El gobierno exige al PP que dimita por aprobar un presupuesto ilegal

El Ayuntamiento de Gandia estudia pedir responsabilidades patrimoniales debido a que las cuentas ya se han ejecutado

ZOA SANZ

El gobierno de Gandia (PSPV y Més Gandia) ha exigido a los diez concejales del PP que alzaron la mano el 13 de marzo de 2013 para aprobar los presupuestos de ese año que presenten su dimisión a raíz de la última resolución del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de la Comunitat Valenciana.

La sección quinta de la sala de lo Contencioso Administrativo declara nulas las cuentas por no consignar la deuda bancaria de alrededor de 8 millones de euros. El magistrado considera que el gobierno del PP vulneró la Ley de las Haciendas Locales, por lo que el documento económico es ilegal. La alcaldesa de Gandia, Diana Morant, manifestó ayer que los regidores del PP que respaldaron los presupuestos de 2013 deberían asumir responsabilidades morales y éticas porque son los culpables de una «mala gestión».

Asimismo, Morant supone que el TSJ declarará ilegales las cuentas de 2014 porque también obviaban el pago de los créditod bancarios.

La primera edil recordó que el PP tampoco fue capaz, teniendo mayoría absoluta, de aprobar los presupuestos de 2015 «porque empezaba a darse cuenta de que era un fraude y podían recaer sobre los regidores consecuencias patrimoniales». Morant concluyó que el gobierno arreglará la situación, cumplirá la ley y se pagará a los bancos.

El ejecutivo estudia ahora pedir responsabilidad patrimonial debido a que las cuentas ya se han ejecutado, según remarcó el coordinador de Economía en el consistorio gandiense, Salvador Gregori.

Desde el PSPV, el portavoz José Manuel Prieto mostró su preocupación porque desconoce «dónde ha ido a parar el dinero de los ciudadanos en los años de gobierno del Partido Popular, pues ni pagaron a las personas ni a los bancos como era su obligación». Prieto lamentó que el PP avalara las cuentas a sabiendas de que eran ilegales, ya que así se lo hizo saber el interventor.

Més Gandia señaló que Compromís ya presentó una reclamación administrativa a los presupuestos de los años 2013 y 2014, porque no se ajustaban a la legalidad. «La anulación de unas cuentas es inaudita y vuelve a sacar los colores al ayuntamiento», aseveró la portavoz Lorena Milvaques.

Ahora, a juicio de la regidora, «aquellos que levantaron el brazo, con nombres y apellidos, votaron a favor y se rieron de nuestros avisos y de la gente», deben asumir responsabilidades éticas».

El nacionalista Facund Puig señaló que el fallo del Tribunal Superior de Justicia podría acarrear consecuencias como tener que pagar intereses de demora; la reclamación judicial por parte de las entidades bancarias de las cantidades no pagadas; el vencimiento anticipado de la operación y la obligación de la devolución de todo el capital la cuota del que no haya sido pagado; pasar a ingresar en el registro de morosos del Banco de España; o la posibilidad de que, en caso de persistencia del incumplimiento, el Gobierno pueda, de acuerdo con la Ley Reguladora de las Bases del Régimen Local, disolver los órganos de la corporación local.