El juez Ruz pregunta a Anticorrupción si debe citar a Aguirre en el 'Gürtel'

La acusación de los socialistas madrileños asegura que "debía tener conocimiento directo, cuando no participación,” del sistema de contratación

M. BALÍNMADRID
Esperanza Aguirre, en una imagen de archivo/
Esperanza Aguirre, en una imagen de archivo

El juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz ha preguntado a la Fiscalía Anticorrupción si la expresidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, debe declarar como testigo en el caso Gürtel. En concreto, dentro de la pieza que investiga la concesión fraudulenta de contratos públicos a empresas de la trama corrupta.

En un trámite habitual, el instructor ha dado traslado a las partes, entre ellas la Fiscalía Anticorrupción, de la petición del Partido Socialista Madrileño (PSM), acusación popular en el proceso, para que decidan si la actual presidente del PP madrileño debe de comparecer en esta causa. En concreto, el PSM asegura en su escrito que Aguirre debía tener conocimiento directo, cuando no participación, de la forma en que se contrataban las empresas de sus actos, porque si impartió instrucciones al exconsejero de deportes Alberto López Viejo, imputado en la trama, de no contratar con las empresas de Gürtel es porque conocía que sí se estaba contratando con las mismas o al menos, conocía la forma en que se seleccionaban las mismas.

El escrito de la acusación popular, presentado por el abogado Wilfredo Jurado, añade que no resulta ilógico colegir que quién prohibió contratar con unas empresas pudiera haber tomado otro tipo de decisión sobre las mismas con anterioridad. En este sentido, concluye, no deja de ser llamativo que una autoridad administrativa pueda impartir órdenes de contratar o no contratar fuera de los expedientes administrativos correspondientes.

Según un informe de la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE), incorporado en abril al sumario, la Comunidad de Madrid fraccionó entre los años 2004 y 2008 un total de 104 contratos con la red 'Gürtel' por 3,1 millones de euros para "eludir los requisitos de publicidad y de adjudicación" establecidos por la ley.