Agreden a una médica en un consultorio de Cullera

El Departamento de Salud de la Ribera ha solicitado formalmente a la Subsecretaría de la Conselleria de Sanidad que la Generalitat Valenciana se persone como acusación particular en el caso de la agresión verbal y física sufrida por una médica en el ejercicio de sus funciones, en el consultorio auxiliar del Raval de Cullera el pasado martes, 19 de noviembre.

Esta medida se enmarca en el Plan Integral de Prevención de las Agresiones en el Entorno Sanitario de la Conselleria de Sanidad, una iniciativa que busca ofrecer una respuesta firme y decidida frente a cualquier tipo de violencia en el ámbito sanitario.

Tanto el Departamento de Salud de la Ribera como la Conselleria de Sanitad han expresado su «rechazo» y su «más rotunda condena» ante este acto de agresión, y han destacado que este tipo de conductas no solo vulneran los derechos de los profesionales, sino que también perjudican el buen funcionamiento del sistema sanitario y la atención a los pacientes.

En este sentido, la gerente del Departamento de Salud de la Ribera, Rosabel Ribes, ha expresado su «total apoyo» a la facultativa agredida y ha destacado que «no podemos tolerar ninguna forma de violencia contra quienes trabajan cada día para cuidar de nuestra salud. Es fundamental que todos, como sociedad, rechacemos rotundamente este tipo de actos», ha añadido.

La Conselleria de Sanidad, que solicitará a la Abogacía de la Generalitat la personación como acusación particular en este caso, puso en marcha el pasado mes de marzo una campaña de concienciación contra las agresiones al personal sanitario con el lema «Es delito», ya que proteger a los profesionales y evitar este tipo de agresiones es una «prioridad» para la administración sanitaria valenciana, que recuerda que las agresiones al personal sanitario son delito y tienen consecuencias en forma de penas, sanciones y multas.

El personal sanitario está reconocido como autoridad pública en la Ley 10/2014, de 29 de diciembre, de Salud de la Comunidad Valenciana, por lo que una agresión a un sanitario tiene consecuencias penales, tal y como está recogido en el Código Penal.

Tras la reforma del Código Penal del año 2015, agredir o intimidar de forma grave a un profesional sanitario se considera delito de atentado. Los agresores podrían cumplir penas de prisión de entre seis meses y tres años, incluso cuando el ataque se produjese fuera de su lugar de trabajo, pero motivado por su condición de sanitario.

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