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Ó. DE LA DUEÑA
GANDIA.
Viernes, 1 de junio 2018, 00:59
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La gestión privada de las escoletes de Gandia ha llegado a su fin. Seis años después de que el exalcalde Arturo Torró optara por sacar a concurso la cesión de este servicio, la red de guarderías vuelve a manos públicas.
Este proceso ha sido posible gracias a la colaboración de la Generalitat y del Ayuntamiento de Gandia, que han buscado las herramientas necesarias para que la educación de entre cero y tres años sea pública y gratuita tanto en la Ciudad Ducal como en el resto de la Comunitat.
La privatización de la gestión de la red de guarderías sólo ha supuesto quebraderos de cabeza para el gobierno local, primero para el del PP y luego para el bipartito (PSPV y Més Gandia). De hecho el balance que se hace de este periodo es más que lamentable, ya que el ejecutivo ha tenido que hacer frente a pagos de 3,5 millones de euros por sentencias.
Para dar a conocer la reversión de las escoletes compareció el gobierno en pleno, partidos que ya se opusieron a la privatización en la época de Torró. La alcaldesa de Gandia, Diana Morant, y la vicealcaldesa y titular de Educación, Lorena Milvaques, mostraron en todo momento su satisfacción por poder cumplir esta promesa electoral.
La medida que ha tomado el Consell y que da vía libre a Gandia para retomar la gestión de las escoltes se basa en que el servicio tiene que ser autofinanciado al 100%, como el resto de actividades municipales. En este caso, dijo Morant, las escoletes no tendrán coste para el Ayuntamiento, porque las matrículas están cubiertas con bonos del consistorio y se dispondrá también de la aportación de las familias y por el convenio de gratuidad.
Morant afirmó que con esta decisión se cierra una de las etapas más turbias de la gestión pública de Gandia en los últimos años: «Ponemos fin a un trauma económico que ha superado los 3,5 millones de euros en sentencias».
«Ha habido que pagar despidos nulos y readmitir a las educadoras que dejaron sus puestos de trabajo con la entrada de la primera empresa: GEIM». Además, Gandia abonó 80.000 euros a la empresa que quedó en segundo lugar en la primera concesión ya que el contrato fue anulado por un juez.
Sobre el despido de las empleadas que había antes de la privatización, desde el gobierno recordaron que la «justicia dio la razón hasta en tres ocasiones por despido ilegal». Pero todo esto se suma a que las últimas concesiones que ha promovido este consistorio han resultado fallidas, aunque niegan cualquier tipo de relación.
Tras el pasado verano, Marta Moscardó ganó el concurso de gestión, pero inició su actividad con un contrato temporal. Desde el consistorio indicaron que no pudo probar su solvencia económica y resolvieron esa concesión. Echaron mano de la segunda y tercera empresa del proceso de selección. Ambas rechazaron. Ahora, todo cambia y Gandia puede asumir las escoletes. Las trabajadoras pasarán a ser indefinidas por sucesión de empresas no fijas.
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