Soler, forzado por Madrid a limitar las subidas de sueldo en las cuentas autonómicas

Mejor un acuerdo que una derrota en los tribunales. El Gobierno central y la Generalitat han alcanzado, en el marco de la comisión bilateral en la que participan las dos administraciones, un acuerdo para no llevar al Tribunal Constitucional la ley de presupuestos de la Generalitat de 2019, actualmente en vigor. A cambio, eso sí, la administración autonómica acepta una serie de compromisos –varios de ellos vinculados a incrementos retributivos recogidos en esa norma– para garantizar que esas subidas de sueldo en ningún caso superarán los máximos establecidos por la normativa estatal. La administración valenciana no aclaró ayer cuál podría ser el impacto efectivo de estos compromisos sobre los sectores implicados.

Esos compromisos de limitación de los aumentos retributivos incluidos en la norma en vigor -tan en debate estos días por los planes del conseller de Hacienda, Vicent Soler, de prorrogarla para el próximo ejercicio presupuestario- afectan al personal del sector público, al complemento de carrera profesional horizontal del personal funcionario y laboral de administración y servicios de las universidades públicas de la Comunitat Valenciana y a las cuantías del complemento específico de los puestos de trabajo de médicos forenses adscritos a los institutos de medicina legal y ciencias forenses de Alicante, Castellón y Valencia.

En todos ellos se hace referencia a que los incrementos retributivos aprobados a finales del pasado mes de diciembre -cuando Les Corts dio luz verde a la ley de presupuestos de este año- deben sujetarse a los límites previstos en artículo 3.2 del Real decreto ley 24/2018, de 21 de diciembre, por el que se aprueban medidas urgentes en materia de retribuciones del sector público. Esta norma de carácter estatal advierte de que a lo largo de este año «las retribuciones del personal al servicio del sector público no podrán experimentar un incremento global superior al 2,25 por ciento respecto a las vigentes a 31 de diciembre de 2018, en términos de homogeneidad para los dos períodos de la comparación, tanto por lo que respecta a efectivos de personal como a la antigüedad del mismo». La orden implica una contención en el incremento del gasto que podría verse sobrepasada en los casos señalados por el ministerio de Hacienda.

En el caso del sector público, la ley de presupuestos en vigor establece en su artículo 34 que no tendrán la consideración de incremento las «variaciones de la masa salarial bruta que deriven de la afectación de fondos de carácter finalista y consolidable, siempre que tengan su origen, directo o indirecto, en subvenciones nominativas, de naturaleza corriente, provenientes de otras administraciones públicas de carácter territorial».

En el acuerdo con el Gobierno, la Generalitat admite que la contratación de nuevo personal siempre debe respetar las tasas de reposición previstas en la normativa básica del Estado -referencia que no aparece en la norma valenciana-. Por eso se compromete a que la masa salarial del personal laboral del sector público respete los límites fijados en la norma estatal.

En el caso del personal universitario y de los médicos forenses, el Gobierno central fuerza el compromiso del Consell para garantizar que esos incrementos retributivos, por la aplicación de la carrera profesional, en el primer caso, y del complemento específico, del segundo, tampoco superará los límites que establece el Real Decreto.

El acuerdo dado a conocer ayer en el Diari Oficial cuestiona también una disposición adicional de los presupuestos que establece que durante 2019 «se podrá autorizar la modificación de todos aquellos contratos en vigor que incluyan cláusulas de precio aplazado, con el fin de que el aplazamiento previsto pueda ser objeto de prórroga». La traducción de esa especificación, que encaja con las dificultades de tesorería que atraviesa el Gobierno valenciano, provoca el rechazo del Ejecutivo central, que obliga a que el Consell dé garantías de que eliminará esas referencias en sus próximos presupuestos.

De hecho, el acuerdo publicado ayer especifica que la Comunitat «asume el compromiso de promover la correspondiente iniciativa legislativa para proceder a su supresión en la próxima ley de presupuestos de la Generalitat», con la finalidad de «eliminar las referencias a la modificación de contratos fuera de los supuestos y procedimientos que prevé la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de contratos del sector público, así como las referencias a posibles pagos aplazados más allá de los previstos por la normativa básica», se señala.