La jueza investigará si el alcalde de Corbera pidió dinero de modo indebido a una empresa

Cantera que explota la empresa que ha denunciado al Ayuntamiento. / lp
Cantera que explota la empresa que ha denunciado al Ayuntamiento. / lp

El auto también señala a la secretaria del Ayuntamiento tras la denuncia de Áridos Romafé SL y Vicedo defiende sus actuaciones

MANUEL GARCÍA CORBERA.

El juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 6 de Sueca ha dictado un auto para investigar si el alcalde de Corbera, Jordi Xavier Vicedo (Compromís), y la secretaria municipal del Ayuntamiento, han cometido un delito de exacciones ilegales. La empresa Áridos Romafe S.L. presentó una querella por ello. Ahora, el auto señala que, «desprendiéndose de lo actuado que los hechos denunciados pudieran ser constitutivos de un presunto delito de exacciones ilegales» es por lo que se imputa tanto al primer edil como a la secretaria del Consistorio.

Desde Áridos Romafe, S.L. se recuerda, en un comunicado que remitieron en la jornada de ayer que es «la empresa titular de los derechos mineros y la que obtuvo las licencias municipales para la explotación minera y Canteras y Áridos Llaurí, S.L. es la empresa arrendataria de aquellos derechos mineros y la que realmente realiza la actividad extractiva».

Los hechos que motivan dicha querella, continuaron explicando desde la empresa, son «la exigencia del alcalde (y el cobro por parte de la secretaria sin hacer reparo de legalidad alguno), de cuantiosas cantidades de dinero en efectivo, materiales y horas de maquinaria, a cambio de que se le prorrogase la licencia municipal a la explotación minera».

La empresa asegura que se le han exigido pagos ilícitos por más de 600.000 euros

La cantera de la empresa, denominada Girtal, «se explota desde 1986, con la preceptiva autorización del Servicio Territorial de Industria y Energía de Valencia. Con fecha 29 de julio de 2004, el Ayuntamiento de Corbera concedió licencia de obras inicial, por ocho años, a la explotación minera. Por resolución de Alcaldía el 13 de octubre de 2014 se concede nueva licencia de obras a Áridos Romafe por parte del denunciado, el alcalde del Ayuntamiento de Corbera, hasta abril del año 2015, para proseguir con los trabajos de restauración, ante la imposibilidad de concluir dichos trabajos en el plazo proyectado, dada la conocida situación de crisis económica, que desde el año 2007 venía sufriendo España».

En ese tiempo, según la versión de la empresa, «consta en las actuaciones que se han exigido a la empresa por el Ayuntamiento pagos ilícitos por más de 600.000,00 euros».

Posteriormente, el 5 de noviembre de 2015, «y por los mismos motivos de contexto económico que concurrían en años anteriores, se dicta nueva Resolución por parte del denunciado, concediendo nueva licencia de obra a Áridos Romafe para continuar con los trabajos de la cantera Girtal, hasta septiembre de 2017».

«Una vez que la empresa se negó a seguir pagando las cantidades que pedía el ayuntamiento, para una nueva prórroga de la licencia, por el alcalde se dictó orden de paralización y precinto de la actividad minera, comprometiendo con ello más de veinte puestos de trabajo», concluyeron en el comunicado remitido ayer desde la empresa.

En concreto, en los antecedentes de hecho del auto del juzgado de Primera Instancia e Instrucción 6 de Sueca se apunta que en septiembre del pasado año 2017 se exigen «90.000 euros en concepto de canon así como 30.000 euros en concepto de material y servicios a utilizar por el Ayuntamiento ara sus obras y un porcentaje de 0,15 euros por tonelada en todo lo que exceda de 600 toneladas anuales».

El alcalde de Corbera, Jordi Vicedo, en manifestaciones a LAS PROVINCIAS, se mostró convencido en que tanto los técnicos municipales como él mismo como máxima autoridad municipal se han comportado de manera correcta por lo que respecta a esta empresa y negó rotundamente que haya habido extorsión alguna contra la firma. Afirmó que se usan «argumentos falsos» contra su persona y agregó que no se trata de una cuestión de la palabra de una persona contra la otra, «sino que está documentado. Es la propia empresa la que quiere esas condiciones».

Ante la cercanía de las elecciones municipales y la posibibilidad de verse inmerso en un largo proceso judicial, Vicedo quiso separar las dos cuestiones, porque, afirmó, «aún no tengo decidido si me voy a presentar a la reelección». El primer edil insistió en que en ningún momento ha actuado con el ánimo de perjudicar a la empresa y convencido de que finalmente la justicia le dará la razón y no sufrirá condena alguna por esta cuestión.