La Udef apunta que Compromís se pudo beneficiar de los directivos de Divalterra

Agustina Brines era cogerente de Compromís en Divalterra. / jesus signes
Agustina Brines era cogerente de Compromís en Divalterra. / jesus signes

Hacienda sospecha que tres altos cargos contratados de manera irregular aumentaron sus aportaciones a la coalición nacionalista

A. Rallo
A. RALLOValencia

La policía apunta en un informe enviado al juez que investiga la contratación irregular de altos directivos en Divalterra que Compromís presuntamente se benefició de la fraudulenta incorporación de personal a la empresa pública. El análisis policial, a partir de datos de la Agencia Tributaria, revela que las aportaciones económicas de tres de los directivos de la sociedad -origen de la macrocausa de Imelsa- aumentaron tras su entrada en la empresa pública.

El dosier se centra en los casos de Pau Pérez Ledo que declara en 2015 aportaciones por un importe de 86 euros, mientras que en los siguientes ejercicios su colaboración con el partido se dispara a 720 euros. Idéntico es el caso de Raúl Ibáñez en su ayuda económica a la coalición nacionalista. Otro de los directivos bajo sospecha, José Luis Melero, también pasa a ingresar 720 euros frente a los 644 que donaba antes de su llegada a Divalterra. En el mismo dosier, incorporado a la causa que mantiene investigado al expresidente de la Diputación de Valencia Jorge Rodríguez, se subraya que esa situación -el aumento de las aportaciones a partidos políticos- no se da en los directivos afines al PSPV.

No son cantidades especialmente llamativas. De hecho, la Udef comenta que son «poco relevantes», pero se trata de la entrada de dinero en un partido político que proviene de una contratación bajo sospecha en la administración pública. Y, además, con la singularidad de que sólo se produce en Compromís. Pero no es este el único aspecto sobre el que la Udef pone el foco en el oficio enviado al juez del caso Alquería. La Agencia Tributaria subraya el espectacular aumento de sueldo que disfrutan los nuevos directivos. Todos, sin excepción, incrementan sus retribuciones respecto a sus anteriores ocupaciones. Especialmente significativo es el sueldo de Soledad Urbano que pasa de ganar 7.900 euros a más de 52.000 tras su fichaje como alta directiva. Pau Pérez también comprueba la comodidad de un sueldo público: de los 23.000 euros pasa a 68.000 euros.

Los cargos públicos de Compromís aportan al partido una cantidad mensual en función de su sueldo. En la Diputación de Valencia hay representantes que entregan más de 500 euros al mes de su salario, bien al Bloc o a Iniciativa, las dos patas que sustentan la formación econacionalista. El mismo pago han realizado a lo largo de la presente legislatura los diputados de Les Corts, que en su mayoría han entregado más de 400 euros al mes. En el Congreso, Joan Baldoví donaba casi 600 euros al mes de su nómina al Bloc. De las empresas públicas, Xavier Navarro entrega como responsable del Institut Cartogràfic 419 euros a la formación nacionalista que lidera Enric Morera. En definitiva, todos los cargos públicos sean de la institución que sean deben aportar una donación al partido para sufragar los gastos de mantenimiento.

La 'operación Alquería', que partió de una denuncia en fiscalía del representante de Ciudadanos (Cs) en el Consejo de Administración de Divalterra, Jorge Ochando, desembocó en la detención en junio del pasado año del -por entonces- presidente de la Diputación de Valencia y alcalde de Ontinyent, Jorge Rodríguez, del PSPV-PSOE, junto a su círculo más próximo. A Rodríguez se le acusa de los presuntos delitos de prevaricación administrativa y malversación de caudales públicos. En la querella de la Fiscalía Anticorrupción se acusaba al ex dirigente socialista de crear una estructura paralela en la empresa pública para eludir el control del consejo de administración y contratar a directivos pese a que existían informes contrarios a esas incorporaciones.

Un demoledor informe de la Intervención del Estado, completado con otro dossier de la Udef, enumeraba toda una ristra de irregularidades que se cometieron para finalmente materializar los 'fichajes' quienes, por otra parte, nunca desempeñaron una actividad relacionada con la alta dirección. Los investigados defienden que esas discrepancias son cuestiones meramente administrativas y nunca deberían resolverse en el ámbito penal, procedimiento en el que se encuentran inmersos.