidente de la Junta de Distrito, Nahuel González, remarcó en la importancia de denunciar.

«Estoy al lado de los vecinos para que esta situación cambie», afirmó el concejal de Més Gandia, quien añadió que tanto en su distrito como en cualquier otro, los vecinos deben llamar a la Policía Local si entiende que hay alguna actividad ilícita, ya sea ocupación, prostitución o venta de drogas.