El tribunal examina los registros del 20-S y la agenda secreta del 'procés'

Marchena interviene durante una de las sesiones del juicio./EFE
Marchena interviene durante una de las sesiones del juicio. / EFE

Una veintena de guardias civiles abren la sexta semana de juicio, que comienza este martes con el número dos de Montoro, clave para la malversación

Mateo Balín
MATEO BALÍNMadrid

El juicio del proceso secesionista en Cataluña comienza este martes su sexta semana con la presencia de los guardias civiles que participaron en los registros judiciales del 20 de septiembre de 2017, enmarcados en la 'operación Anubis' contra los promotores del referéndum ilegal del 1 de octubre.

Será una ronda de testificales bastante importante para la Fiscalía del Tribunal Supremo, ya que entre otras cuestiones se tratará el contenido de una de las pruebas de cargo con mayor valor incriminatorio: la agenda personal incautada al investigado Josep María Jové, ex secretario general de Economía y mano derecha del procesado Oriol Junqueras. Dicho documento recogería apuntes sobre la hoja de ruta independentista, según los investigadores.

Pero antes de los agentes del Instituto Armado, intervendrá primero Felipe Martínez Rico, entonces subsecretario de Hacienda. El técnico estaba citado el pasado jueves, pero la extensión de la comparecencia del mayor de los Mossos d'Esquadra, Josep Lluis Trapero, tuvo que aplazar su presencia a este martes.

Rico deberá responder por el posible uso de fondos públicos durante el 'procés', pese a que la Generalitat estaba intervenida, si bien su jefe en aquella época, el exministro de Hacienda Cristóbal Montoro, admitió en el juicio que no se puede descartar que se destinasen fondos públicos a la organización del 1-O porque un análisis contable «siempre puede resultar engañoso».

Después será el turno de David Badal, funcionario del departamento catalán de Trabajo, que dará paso a los 24 guardias civiles que participaron en los registros del 20-S. No obstante, no están citados este martes aquellos testigos directos de la Consejería de Economía, donde se produjo la multitudinaria concentración que obstaculizó la salida de la comisión judicial y los destrozos a los coches patrulla.

Los primeros en declarar serán los agentes que entraron en los despachos de los principales colaboradores de Junqueras durante su etapa como vicepresidente, Lluis Salvadó y el citado Jové, que fueron detenidos en el dispositivo de la Guardia Civil. La sesión la cerrarán los agentes que analizaron los correos electrónicos intervenidos a la exconsejera de Trabajo Dolors Bassa, juzgada por un delito de rebelión.

La presencia de los agentes llega después de que el tribunal haya escuchado los testimonios de sus más altos superiores, el coronel Diego Pérez de los Cobos y el teniente general Ángel Gozalo. Una vez declaren estos funcionarios, la partes interrogarán a sus mandos directos, citados el 25 y 26 de marzo.

En espera

En esta última fecha será preguntado el teniente que estuvo en la puerta de la Consejería de Economía durante la maratoniana jornada del 20 de septiembre, y el responsable de la comisión que escoltaba a la letrada de la administración de Justicia, Montserrat del Toro, que dirigió el registro y tuvo que salir del edificio por la azotea.

Este miércoles continuarán las comparecencias con los análisis de los correos de más acusados, en este caso del exlíder de ANC Jordi Sànchez, del presidente de Òmnium Cultural, Jordi Cuixart, y de los exconsejeros Joaquim Forn, Carles Mundó o Meritxel Borrás.

Con respecto a la declaración de Trapero, aún colean sus palabras del jueves sobre el aviso dado al Govern respecto a los posibles conatos de violencia en el 1-O. En la Fiscalía de la Audiencia Nacional, que acusa al mayor por rebelión y le pide 11 años de prisión, no creen que esto mitigue su situación procesal y alegan que es un hecho diferente a los dos por los que se le acusa: el 20-S y el referéndum del 1-O.