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Edificio de la calle Perú número 57 donde se han tapiado las viviendas. LEYLA GALLEGO
El ejecutivo de Gandia tapia 4 pisos de la
calle Perú por problemas de salubridad

El ejecutivo de Gandia tapia 4 pisos de la calle Perú por problemas de salubridad

La decisión fue anterior a la reyerta entre familias de etnia gitana del domingo y el PP pide un incremento policial en el barrio de Corea

ROCÍO ESCRIHUELA

GANDIA.

Jueves, 5 de octubre 2017, 00:53

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El Ayuntamiento de Gandia está decidido a erradicar el problema del edificio de la calle Perú número 57, lugar donde el domingo se produjo una reyerta entre dos familias de etnia gitana. Según ha podido saber LAS PROVINCIAS, los operarios municipales procedieron ayer a primera hora de la mañana a tapiar cuatro viviendas de dicho bloque. Los problemas de salubridad y seguridad del inmueble, son los únicos motivos por los que el consistorio puede proceder a bloquear el acceso a las viviendas.

Aunque la noticia ha tenido más trascendencia por lo sucedido hace unos días con una pelea entre clanes que terminó con un muerto, los problemas en dicho edificio no son nuevos, y por eso desde el ejecutivo tenían la decisión tomada con anterioridad sobre esta actuación. La brigada municipal actuó ayer por la mañana tras finalizar la Fira i Festes.

Estos cuatro pisos se suman a otros ocho que ya están cerrados desde hace un tiempo. Decisiones y actuaciones que se están tomando desde el gobierno tras la falta de mantenimiento de la empresa promotora que no se está haciendo cargo de reparar los innumerables desperfectos del edificio y que está propiciando que grupos de okupas entren a las viviendas.

Dos inquilinos legales

De hecho, la casi totalidad de los pisos están totalmente ocupados de manera ilegal y apenas dos casas cumplen con la legalidad y abonan los gastos de agua y luz. Ante esta situación, tal y como informó ayer este periódico, la Junta de Gobierno municipal ha dado un nuevo paso en su actuación para recuperar la propiedad del edificio por incumplimiento del contrato por parte de la empresa. Dentro de aproximadamente 3 meses, el ayuntamiento podrá ser el dueño del inmueble y entonces decidirá qué hacer con el edificio. El gobierno ha asegurado que los que residen allí de manera ilegal serán reubicados en otras viviendas, y no tendrán problema alguno.

«Este gobierno hará que los ilegales se marchen», así de rotundo se mostró el portavoz del ejecutivo, José Manuel Prieto. El inconveniente para el consistorio será reparar los daños estructurales del edificio. «Este problema va a costarle dinero al ayuntamiento. Costará decenas de miles de euros, pero bienvenidos serán si sirven para terminar con esto», matizó el edil.

Un elevado precio que Gandia tendrá que pagar tras años solicitando a la mercantil para que mantenga el inmueble en condiciones y cumpla con las obligaciones contractuales que firmaron ambas parte en 2006. Además, desde el ejecutivo señalaron que en todo este tiempo, las únicas denuncias sobre los conflictos en Perú 57 han sido de la Policía Local.

Denuncia de amenazas

Por su parte, el PP denunció en rueda de prensa que en el barrio de Corea, distrito que engloba a la calle Perú, hay problemas de convivencia por reyertas y bandas juveniles que atemorizan a los vecinos en los parques de la zona. La edil popular Eli Moreno pidió que se dote de más seguridad a las calles de este distrito. Según Moreno, existen quejas vecinales porque los niños no pueden jugar porque grupos de jóvenes les amenazan. Además añadió que hay tráfico de drogas y okupas que deberían ser desalojados.

Desde el gobierno, el edil responsable de este distrito hizo hincapié en que «los problemas de convivencia están en ese edificio y no en la barriada. No vamos a criminalizar a todo el barrio», recalcó. Prieto señalo que esta cuestión sobre la ocupación ilegal de Perú 57 siempre ha estado sobre la mesa en las reuniones de la Junta de distrito.

El portavoz del ejecutivo acusó al PP de «tener la desfachatez de hacer creer que Gandia es una ciudad insegura, cuando hemos tenido un descenso de criminalidad del 14%». Datos aportados el martes por el subdelegado del Gobierno en Valencia, José Vicente Herrera, y que publicó este periódico.

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