La vicepresidenta asegura que su conselleria sí sabe qué firmas salpicadas por Gürtel contrata

Mónica Oltra, vicepresidenta del Consell. / EFE/Manuel Bruque
Mónica Oltra, vicepresidenta del Consell. / EFE/Manuel Bruque

La número dos del Consell aclara que sólo habla en nombre de su departamento y no aclara si el resto han realizado la auditoría

A. C. VALENCIA.

Mónica Oltra ha hecho los deberes. Esta es la principal conclusión que se puede extraer de las declaraciones que realizó ayer la vicepresidenta en la rueda de prensa posterior al pleno del Consell, donde indicó que su departamento sí que ha realizado la auditoría correspondiente para conocer las empresas condenadas en el marco de la trama Gürtel que mantienen contratos con la administración.

Les Corts aprobó el pasado febrero, con los votos afirmativos de todos los partidos excepto Ciudadanos, instar al Consell a que hiciese un especial seguimiento de las empresas vinculadas a la trama de Gürtel que continúan trabajando con el Gobierno valenciano. Una iniciativa impulsada por Podemos que se vieron obligados a apoyar PSPV y Compromís después de la insistencia de su socio parlamentario. El acuerdo fijaba un plazo de seis meses para realizar una auditoria interna que en principio debían realizar los técnicos de la conselleria de Hacienda, por lo que se debería haber informado del resultado el pasado agosto.

Oltra sólo quiso hablar en nombre de su equipo al afirmar que su departamento hizo esta evaluación y conoce «las empresas contratadas que tienen procesos judiciales con Gürtel». Pese a ello no quiso poner la mano en el fuego respecto a otras consellerias y se limitó a afirmar que entiende que el resto también habrá realizado este trabajo que era un mandato de Les Corts. La posición de la vicepresidenta le desmarca de la línea seguida por el Ejecutivo valenciano y por el mismo presidente Ximo Puig, que en la sesión de control que tuvo lugar el jueves en Les Corts evitó pronunciarse al respecto pese a la insistencia de Podemos.

Oltra sostiene que aunque conocen las empresas no pueden evitar contratarlas

Falta de competencias

Pese a que Oltra dejó entrever que no se siente cómoda contratando empresas que, según la sentencia, pagaron entre 300.000 y 100.000 euros a la trama Gürtel, aseguró que la Generalitat no tiene competencias para evitar esta situación. «No tenemos competencias en legislación básica de contratación para que una empresa que ha esta condenada no pueda ser adjudicataria de un contrato público» lamentó Oltra, que indicó que la única vía para solucionar esta situación es que se reforme la ley de contratos públicos del Estado, algo que tendría que realizar el Congreso. Por ello, afirmó que el margen de maniobra con el que cuenta el Consell «es muy escaso» y están totalmente limitados por la normativa actual.

Tal y como pudo confirmar este diario el pasado febrero, al menos media docena de empresas salpicadas por la trama Gürtel mantenían contratos y habían logrado adjudicaciones públicas por valor de unos 90 millones de euros. El PP salió del Ejecutivo valenciano tras el pacto del Botànic al que llegaron PSPV, Compromís y Podemos tras las elecciones de 2015 y los nuevos moradores continuaron trabajando con las adjudicatarias especialmente en obras públicas, pero también en la gestión de residuos, tratamiento y conducción de agua, así como en el área de residencias de personas mayores.

Desde el inicio de la legislatura han presentado y cobrado cientos de facturas por las adjudicaciones de obras, principalmente en la conselleria de Infraestructuras que dirige María José Salvador. Pero no sólo trabajan con la consellera socialista. Según el Portal de Transparencia de la Generalitat, Vicepresidencia y conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas, el departamento que dirige Mónica Oltra, adjudicó el pasado 19 de julio el servicio de puesta a disposición de 170 plazas en centros residenciales para personas mayores en la Comunitat Valenciana. Importe: 8.392.524,09 euros. Adjudicatario: Savia, la firma históricamente ligada a la familia Cotino.

Enrique Ortiz, los hermanos Rafael y Tomás Martínez Berna, los hermanos Alejandro y Antonio Pons Dols, Vicente Cotino, Gabriel Alberto Batalla Reigada, José Francisco Bevia y Enrique Gimeno Escrig fueron respondiendo afirmativamente el pasado 16 de enero cuando Miriam Segura, de la Fiscalía Anticorrupción, les leía una rotunda confesión. Los empresarios reconocieron su culpa para rebajar su condena y confirmaron así los pagos que realizaron a la trama Gürtel.