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Pablo Casado. Reuters
La universidad no halla «rastro documental» de los trabajos del máster de Casado

La universidad no halla «rastro documental» de los trabajos del máster de Casado

La juez Rodríguez-Medel reclama al director del máster y a la profesora los cuatro documentos por los que fue evaluado el nuevo presidente del PP

Mateo Balín

Madrid

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Lunes, 23 de julio 2018, 14:00

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La Universidad Rey Juan Carlos (URJC) ha remitido un escrito a la juez del 'caso máster' en la que le informa de que «no les consta ningún documento consistente en los trabajos» que pudo realizar el nuevo presidente del Partido Popular Pablo Casado «para ser evaluado» de los créditos de su máster en Derecho Autonómico, «ni rastro documental que evidencie su aportación» en dicho curso.

Esta información se ha conocido a raíz de una providencia dictada por la magistrada Carmen Rodríguez-Medel el pasado viernes, en la que ha requerido al catedrático Enrique Álvarez Conde y a la profesora Alicia López de los Mozos que aporten antes del 2 de agosto los trabajos de Casado por los que fue evaluado de 20 créditos que cursó en el citado centro público adscrito a la Universidad Complutense durante la promoción 2008-2009.

El diputado palentino aprobó el máster de Derecho Autonómico tras cursar solo cuatro de las 22 asignaturas gracias a las convalidaciones de otras 18 materias, por lo que solo tuvo que realizar cuatro trabajos de unos 90 folios para obtener este título de posgrado.

Precisamente, la juez ha citado el mismo jueves 2 de agosto a comparecer a esta profesora y al exdirector del Instituto de Derecho Público ante el Juzgado de Instrucción número 51 de Madrid, en relación a la pieza separada número tres sobre los estudios de postgrado del nuevo líder del PP. Ambos están investigados por el mismo juzgado en la causa se sigue por las presuntas irregularidades en el mismo máster de la expresidenta de la Comunidad Cristina Cifuentes, que ha declarado este lunes.

La juez también remitió un oficio a RTVE para que remitan a este órgano judicial, también antes del 2 de agosto, la grabación del 10 de abril de las explicaciones que ofreció Casado a los medios de comunicación sobre su participación en el máster. Desde la Universidad Rey Juan Carlos señalaron ayer que son los profesores los encargados de conservar los trabajos en las evaluaciones que realizan de los alumnos, de ahí el requerimiento expreso a López de los Mozos y Álvarez Conde.

La batería de diligencia de la pieza de Casado incluye la declaración el 2 de agosto de seis testigos y cuatro investigados, entre ellos el exrector de la URJC Fernando Suárez y las alumnas María Mateo Feito, María Dolores Cancio y Alida Mas. En el caso de Feito es, además, hija de la asesora de la Comunidad que pudo presionar para que apareciera la documentación de Cifuentes.

No es un dato baladí que haya sido la juez quien ha sacado a colación la titulación de Casado en la declaración de Cifuentes, según señalaron fuentes jurídicas presentes en el interrogatorio. Quizá se deba a sus sospechas de que en la universidad había un trato de favor extendido a los políticos para la obtención de determinados cursos de forma irregular.

El Supremo, competente

En esa línea se enmarca la pregunta realizada este lunes a Cifuentes, que también pudo responder a la inminente decisión sobre la situación de Casado tras escuchar a los comparecientes el 2 de agosto, es decir, si ve indicios de delito y eleva una exposición razonada al Tribunal Supremo al tratarse de un aforado nacional o decreta el archivo.

Precisamente, el Alto Tribunal ha remitido al juzgado toda la documentación que acredita que Casado es diputado en el Congreso y que el órgano competente para investigarle sería la Sala Segunda (Penal).

En su declaración, Cifuentes ha dicho que desconocía que el nuevo líder del PP hubiera cursado la misma titulación que ella y que se enteró por la prensa de los estudios realizados por el diputado. Sobre su caso concreto, ha reiterado que presentó el Trabajo de Fin de Máster tras aprobar todas las asignaturas sin irregularidades, que lo defendió ante un tribunal durante cinco minutos y reafirmó que tenía dispensa del director Enrique Álvarez Conde para no ir a clase. La expresidenta ha comparecido durante hora y media y sigue investigada por tres delitos: prevaricación administrativa, cohecho impropio y falsedad documental.

Sin embargo, ha mantenido que no recuerda cuándo fue el examen presencial, quiénes componían la sala y tampoco qué ha sido del trabajo que presentó, ya que, ha dicho, se debió de perder en una mudanza.

El interrogatorio del 26 de junio se aplazó porque la defensa presentó un certificado médico alegando migrañas. Sin embargo, este lunes ha acudido a los juzgados pero no por su propio pie, ya que ha entrado y ha salido del garaje en un coche oficial. Y es que Cifuentes aún ostenta como expresidenta la posibilidad de usar un vehículo para situaciones en las que se determine algún riesgo para su seguridad.

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