La última resolución del juez del caso Oltra: rechaza pedir las llamadas de la vicepresidenta, su ex y su jefe de gabinete

El juez acaba de rechazar la última petición de prueba de Gobierna-te, organización de la polemista Cristina Seguí que ejerce la acusación popular. El letrado pretendía, una vez cerrada la instrucción, que se reabriera la causa para la práctica de unas diligencias supuestamente «esenciales» pese a que pudo elaborar su escrito de acusación sin disponer de ellas, tal y como le reprocha el fiscal.

El titular de Instrucción 15 de Valencia ha rechazado la petición haciendo suya la argumentación de la Fiscalía. La acusación reclamaba –no era la primera vez que lo proponía– el tráfico de llamadas entre Mónica Oltra y su entonces pareja Luis Ramírez Icardi al igual que con su jefe de gabinete, Miquel Real, en los días clave de la investigación.

La Fiscalía lo considera inútil. «En sustancia: o tal tráfico no existió y, por tanto, la diligencia resulta de nulo valor o lo hubo sin que este segundo caso sea tampoco especialmente significativo pues nada de particular habría en que dicha investigada mantuviera contactos telefónicos, incluso frecuentes, con quienes eran a la sazón su jefe de gabinete y su esposo». La diligencia no permitiría conocer el contenido de las declaraciones, aclara el fiscal, sino solo su cantidad.

No era la única solicitud de la acusación. La segunda de las diligencias pretendía conocer si la Abogacía de la Generalitat informó en algún momento acerca de la posible personación en la causa contra Ramírez Icardi, el exmarido de Oltra, condenado por la Audiencia a cinco años de cárcel. Sostiene el fiscal que semejante petición no permite «imaginar una hipótesis más favorable» para las acusaciones a la hora de exponer sus posiciones. Aprovecha el responsable del ministerio público para precisar que lo más ajustado habría sido saber si los ahora investigados dieron alguna indicación a estos funcionarios de la Generalitat.

También quería la citada acusación que declararan como investigados los policías que llevaron esposada a Teresa Tanco, la víctima de los abusos. La joven, en aquel momento menor de edad, acudió con grilletes al juicio contra su agresor. Unos hechos que motivaron la queja de la propia presidenta del tribunal al comprobar aquella situación que suponía una revictimización de la agredida.

La Fiscalía reprocha la acción de la acusación popular debido a la «deficiente técnica» de impugnar ahora el contenido de una resolución que no se recurrió en su momento. La acusación mantiene que el incidente de la conducción «debe considerarse definitivamente zanjado». Los agentes actuaron correctamente y no recibieron órdenes o instrucciones de dirigentes políticos.

Por último, se solicitaba de igual modo que las tres diligencias anteriores, que declararan los dos agentes de la Policía Autonómica que comunicaron el caso a la Fiscalía de Menores. Esto ocurrió meses después de que la directora del centro donde residía la menor tutelada –toda una vida en centros de protección– y los técnicos de la Conselleria de Igualdad resolvieran que la denuncia no tenía credibilidad y no trasladaran los hechos a la Fiscalía. Este caso, de hecho, obligó a dictar una instrucción precisa sobre cómo actuar en estas situaciones.

La última palabra sobre el desenlace judicial la tendrá la Audiencia el próximo 7 de mayo. El tribunal decidirá si rechaza los recursos de algunas defensas contra el auto de procesamiento. Se da por hecho que así será ya que fue la propia Sala la que obligó al juez instructor a dictar esa resolución. El juicio podría señalarse a finales de este año o principios del próximo. Una vista que determinará el futuro político de la exdirigente de Compromís. Una absolución impulsaría un regreso a la primera línea. La incógnita es si lo haría en el seno de la coalición nacionalista.