Un juez imputa al alcalde de Guardamar por prevaricación en la reparcelación del polígono

El Juzgado de Instrucción número 2 de Gandia ha admitido a trámite la querella interpuesta por una propietaria de Guardamar de la Safor contra el alcalde, Josep Martínez, de Compromís, y un técnico municipal por irregularidades en la reparcelación urbanística del polígono industrial. Este está situado en la zona oeste de esta pequeña población de la Safor.

A ambos los citó a declarar el juez recientemente como imputados en el caso abierto por una estimación presuntamente incorrecta de los costes económicos dentro de un proceso de reparcelación forzosa. La querella se formuló por supuestos delitos de prevaricación, de actividades prohibidas a los funcionarios, de falsedad documental y estafa.

Costes de urbanización

El conflicto llega en 2007, cuando el Ayuntamiento de Guardamar aprueba la reparcelación urbanística. Los afectados pueden afrontar los gastos en dinero o mediante la cesión de terrenos. La querellante optó por pagar los costes de urbanización en especie.

El ayuntamiento le adjudicó una parcela de 500 metros. El 48 % para ella y el 52 % restante, para el urbanizador Alquerieta Industrial 2005 SL. La propietaria adquiere la parte del urbanizador, pero el técnico le informa de que tiene que pagar todos los gastos de urbanización, que ascienden a 43.000 euros, y una indemnización de 3.000 euros para el urbanizador. Tras las alegaciones de la propietaria, el técnico admite el pago de la mitad de los gastos, pero considera que en vez de 3.000 euros ha de entregar 6.444 euros a Alquerieta Industrial 2005.

Las cuotas se abonan mediante la cesión de suelo y en compensación de esos gastos, por lo que perdió el 51 % de la parcela adjudicada. La afectada presentó un recurso en los juzgados de Valencia que finalmente ganó al considerar el juez que no tenía que pagar gastos de urbanización ni indemnización.

Con esa cesión de suelo «ha materializado y abonado» las cargas, según la sentencia del TSJ, que añade que no se le pueden imponer nuevas cuotas urbanísticas por estos conceptos. El fallo asegura que la administración se ha inventado un concepto que no puede explicar y carece de cualquier justificación desde una perspectiva normativa.

El Ayuntamiento recurrió ante la Sala de lo Contencioso Administrativo del TSJ y se desestimó el recurso en febrero de este año al considerar que los 6.000 euros no tenían fundamento normativo. Tal y como indica la parte querellante en el escrito de denuncia, la hija del técnico municipal que establece la indemnización trabajaba como abogada para la empresa urbanizadora aunque la parte querellada apunta que sólo realizaba funciones administrativas. Ahora el proceso continúa con la apertura de las diligencias previas para la averiguación de los hechos.

El magistrado ha tomado declaración al primer edil y al técnico como querellados o imputados y ha acordado practicar pruebas. El juez reclama a la secretaria el expediente administrativo de la reparcelación urbanística y ha pedido que se manden las resoluciones e informes originales. Por el momento, el alcalde aseguró ayer que el consistorio devolverá los 6.000 euros a la propietaria afectada «pese a que es el urbanizador quien debería asumir el coste».