España remarca que Bélgica no es competente para juzgar a Llarena

El caso que lleva un Juzgado de Primera Instancia se encuentra aun en la etapa de definición de procedimientos. De ahí que las dos únicas medidas que se han concretado esta mañana sean puramente de operatividad. De entrada, la sala ha aceptado la propuesta de que sean tres los jueces que se encarguen de la causa si esta continúa viva.

Esta medida, contemplada en la legislación belga para casos especialmente complejos, había sido requerida por el abogado al frente de la defensa de Llarena, Hakim Boularbah. Vista la experiencia con los tribunales ordinarios belgas en asuntos ya conocidos como las fallidas reclamaciones de extradición del propio Puigdemont, de los exconsellers de su Gobierno Toni Comín, Lluis Puig y Meritxell Serret, y más recientemente, del rapero Valtonic, se requerían más garantías.

Pero antes el único juez de la sala que tiene hoy asignado el procedimiento debe decidir si lo mantiene abierto y permite que progrese en los tribunales o, si por el contrario, le da carpetazo. Acusación y defensa disponen desde hoy de cuatro semanas para argumentar sus posiciones divergentes. Y vencido este plazo, el magistrado titular se dará otros quince días para dictaminar. En el transfondo, la competencia de Bélgica o la independencia de la justicia española. Si el caso sigue adelante, se dilatará meses. Dos variables a tener en cuenta: el atasco en los juzgados bruselenses y la propia coordinación de tareas para que los tres magistrados que se designen fijen las vistas de acuerdo con su agenda.

La demanda civil interpuesta por los fugados, y por la que piden sólo un euro de indemnización por entender vulnerada su presunción de inocencia durante el 'process', se soporta en unas declaraciones pronunciadas por Pablo Llarena durante una conferencia que ofreció en Oviedo el pasado febrero. Definió los delitos políticos como «aquellos comportamientos que normalmente no estarían sancionados por el ordenamiento jurídico-penal». A continuación puntualizaba lo siguiente: «no es el caso que estamos llevando ahora en el Tribunal Supremo, se trata de comportamientos que aparecen recogidos en nuestro Código Pena, y, con independencia de cual haya podido ser la motivación que le haya llevado a esas personas a cometerlos, si es que eso ha sido así, pues tienen que ser investigados». En la demanda de Puigdemont y los exconsellers este última parte de la frase, planteada en condicional, se recogió «por error» en su traducción al francés, según explicaron sus abogados, como una aseveración en firme. Planteamiento que tuvo que ser subsanado.