Denuncia la ocupación y el saqueo de su vivienda en la zona de El Raval de Algemesí

Basura y escombros acumulados en el piso. / lp
Basura y escombros acumulados en el piso. / lp

Han robado ventanas, puertas y sanitarios del piso y a la propietaria le quedan más de 30 años de pago de la hipoteca

BELÉN GONZÁLEZALGEMESÍ.

Llevas pagando una hipoteca cercana a 600 euros, te quedan otros 31 años más por pagar y no sólo no has podido en ningún momento disponer de tu vivienda, sino que de ella sólo quedan las paredes. Esa es la situación en la que se encuentra Esther González y su familia. Reside en Valencia capital, pero en 2008 tiene la necesidad de comprar una vivienda para que pudieran trasladarse sus padres. Lo más asequible a sus posibilidades económicas que le ofrecen en la inmobiliaria es un piso de nueva construcción en Algemesí. Deciden comprarlo, puesto que además era un piso exterior y con mucha luz, lo que iban buscando y cuando ya cuentan con las llaves para trasladarse a vivir, un cúmulo de circunstancias hacen que todo se convierta en una pesadilla.

Se unió la enfermedad de su padre, que le impidió trasladarse a la vivienda adquirida en Algemesí, con la crisis económica, que hizo caer la venta de los pisos; la quiebra de promotoras y el paso de las viviendas a propiedad de bancos y la puesta en alquiler de los mismos a personas sin recursos, principalmente inmigrantes, convirtiendo la zona y la barriada en conflictiva, donde imperaba e impera la ocupación y el saqueo de viviendas.

Ante las circunstancias personales, Esther y su familia utilizaban el piso de Algemesí para guardar enseres que no podían tener en Valencia, incluido toda la canastilla de su bebé. Otro revés personal, en este caso, la enfermedad de su marido, hace que esté sin visitar el piso hasta ocho meses. Cuando quedaba poco para dar a luz de su segundo hijo, ya en 2012, decide acercarse a recoger todo lo necesario y se encontró con la sorpresa de que no podían abrir la puerta. «Me habían puesto un cerrojo desde el interior que no permitía acceder a mi propia casa», asegura. Pero lo más anecdótico es que al salir huyendo del miedo se encontró con una señora con dos niños que no sólo le mostraba su solidaridad, porque parecía que habían entrado a robarle, sino que se dio cuenta de que uno de los niños llevaba el carrito que ella había comprado para su hijo y el otro un triciclo que también reconoció como suyo. No le dio tiempo a denunciar porque del disgusto, rompió aguas unas semanas antes de lo previsto.

Desde entonces todo ha sido una pesadilla. Entró incluso en depresión. Una de las veces que fueron encontraron a varias personas en su vivienda bajo los efectos de estupefacientes, intentaron echarlos, pero estuvieron a punto de que incluso les denunciaran por allanamiento de morada, «allanamiento de mi propia vivienda». Al final, la Policía Local no tramitó la denuncia e incluso nos advirtió de que cuando quisiéramos volver al piso lo hiciéramos acompañados de ellos.

Han puesto hasta cuatro denuncias y tenido que instalar varias veces la puerta principal y aún no han obtenido solución. «En una de estas denuncias, los propios agentes me dijeron que tenía poco que hacer», asegura.

En la actualidad, del piso solo quedan los tabiques porque se han llevado puertas, ventanas, marcos, sanitarios, muebles de cocina, cables de luz, hasta la puerta principal. Pero, mientras tanto, ella tiene que seguir pagando la hipoteca al banco. «Desde un primer momento intentamos negociar con la entidad bancaria, proponiéndoles que le comprábamos otro piso del que dispusieran en otro lugar o ciudad, pero no lo aceptaron. Tengo 41 años y hasta los 72 estaré pagando no ya un piso, sino cuatro paredes en las que nunca podré vivir», asegura.

Pero no queda ahí el problema. A la situación del piso hay que sumar la de todo el bloque. «Las zonas comunes también están destrozadas y nos hacen pagar la comunidad de vecinos y la mensualidad no es precisamente barata, unos 300 euros, entre otras cosas porque la mayoría no paga y lo consiguen de quien tiene una nómina. Evidentemente yo no he pagado y nos demandaron», explica. Más de 4.000 euros han tenido que desembolsar en febrero de este año, para lo que tuvieron que solicitar hasta un préstamo. Aún así, asegura que no seguirán pagando.

La impotencia, el miedo y los temores en los que se ha visto inmersa estos once años le hizo rendirse e incluso ha estado año y medio sin volver al edificio. Pero ahora se siente con fuerzas y quiere luchar por lo que es suyo y por eso quiere denunciarlo públicamente, para que las autoridades adopten las decisiones oportunas y evitar estos problemas.

La situación es sabida en Algemesí. Esta zona, conocida como barrio del Raval, se ha convertido en conflictiva y es sabida la ocupación ilegal de viviendas y también el alquiler que realizan las entidades bancarias propietarias de muchos de estos pisos.

Ya lo denunciaba otro vecino de la zona a LAS PROVINCIAS en febrero de este año «hay problemas de convivencia y la zonas comunes están en un estado que deja mucho que desear». Los inquilinos no hacen frente a los gastos de comunidad y, a pesar de las muchas derramas que hay que pagar, no puedes dirigirte a ellos.