Una empresa denuncia a Jordi Juan ante la fiscalía por impedirle abrir una gasolinera

La mercantil considera que el primer edil ha cometido prevaricación al otorgarle la licencia ambiental y de actividad pero denegar la de obras

R.T.

Los representantes de la empresa que pretende instalar una gasolinera en la travesía de Tavernes de la Valldigna han denunciado ante Fiscalía al alcalde vallero, Jordi Juan, por lo que consideran que es un delito de prevaricación. El pasado 5 de agosto, se formuló ante el Ministerio Público esta denuncia en la que se pide al fiscal que actúe en base «al artículo 404 del Código Penal que se refiere al delito de prevaricación».

Ahora el organismo provincial deberá considerar si procede o no la denuncia. Si el fiscal ve indicios de delito, el primer edil vallero podría ser investigado por un supuesto caso de prevaricación que podría llegar a comportar su inhabilitación en el cargo. Si la Fiscalía no ve mala praxis en la gestión de Juan, la demanda no prosperaría y se archivaría.

Los representantes de la gasolinera han asegurado a LAS PROVINCIAS que han consultado con varios despachos de abogados y que todos coinciden en que hay «claros indicios» de haber cometido un supuesto delito de prevaricación por parte de la alcaldía vallera.

Incluso creen que podrían verse implicados más cargos políticos. Esta denuncia en Fiscalía no es la única acción judicial que han interpuesto. La empresa ha iniciado un contencioso administrativo con fecha de 29 de julio. La mercantil ha acudido a los juzgados contra el Ayuntamiento de Tavernes por considerar que no se había dado una respuesta ajustada a derecho a su petición de instalar, en el 98 de la Avinguda de les Germanies, una estación de servicio, un lavadero de coches y una tienda.

Desde la empresa de hidrocarburos se considera que el Ayuntamiento ha procedido «indebidamente al concederles la compatibilidad de actividades y otorgarles la licencia ambiental, pero denegarle la licencia de obra». Los empresarios mantienen que a finales de 2014 solicitaron la instalación de la estación de servicio, y que desde el gobierno de la Vall se les dio el visto bueno a su idea de negocio, concediéndoles posteriormente la compatibilidad urbanística de la actividad y la licencia ambiental.

A principios de este verano, el Consistorio denegó la licencia de obras a la mercantil basándose en un informe del área de Carreteras de la Generalitat. Este docuemteno señalaba que no procedía la instalación de una estación de servicio porque podría colapsar una vía que ya de por sí sostiene un elevado tránsito. Los trámites para abrir este establecimiento arrancaron en 2014.

No fue hasta finales del año 2015 cuando la noticia saltó a la luz pública y un sector de vecinos de los inmuebles colindantes con el número 98 de la Avinguda de Germanies comenzó a mostrar su rechazo y a recoger firmas para oponerse a la instalación del surtidor.

Reunión con vecinos

Juan llegó a reunirse con los vecinos afectados y les transmitió que no era de su agrado que se instalase la gasolinera, aunque señaló que era un proceso reglado y que nada se podía hacer para impedirlo. Poco después, el ejecutivo anunció que iba a pedir un informe al área de carreteras de la Generalitat para ver si procedía la instalación del surtidor donde la empresa pretendía.

El informe desaconsejaba la instalación de la gasolinera y en base a este argumento, el gobierno nacionalista de la Vall denegó la licencia de obras a la empresa de hidrocarburos. La mercantil mostró en su día su rechazo a la manera de actuar del ejecutivo vallero y anunció que acudiría a los tribunales. Ahora ha materializado esa acción. La empresa mantiene que nunca antes se había solicitado un informe a Carreteras de la Generalitat para ninguna de las actividades económicas que hay en la travesía vallera.

Consideran que el informe «no es preceptivo para denegar una licencia que ya estaba en proceso, y más cuando se tiene la licencia ambiental otorgada».

Los representantes de la mercantil se sienten perjudicados porque afirman que iniciaron un proyecto al tener el visto bueno del gobierno de la Vall. Ahora, el mismo Consistorio, entienden, ha dado un vuelco al proyecto ocasionándoles «graves daños» y saltándose, según su parecer, la ley. La empresa no descarta que el polémico informe de Carreteras «tuviera una dirección política clara».

La mercantil cree que el ejecutivo ha cambiado de parecer e insiste en que la estación de servicio tiene una serie de mejoras «que supera con creces las exigencias legales». Mantienen que será una «estación asistida, que las bombas del lavadero de coches estarán insonorizadas, que las medidas se seguridad son punteras para evitar cualquier peligro y que habrá un gran impacto económico en la población»..