Transparencia vigilará las redes sociales de los altos cargos para detectar casos de corrupción

Manuel Alcaraz, conseller de Transparencia. / EFE
Manuel Alcaraz, conseller de Transparencia. / EFE

La Inspección de la Generalitat investigará la actividad en internet que vincule a los contratistas con los miembros de la Administración

BURGUERA VALENCIA

El anteproyecto de ley de la Generalitat de Inspección General de Servicios (IGS) y del sistema de alertas para la prevención de malas prácticas en la Administración autonómica y su sector público instrumental incluye un apartado donde se especifica que la actividad en las redes sociales de los miembros del Consell vinculados a contrataciones será controlada para evitar el riesgo de casos de corrupción, por ejemplo, en las contrataciones. La norma está actualmente en fase de enmiendas. De hecho, Podemos ha puesto trabas al texto legal inicial por considerar (haciéndose eco del temor de la Agencia Antifraude) que no se protegía de manera adecuada a los 'alertadores'; es decir, de los denunciantes (generalmente, funcionarios) de posibles malas prácticas o de actuaciones supuestamente delictivas. En la ley se especifica que, además de las bases de datos públicas, tanto propias de la Generalitat como ajenas, el sistema de alertas incluirá la información generada a través de las redes sociales de miembros de la Generalitat donde se pueda deducir una 'amistad peligrosa' entre adjudicadores y adjudicatarios de contratos públicos.

«Se podrán integrar en el sistema datos personales de quienes mantengan o hayan mantenido una relación jurídica con la administración de la Generalitat y su sector público instrumental, aportados voluntariamente en internet por su titular, bien a través de redes sociales o páginas web, así como datos personales publicados por terceros en internet, siempre que en ambos casos sean relevantes y necesarios para la finalidad de esta ley», señala inicialmente el anteproyecto, que depende de la Conselleria de Transparencia.

Fuentes conocedoras de esta normativa que está actualmente en tramitación parlamentaria indican que la conselleria que dirige Manuel Alcaraz pretende implantar un sistema de alertas donde se controlen las redes sociales de, por ejemplo, los altos cargos del Consell que tengan responsabilidades de contratación. Si un secretario autonómico publica en las redes sociales una fotografía donde aparezca ese alto cargo en un acto público, o doméstico (por ejemplo, un encuentro entre amigos en una casa particular), junto a un empresario que haya contratado con su departamento, se producirá una alerta automática, una llamada de atención a través del servicio informático, con el fin de indagar el potencial riesgo de este tipo de situaciones.

Los inspectores recibirán una alerta si los datos en las redes permiten deducir un riesgo de malas prácticas

El sistema de control tiene sus limitaciones, según las mismas fuentes. No se trata de rastrear la huella digital de los miembros de la Administración en cualquier cuenta (en la de su familia o en la de sus amigos), sino en aquellas vinculadas directamente con los protagonistas de la contratación pública. La maquinaria administrativa de la Generalitat pretende recopilar datos verdaderamente sensibles, ya no sólo de sus propios altos cargos, para evitar incompatibilidades, sino también de las empresas aspirantes a los contratos públicos. Desde la Conselleria de Transparencia se informó hace un mes sobre las peculiaridades de su red de alertas, y ya entonces se aseguró que se estaba en conversaciones con los colegios profesionales de los notarios y de los registradores de la propiedad para contar con sus datos, algo que no podrá concretarse hasta que se apruebe la ley ahora en tramitación.

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